La violencia juvenil y la responsabilidad penal / Por Emilio García Méndez
Una ley chilena, aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, es un ejemplo a seguir para bajar la edad de la imputabilidad penal.
La violencia juvenil y la responsabilidad penal
Emilio García Méndez Diputado nacional (ARI)
La absurda muerte y presunto homicidio de un adolescente, a manos de un grupo de pares, ha re-propuesto un debate intermitente y esquizofrénico (que en la Argentina sólo parece avanzar y retroceder al golpe de tragedias) sobre la normativa jurídica a aplicar en estos casos. Una vez más, la discusión parece centrarse en la baja o no de la edad de la imputabilidad. Los menores de edad son desde hace tiempo imputables merced a un decreto de la dictadura militar (22.278 de 1980) que casi un cuarto de siglo de democracia no ha conseguido derogar.
Las once condenas a reclusión perpetua a menores de edad irrogadas desde 1997 hasta la fecha no consiguen ocultar más el mentiroso e inexistente tratamiento tutelar que supuestamente se dispensa a los menores entre 16 y 18 años incompletos. Este hipócrita "baño María" en el que se mantiene a los menores de edad hasta que, cumplidos los 18 años, se los juzga como adultos, constituye una afrenta al sentido común, a la Constitución Nacional y a todos los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado en la materia.
Algunas voces, que consideran a la política una forma de espectáculo y le proponen a la ciudadanía el trueque de la ilusión de seguridad por votos en el mercado electoral, intentan nuevamente contribuir a la confusión general. Otras, que se autoperciben como "progresistas", proponen seguir mirando para otro lado y continuar siendo cómplices de un sistema represivo discrecional como el actual, que se horroriza frente a palabras tales como privación de libertad y responsabilidad, pero que no mueven un dedo frente a los horrores cotidianos. Niños menores de 14 años "institucionalizados por protección" en condiciones materiales peores que las de muchos delincuentes adultos.
Esta vez, la propuesta consistiría en colocar una ley chilena aprobada durante el gobierno Lagos como ejemplo a seguir.
Bajar la edad de la imputabilidad consiste lisa y llanamente en tratar a los menores de edad exactamente igual que a los adultos. En el caso argentino, esto significaría comenzar desde los 14 años y no desde los 16 como sucede hoy.
La ley chilena recientemente aprobada no es una ley de baja de edad de la imputabilidad, sino
una ley de responsabilidad penal juvenil en esencia similar a una que hoy se tramita en el Congreso Nacional. Se trata simplemente de establecer una responsabilidad penal diferenciada para la franja de 14 a 18 años, con todas las reglas de debido proceso, con privación de libertad limitada para delitos graves taxativamente determinados y con fuerte énfasis en la prestación de servicios a la comunidad para el grueso de los delitos que habitualmente cometen los adolescentes.
Una ley igual a ésta fue impulsada y abandonada posteriormente sin explicaciones por el actual gobierno en 2004. No resuelve ni resolverá mágicamente los problemas sociales que originan este tipo de conductas. Pero tiene como modesta función la administración transparente, democrática y racional de conflictos jurídico penales, que no resueltos seriamente por el Estado, lo son brutalmente por la sociedad.
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