EL MINISTRO JULIO DE VIDO GANA MAS PODER | Manos libres para manejar $ 15.000 millones
Con la ley de los "cargos tarifarios", el Poder Ejecutivo acumulará nuevos "superpoderes" que le permitirán trasladar el pago de las obras de infraestructura a los usuarios. A partir de ahora, el ministerio de Planificación de Julio De Vido gozará de un amplio margen de discrecionalidad para definir no sólo los proyectos y las inversiones en transporte y distribución de gas y electricidad, sino también el alcance y la duración de los cargos que afrontarán los consumidores para el repago de las obras.
Antonio Rossi
anrossi@clarin.com
Hasta la crisis de fines de 2001, la expansión de los gasoductos y de las redes eléctricas estaban a cargo de los concesionarios privados, quienes recuperaban lo invertido con subas tarifarias pactadas en forma quinquenal.
Para no tocar tarifas de los usuarios residenciales, desde mediados de 2003 la administración kirchnerista puso en marcha un esquema de financiamiento muy particular: le quitó a los operadores privados la obligación de llevar adelante los proyectos de ampliación y reasumió desde el Estado la ejecución y el repago de las obras prioritarias.
Los cargos tarifarios se remonta a los decretos 180 y 181/2004 que fijaron nuevas reglas de juego para el negocio del gas:
- Las ampliaciones las define el Gobierno y se ejecutan con "fideicomisos", que reúnen recursos estatales y aportes privados.
- Las inversiones se repagan a largo plazo a través de los "fondos fiduciarios". Y los encargados de alimentar esos fondos son los usuarios con el pago de los "cargos específicos".
La ley le concede al Gobierno amplias facultades para decidir la aplicación de todos los cargos que quiera y sin ningún límite de recaudación. Sólo quedarían exceptuados de pagar los "pequeños usuarios residenciales".
Según los cálculos del senador oficialista Jorge Capitanich, hasta el 2011 los ingresos por "cargos tarifarios" llegarán a $ 11.000 millones. Pero, si se consideran todas las obras eléctricas y gasíferas que los funcionarios prevén financiar en los próximos tres años, la recaudación se elevaría a más de $ 15.000 millones.
Pese a que la ley todavía no entró en vigencia, ya existen dos "cargos tarifarios" que se están facturando desde el año pasado. Uno de ellos corresponde a las obras que TGN y TGS finalizaron en el 2005. Alcanza a los medianos y grandes usuarios, que durante 8 años deberán pagar un adicional equivalente al 20% de la tarifa de transporte. El otro cargo vigente afecta a los clientes industriales y comerciales del servicio eléctrico. Es por 5 años y representa el 3% del valor de la energía.
Por más que no figuran en la ley, la intención del Gobierno es llevar los "cargos tarifarios" a los peajes. Por esta vía, quiere financiar el ensanche de la General Paz y la ampliación de los accesos metropolitanos.
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