Negocios bajo la presión del Estado
Preocupa a los empresarios la creciente intervención del Gobierno, que no sólo fija precios, salarios, costos, tarifas e inversiones, sino que también decide cuándo y qué se exporta.
Un viento frío recorre las oficinas de empresarios, banqueros, industriales y analistas. No es que la economía esté dando señales de agotamiento; al contrario, la mayoría de los indicadores demuestra buena salud. Lo que los inquieta es el avance, muchas veces por la fuerza, de un gobierno que se va convirtiendo en el principal operador económico del país. La Casa Rosada fija hoy precios, salarios, condiciones laborales, costos, tarifas, inversiones, lo que se exporta y cuándo hacerlo, y dentro de poco decidirá incluso dónde, cómo y cuánto invertir en infraestructura.
No se trata sólo de discusiones ideológicas. A los hombres de negocios de la Argentina –salvo los que están al calor de la Casa Rosada, que no son pocos– los atemorizan las acciones de funcionarios que no dudan en exigir y a veces amedrentar –según los testimonios de varios ejecutivos– a quien no acate sus normas.
Los métodos llegan a tal punto que incluso decisiones acordadas con algunas empresas (especialmente de servicios públicos) son luego descartadas o anuladas, si ya fueron dictadas, según sea la repercusión que éstas tengan en la prensa. El caso paradigmático es el de Gas Natural BAN. Luego de largas negociaciones, llegó a un acuerdo con el Gobierno para reformular el esquema tarifario, en el que se incluyó un aumento en las tarifas residenciales. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial, y el mismo día, desde el Ministerio de Planificación, se hizo saber a los medios, y a la propia empresa, que esa parte quedaba por ahora suspendida.
Del mismo modo, la semana pasada trascendieron dos resoluciones de la Secretaría de Energía próximas a publicarse, en las que, sintéticamente, convoca a nuevos ahorros del consumo, ante la posibilidad cierta de que haya restricciones en el próximo invierno. Esta vez no llegaron a publicarse.
En suma, lo que viven hoy los empresarios es una verdadera paradoja. Sus compañías, en general, están ganando dinero, la economía lleva tres años de crecimiento al 9% y éste podría no bajar del 8%. Pero en este contexto el mediano plazo directamente los asusta. “En cualquier situación como ésta, todos estaríamos invirtiendo para los próximos 5 o 10 años. Pero hoy estas decisiones no se están tomando, al menos no en la economía estrictamente privada”, admitió un ejecutivo de una importante firma alimentaria.
Las razones nunca serán del todo admitidas en público. Parte esencial del clima en el que se desenvuelven es cuidar las declaraciones públicas, por temor a la reacción de los funcionarios.
Más que su renovada participación en empresas públicas, como el Correo, Agua y Saneamientos Urbanos (la compañía estatal que se quedó con la concesión que explotaba Aguas Argentinas) o el ex ferrocarril San Martín, a los hombres de negocios les preocupa la creciente injerencia del Estado como regulador de precios, e incluso de costos, en el sector privado, y, en este contexto, la falta de reglas claras y estables en materia impositiva y laboral.
A principios de la semana pasada, el secretario de Coordinación Técnica, Guillermo Moreno, le transmitió a la conducción de la Copal (productores de alimentos) que cualquier pedido de aumentos de precios debería ser anticipado por los empresarios con al menos tres semanas de anticipación y justificado mediante un análisis exhaustivo de su cadena de costos.
Los métodos no son un tema menor. “Presionan a fondo. Hablan directamente con el directivo más alto de la compañía aunque no lo conozcan, y reclaman toda la información, sin escuchar alternativas”, según graficó un ejecutivo de una empresa de insumos para el campo, que hace unos días recibió una llamada de Moreno: "Si quieren subir los precios, me lo tienen que avisar tres semanas antes, y me tienen que dar sus variaciones de costos que lo justifiquen", le habría dicho el funcionario.
¿Y si la empresa no lo acepta? "Usted aténgase a las consecuencias", es la respuesta habitual, según relató el empresario en cuestión. ¿Cuáles pueden ser? La más común, según relataron dos ejecutivos a LA NACION: tarde o temprano, la firma en cuestión recibirá una inspección de la AFIP de tipo "integral".
"El problema -se sinceró un ejecutivo- es que así como nadie resiste una cámara oculta, en este país nadie resiste una integral de la AFIP, porque al menos una factura sin emitir en tiempo y forma cualquiera puede tener, y terminar en un problema."
Y si a algún empresario le quedaran dudas, siempre está presente el recuerdo de qué pasó cuando a Shell decidió subir los precios de sus combustibles: el propio presidente Néstor Kirchner convocó a la población a boicotear a la empresa, y varias de sus estaciones de servicio fueron casi tomadas por grupos piqueteros adscriptos al oficialismo.
Nuevas reglas
Un funcionario allegado a Moreno confirmó las nuevas reglas, aunque negó que haya ningún tipo de amenazas. "Repiten lo que se dice por ahí, pero acá adentro ninguno se ha quejado, y la mayoría lo entiende y promete venir con toda la información", aseguró ante LA NACION.
Una medida que despierta la ira de los empresarios sin distinción es la prohibición de exportar carnes. Lo que en un principio fue una "suspensión" de las ventas al exterior de determinadas categorías y cortes, luego se extendió de hecho a prácticamente todos los productos y subproductos, sin importar el destino.
Esta medida, además, impactaría en los costos (y en los precios) de más de un sector. Al no poder exportar, se calcula que la cantidad de animales faenados bajó un 30%. Las curtiembres ya advirtieron que sus costos de explotación se encarecieron un 60%, lo que les impediría cumplir con el acuerdo que firmaron con el Gobierno.
La caída en la faena también provocó una suba del 50% en el precio de la grasa vacuna, que se utiliza como insumo en la industria alimentaria. "Representa cerca del 30% del costo de producir muchos tipos de galletitas. ¿Cómo hacemos para no subir el precio?", se preguntó un directivo de una de las más importantes firmas del rubro.
"El problema es que, cuando te querés dar cuenta, resulta que los precios de los combustibles no son reales, igual que los de la energía eléctrica o los del azúcar, por diferentes motivos en cada caso. Pero la historia argentina reciente nos muestra que, tarde o temprano, la realidad te alcanza. Es como estar en una olla a presión", advirtió.
Historia de frustraciones
Según recuerda Roberto Cortés Conde, historiador económico de la Universidad de San Andrés, el Estado tuvo una intervención muy importante en la Argentina desde los años 30 y siguió hasta la década de los 80. Los controles de precios más recordados fueron durante el gobierno peronista de 1973/74 y en tiempos de Raúl Alfonsín, y siempre hubo un Estado con empresas en varios sectores.
"En realidad, el proceso empieza en los años 30, se acentúa tras la Segunda Guerra Mundial y encuentra su pico más alto en la primera y segunda presidencia de Perón", relata Cortés Conde.
En todos los casos, el final de esas experiencias fue funesto, con salidas hiperinflacionarias. Un dato a favor, esta vez, es que las cuentas públicas muestran por primera vez en décadas abultados superávit fiscal y de balanza de pagos, eliminando uno de los principales combustibles para la hoguera inflacionaria.
"¿Cómo puede un funcionario, y más con estos equipos reducidos, saber qué pasa en cada sector de la microeconomía?", se preguntó un director de una de las principales firmas argentinas y miembro activo de la Unión Industrial Argentina. "Da la impresión de que el Gobierno piensa que, a partir de actos discrecionales del Estado, se pueden generar inversiones, y así van recorriendo sector por sector. Pero no es así como funciona la cosa. Podrá promover la instalación de una planta, pero se necesitan miles para sostener el crecimiento a largo plazo", reflexionó el presidente de una de las principales entidades empresarias del país.
Desde la oposición política también se escuchan voces críticas: "Hay en los empresarios una gran preocupación por el largo plazo, dada la irracionalidad de las políticas de este gobierno. No hay políticas, y las que hay son malas. Nadie se anima a hablar, salvo en el sector agroindustrial, en el que las presiones y las limitaciones son tan disparatadas que superaron el límite de lo tolerable. Es un clima de época que se traslada desde el Gobierno a las administraciones provinciales y los municipios", advirtió Ricardo López Murphy (Recrear).
Desde el Gobierno, la visión es obviamente distinta, aunque se traslucen algunas diferencias de criterio. "En situaciones como la actual el Estado tiene que plantear algunas regulaciones, porque las consecuencias que tuvo para el país dejar al mercado como asignador de recursos fueron nefastas en cuanto a su impacto en la gente", argumentó un alto funcionario del Ministerio de Economía.
"Los acuerdos son un instrumento válido para armonizar intereses entre distintos actores, y sirven como guía para moderar las expectativas", afirmó. "Además, hay experiencias similares en países importantes, como Francia o España. El problema es que venimos de experiencias en las que el sector privado era directamente el que dictaba las normas, y así nos fue. Pero que quede claro que no queremos emular ni a Rusia ni a Fidel Castro", concluyó el funcionario.
"Nuestro desafío es hacer que las tasas de interés y la inflación converjan a niveles internacionales, porque nadie va a invertir con tasas de dos dígitos", argumentó un funcionario cercano a la Secretaría de Coordinación que dirige Moreno. ¿Esto se soluciona con la intervención tan fuerte del Estado?, se le preguntó. "Creemos que sí, porque hay empresas que creen que una decisión suya en materia de precios no tiene por qué afectar al mercado. Pero así sucede en la actual estructura de la economía argentina. Pero no lo inventamos nosotros. En Estados Unidos el secretario de Comercio releva permanentemente los costos empresariales, precisamente con ese objetivo: que la decisión de unos pocos no afecte el equilibrio del mercado. Y cuando fue así, sancionaron la ley antitrust, con la que pueden obligar a una empresa a dividirse en muchas partes", contestó.
Las consecuencias
Qué puede pasar si alguna de las empresas que concurren al despacho de Moreno no acata la orden oficial y decide aumentar los precios según sus necesidades es una incógnita para muchos. Pese a que no hay ninguna norma que los obligue en este sentido, "hasta ahora nadie lo planteó. Y de hecho nadie dijo acá adentro lo que tal vez algunos dicen afuera", aseguró el funcionario consultado. "Llegado el caso, lo estudiaremos. Estamos dispuestos a escuchar pedidos de aquellas empresas o sectores que demuestren que sus costos subieron lo suficiente como para justificar aumentos de precios", agregó.
Según el diagnóstico oficial, esta situación de control intensivo se mantendría hasta fines de año. "Tenemos que poner orden para que no se produzcan conductas insensatas, que atentan incluso contra el proceso de formación de capital, en el que creemos firmemente", concluyó un funcionario del equipo de Moreno.
Crear las condiciones para que aumente la inversión tiene una visión coincidente entre los empresarios, lejos de la óptica del Gobierno: se necesita estabilidad de leyes laborales e impositivas. "Con este panorama, sólo vendrán aquellos a los que se les garantice una rentabilidad extraordinaria y en el corto plazo", advirtió el directivo de una firma local.
Por Luis Cortina
De la Redacción de LA NACION
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