El papel del Congreso en la transparencia fiscal, por Miguel Braun*
Si queremos construir un Estado que garantice la igualdad de oportunidades en serio, necesitamos instituciones que nos permitan ahorrar recursos en los momentos de alto crecimiento económico. A contramano de las sociedades que han logrado mejorar el bienestar de sus ciudadanos por medio del desarrollo económico, la estabilidad y el funcionamiento eficaz del Estado, en la Argentina hemos violado los principios de solvencia fiscal y correcta asignación de fondos públicos de manera sistemática. En los últimos 40 años, independientemente de quien gobernara, el Estado gastó más de lo que podía recaudar a través de impuestos genuinos.
Esto llevó a un fuerte aumento del endeudamiento público cuando existió acceso a los mercados financieros a fines de los años 70 y durante la década del 90, y al abuso de la emisión monetaria durante los 80. Los superávit de los últimos tres años son una excepción notable, que debemos consolidar a futuro.
Creciendo a 9% anual es difícil no tener superávit. La pregunta es qué pasará cuando dejemos de crecer a ese ritmo. Y otra pregunta relevante es si mientras tanto, estamos gastando de manera equitativa y eficiente. Quien debe velar por lograr que el Poder Ejecutivo responda estas preguntas es el Congreso Nacional.
Luego de años de descontrol presupuestario durante las épocas de alta inflación, la Ley de Administración Financiera de 1992 confió al Congreso la potestad de aprobar con o sin modificaciones la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, y luego de controlar su ejecución.
Sin embargo, en los últimos años hemos vivido un paulatino debilitamiento del rol del Congreso en el proceso presupuestario. Por un lado, las leyes de emergencia económica, los decretos de necesidad y urgencia y las facultades delegadas al jefe de Gabinete le han quitado poder formal de decidir sobre la asignación de los recursos que pagamos todos los argentinos a través de los impuestos.
Por el otro, mecanismos informales como la subestimación de recursos han limitado la relevancia del documento aprobado por el Congreso. Para ser claro, si el presupuesto dice que se recaudarán $ 100, pero luego en la práctica se recaudan $ 120, al Ejecutivo le queda el poder discrecional de asignar los $ 20 adicionales, violando el espíritu de la Constitución Nacional, que sostiene que corresponde al Congreso "fijar anualmente (…) el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional".
Es hora de revertir este debilitamiento institucional. El argumento de la emergencia económica ya no parece verosímil, y un país en serio requiere un Congreso que cumpla con su rol constitucional, dando espacio a todas las voces e intereses en la discusión de asignación de los fondos públicos.
*Director de políticas, CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
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