Abogados de DD.HH.: juicios están parados porque "hay complicidad de fiscales" y Estado "no investiga"
La Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos denunció que muchas causas judiciales contra represores de la última dictadura militar están paralizadas porque "hay inacción cuando no complicidad" por parte de las fiscalías y "no existe un plan del Estado para investigar el aparato genocida".
En un documento suscripto por letrados de todo el país durante un encuentro celebrado en la ciudad de Mar del Plata, divulgado hoy por la agencia Infocivica, los abogados advirtieron que "tenemos un Poder Judicial que no se ha renovado, cuya independencia y compromiso con los derechos humanos merecen serios cuestionamientos".
La red hizo hincapié en que "el peso de la apertura y seguimiento de las causas sigue recayendo casi exclusivamente sobre los organismos de Derechos Humanos y sus abogados" y advirtió que "no existe un plan del Estado para la reconstrucción e investigación del aparato genocida, con áreas y presupuesto suficiente".
También puso de relieve que "el impulso de las causas por el Ministerio Público no es uniforme y en muchos puntos del país hay inacción, cuando no complicidad".
Por ejemplo, según la Red, en la provincia de Salta "se ha producido una verdadera privación de justicia, ya que se excusan jueces, camaristas, secretarios, fiscales y abogados" de intervenir en la causa judicial sobre la denominada Matanza de Las Palomitas, en la que presos políticos fueron ejecutados.
Recordaron que, por aquel apartamiento voluntario de los actores principales, el expediente quedó en manos de "una abogada del foro jujeño, Graciela Comas, que lleva la causa en su estudio particular" y concluyeron que ese cuadro de situación "demuestra que el sistema judicial en Salta ha fracasado".
En Jujuy tampoco funciona correctamente la magistratura, según la red, al punto que 30 años después "no hay todavía una causa penal que investigue ningún hecho de lesa humanidad ocurrido durante la dictadura, ni siquiera 'La Noche del Apagón'", en Libertador General San Martín donde los militares cortaron la electricidad de noche y secuestraron a 400 pobladores, algunos de los cuáles siguen desaparecidos.
En Santiago del Estero, según denunció el abogado Antenor Ferreira, de la APDH, hubo "últimas resoluciones" del juez federal Angel Toledo, que renunció a su cargo y tiene pendiente un juicio político del Consejo de la Magistratura de la Nación, pero aún el Poder Ejecutivo no se pronunció sobre si acepta o no la dimisión.
"Toledo sigue dictando medidas a favor de la impunidad como son por ejemplo, la falta de mérito dictada a favor del ex caudillo justicialista Carlos Juárez en la causa de la desaparición del concejal Emilio Abdala quien desapareció de la propia Casa de Gobierno durante la gestión juarista de 1975", objetó Ferreira.
Asimismo puso como ejemplo del accionar del juez que dictó "el sobreseimiento del represor Musa Azar en la causa de la desaparición del estudiante santiagueño Dichiara, o la excarcelación del represor Jorge D' Amico, dictada la semana pasada".
Finalmente, la red de abogados de DDHH propuso que el Gobierno nacional "convoque a las organizaciones de derechos humanos, abogados y dirigentes para armar comisiones de investigación al estilo CONADEP, que pueda abrir archivos, procesar su información a través de personal especializado, digitalizarse todos los expedientes judiciales y otorgar recursos a los organismos que siguen las causas".
"Es el Estado quien debe garantizar que se haga justicia y que esa justicia sea administrada por un Poder Judicial independiente", concluyó.
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