Toma de la comisaría: ningún juez se hace cargo de la causa contra D´Elía
A casi dos años, el expediente ya pasó por seis juzgados, cinco fiscalías y dos Cámaras de Apelaciones. Casación deberá decidir ahora si el asunto sigue en el fuero penal ordinario o debe regresar al federal.
Pablo Abiad
pabiad@clarin.com
La causa por el copamiento de la comisaría de La Boca, cuyo principal imputado es Luis D'Elia, piquetero y subsecretario de Estado, sigue sin juez. A casi dos años del episodio, la Cámara Nacional de Casación deberá decidir si el asunto sigue en el fuero penal ordinario o si debe regresar al federal.
La decisión la adoptó la Cámara del Crimen, informaron a Clarín fuentes judiciales. Mientras la de Casación —máxima autoridad penal del país— estudie este conflicto de competencia, el expediente quedará provisoriamente en el último juzgado que se lo sacó de encima: el de Menores número 6, a cargo de Adriana Leiras. De todos modos, se descuenta que hasta que no se dirima quién sigue con la causa, no se dará ningún paso relevante.
D'Elia, por ejemplo, nunca fue sometido a indagatoria. En un fuero y otro, los fiscales lo acusaron de delitos graves como robo, privación ilegal de la libertad, lesiones y otros. Jefe de los piqueteros kirchneristas de la Federación Tierra y Vivienda, en diciembre dejó de ser diputado provincial y desde febrero es subsecretario de Hábitat Social, en la órbita del ministro Julio De Vido y con un presupuesto anual de 300 millones de pesos.
La resolución conocida ayer la adoptó la Sala V de la Cámara, con la firma de Rodolfo Pociello Argerich, Mario Filosof y Laura Garrigós de Rébori. En Casación intervendrá la Sala III, que integran Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant.
Como si a muchos les quemara el caso, este tribunal va a ser la decimocuarta oficina judicial por la que pasa. Ya lo tuvieron seis juzgados, cinco fiscalías y dos Cámaras de Apelaciones.
El copamiento de la comisaría 24ª se produjo a las 0.20 del 26 de junio de 2004. D'Elía y su gente explicaron que reaccionaron de ese modo para que la Policía detuviera al sospechoso del asesinato de un compañero, Martín "Oso" Cisneros, a pocas cuadras de la seccional. La jueza de turno esa noche, María Crotto, denunció más tarde que ella ordenó el desalojo el lugar y funcionarios del gobierno —los hoy fiscales Norberto Quantin y José Campagnoli, del área de Seguridad— lo impidieron.
El presunto asesino de Cisneros, Juan Duarte, sigue preso. Al igual que un cómplice menor de edad, va a ser juzgado en junio.
En cambio, por el escándalo de la toma, el único indagado fue Cayetano Vicente Greco, el comisario que entró a la historia como el primero al que le coparon la seccional a puros empujones. De acuerdo a un acta labrada esa misma madrugada, en el lugar faltaron armas, billeteras, uniformes y láminas artísticas; se rompieron computadoras, puertas, teléfonos y máquinas de café; se habría retenido a tres personas y se habría amenazado a otras.
Los jueces Pociello Argerich, Filosof y Garrigós de Rébori dieron por sentado que "la seccional se vio impedida de prestar sus funciones". Y, casi adelantando opinión, se refirieron al episodio como una "magna alteración del orden y zozobra generalizada".
Uno de los defensores de D'Elía, Adrián Albor, admitió que la remisión del expediente a Casación implicará una demora. "La jueza se va a tener que manejar con prudencia. Si finalmente se determina que el sumario quede en el fuero federal, las medidas que adopte pueden ser declaradas nulas", dijo el abogado.
En un laberinto
La causa sobre la comisaría 24ª es un laberinto sin salida. La primera jueza, María Crotto, denunció que el Gobierno puso en su lugar a Norberto Oyarbide. Oyarbide se excusó y lo sucedió Jorge Urso, que pretendió detener a D'Elía, Campagnoli y Quantin. Pero la Cámara Federal mandó el sumario al fuero ordinario, donde lo recibió Julio Lucini. A este lo reemplazó Néstor Costabel, que descubrió que entre los 43 imputados había una adolescente y aprovechó para girar la causa a Menores. Y ahí la tomó Adriana Leiras, que propició este envío a la Cámara de Casación.
FUENTE
El gran bonete de la Justicia
por Ricardo Roa | EDITOR GENERAL ADJUNTO DE CLARIN
rroa@clarin.com
Qué le sucedería a un ciudadano común que copa una comisaría junto a un grupo violento? Sería detenido si ello fuera posible y si no fuera posible sería declarado entonces prófugo. Lo inimaginable es que nadie quiera juzgarlo como si no hubiera hecho nada.
Hace casi dos años, un grupo de piqueteros encabezado por el entonces legislador provincial y ahora funcionario Luis D''Elía tomó la comisaría de La Boca. Y como si fuera invisible, o tal vez porque habita en un Olimpo al que los jueces no pueden acceder porque sólo procesan a seres humanos, no es juzgado. Hay una causa, desde luego, por la que ya pasaron seis jueces, cinco fiscales y tres cámaras. Investigan —deberían investigar hay que decir— dos cosas: el copamiento mismo y si hubo funcionarios que desobedecieron una orden judicial de desalojo.
La comisaría fue copada por piqueteros que pedían que fuese detenido el supuesto asesino de uno de sus dirigentes. Una jueza ordenó desalojarlos pero el Gobierno acudió de apuro a otro juez para cumplir lo que exigían los ocupantes. La excusa fue que la jueza estaba inhallable. El caso pasó a un tercer juez que quiso hacer declarar a los funcionarios que desacataron a la jueza. No pudo: los funcionarios habían dejado de serlo para volver a ser fiscales y se ampararon en esa condición. D''Elía tampoco declaró: se protegió a su vez en sus propios fueros legislativos. Con los funcionarios al margen, una Cámara pasó la causa a un cuarto juez que fue a su vez reemplazado. Y que descubrió que había un menor entre los atacantes. Se valió de eso para salirse también del medio: envió el expediente a una jueza de Menores. Para no ser menos, esta sexta jueza que ya acumulaba el caso se excusó. El expediente fue entonces a otra cámara que decidió pasárselo a un tercer Tribunal (ver "Toma de la comisaría: ningún juez se hace cargo de la causa contra D´Elía").
Hasta hoy el único sancionado ha sido el propio comisario víctima del copamiento. Que un grupo tome una comisaría es grave, aun en un país donde protestar violando la ley es cosa frecuente. Pero este delito no encuentra un juez que quiera juzgarlo.
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