Editorial | ¿Fondos públicos o partidarios?
La confusión entre Estado y partido no es exclusiva de regímenes totalitarios, como el que caracterizó a la Unión Soviética o el todavía vigente de la Cuba de Fidel Castro. Lamentablemente, aunque sin llegar a los extremos aberrantes de esos casos, la tradición política argentina de los últimos años cuenta con no pocos indicadores de aquella confusión.
Permanentemente, asistimos a actos de gobierno en los cuales, bajo el disfraz del bien común, se encubren beneficios particulares con una clara intencionalidad electoralista.
La falta de transparencia y la discrecionalidad son invariablemente los rasgos que distinguen a esos actos administrativos, rara vez sujetos a los debidos controles.
En esta columna editorial, se criticó en su momento la utilización del avión Tango 01, del helicóptero presidencial y de personal de la Presidencia de la Nación en la logística de mítines partidarios para apuntalar las campañas proselitistas de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y de otras figuras del oficialismo, con vistas a los comicios de octubre último.
Hemos reclamado incluso, sin éxito alguno, que los gastos que ocasionase la movilización de esos recursos estatales le fuesen descontados al oficialista Frente para la Victoria.
A diferencia de otros países democráticos, no existe en la cultura política argentina una fuerte sanción moral contra quienes emplean los recursos del Estado en favor de una fracción política. No hay prácticamente distinción entre Estado y gobierno, ni entre gobierno y partido.
Lo curioso es que el artículo 261 del Código Penal es muy claro cuando establece que será sancionado con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua aquel funcionario público que "empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública".
La discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y su uso con finalidades políticas puede advertirse también en la curiosa administración de los fondos fiduciarios en la esfera estatal, que incluye la posibilidad de modificar sus destinos planificados originalmente, algo que los convierte en instrumentos de dudosa transparencia. Valen como mero ejemplo los subsidios a la actividad de los camioneros, cuyo gremio lidera el secretario general cegetista, Hugo Moyano, equivalentes a 260 millones de pesos el año último.
A las facultades extraordinarias o superpoderes reservados al jefe de Gabinete, hay que añadir la reciente ley que le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear cargos específicos en las facturas de gas y electricidad para financiar obras de infraestructura en materia energética, y de decidir arbitrariamente quiénes deberán pagar esos virtuales impuestos. Implicaría la disponibilidad de cerca de 10.000 millones de pesos por año que el Gobierno usará con una discrecionalidad en la que los criterios políticos difícilmente quedarán afuera. Probablemente, los mismos criterios que han llevado a que la provincia de Santa Cruz sea la más favorecida en el reparto de recursos desde que asumió el actual gobierno nacional.
No poca hipocresía se advierte en las autoridades nacionales cuando, recientemente, se cuestionó desde la Casa Rosada al ex presidente Eduardo Duhalde por el indebido manejo del fondo especial del conurbano durante su gestión en la provincia de Buenos Aires. No hace falta investigar demasiado para descubrir que la mayoría de los intendentes que se beneficiaron con esos recursos también usados discrecionalmente hoy han sido cobijados por el kirchnerismo.
La falta de discriminación entre Estado, gobierno y partido también puede advertirse en el manejo de algunas reparticiones oficiales o en el de la agencia de noticias Télam, donde recientemente se han registrado denuncias acerca de despidos y relevos de funciones sin causa. En ese sentido, es imprescindible entender que una agencia oficial de noticias debe ser estatal y no gubernamental; tampoco debe estar al servicio de una fracción política.
Una vez más cabe reiterar que el presidente de la Nación es la máxima autoridad de todos los argentinos, no de un partido o de un grupo partidario. Todos sus actos de gobierno deben ir en esa dirección, que puede resumirse en la consigna del bien común, algo que si bien es intangible, puede medirse perfectamente cuando la transparencia y el respeto por la ley y las instituciones se imponen por sobre la discrecionalidad de los funcionarios.
FUENTE
Comentarios
Los comentarios están bloqueados
