Contrataciones irregulares: crítico informe de Poder Ciudadano |Denuncian que el Estado compra mal
Un relevamiento afirma que hay alta discrecionalidad y muy escaso control; el Gobierno dice que cumple con todas las leyes.
Un presupuesto de compras improvisado, fruto de una programación deficiente, con altos grados de discrecionalidad y muy escaso control, que conduce a contrataciones ineficientes y poco transparentes.
Así calificaron al proceso de compras y contrataciones del Estado 40 expertos en el tema provenientes tanto del sector público como del privado, entrevistados por la Fundación Poder Ciudadano, en un trabajo de recolección de información que duró cuatro meses y se limitó a la administración pública nacional (APN).
El grupo consultado estuvo integrado por funcionarios públicos (con experiencia en áreas de compras, presupuesto y control) y por empresarios privados cotidianamente vinculados con las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras públicas.
Con la condición de mantener el anonimato, los 40 entrevistados dieron detalles sobre las principales falencias del Estado en la materia.
Según las conclusiones de la investigación, la discrecionalidad en las decisiones y la falta de control son los puntos que recibieron más críticas, y fueron evaluados con la categoría "alta vulnerabilidad" (en una calificación que va de "baja" a "alta vulnerabilidad").
Ante la consulta de LA NACION, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió la política de contrataciones del Estado. Dijo que "todas las compras del Estado están publicadas en Internet" y señaló que el Gobierno cumple "con todos los controles que establece la Constitución". Además, criticó a Poder Ciudadano por su "falta de rigor técnico" y por tener "intencionalidades políticas".
Por su parte, voceros del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se quejaron porque el informe no consigna ningún caso concreto y dijeron que el funcionario no iba a contestar sobre "generalidades".
Centrada en seis ejes, éstas son las principales definiciones del trabajo de Poder Ciudadano, auspiciado por la embajada británica:
* Planificación: "El Estado no tiene una política de planificación de compras y es común que el presupuesto se diseñe sin un estudio serio de las necesidades actuales, copiando el del año anterior. En los gastos incluidos en el presupuesto, no se desagrega el detalle de bienes y servicios que se planea adquirir. La falta de continuidad en las gestiones y la debilidad de la comunicación entre las áreas también impide programar, lo que conduce a compras de urgencia, reduce el poder de negociación ante los oferentes e impide al sector privado planificar su producción."
* Capacitación: "No hay ingresos por concurso en los cargos más importantes en el área de compras y, en general, los niveles de capacitación son muy bajos y la inestabilidad en los cargos, alta. Los pliegos de bienes y servicios estandarizados son elaborados por los funcionarios de menor capacitación, habitualmente con desconocimiento de la normativa vigente."
* Discrecionalidad: "Existe un alto grado de discrecionalidad, por el cual no se justifican adecuadamente las decisiones ni las modificaciones sobre la marcha. Los funcionarios suelen programar en función de su expectativa de permanencia en el cargo. Hay demasiada exigencia de requisitos formales para los oferentes, a la vez que ciertas generalidades en los criterios de selección dejan margen para subjetividades peligrosas. Los consultados reconocieron la existencia de carteles de oferentes que se «reparten» las contrataciones, lo que sube los costos y baja la calidad."
* Control: "El problema del control empieza en la elaboraciones de los pliegos, que no tienen una auditoría previa más allá de lo jurídico formal, pero se extiende a los actos decisorios, la ejecución de los contratos, los productos, la responsabilidad de los funcionarios, las impugnaciones o las contrataciones administrativas (sin licitación), todas áreas con controles mínimos o inexistentes. No se elaboran registros de errores detectados que fomenten un aprendizaje para el futuro y no hay un sistema efectivo de sanciones a proveedores y contratistas, que vuelven a presentarse como oferentes cambiando su razón social o jurisdicción."
* Acceso a la información: "La cultura de la APN es reacia a brindar información. La mayoría de los sitios web de los distintos organismos no actualiza su información de compras y no hay acceso público a datos de la ejecución de contratos."
* Participación ciudadana: "La APN no promueve la participación ciudadana en las contrataciones. Tampoco está internalizado en la ciudadanía el control social como modo de vigilar que lo que paga en impuestos se gasta eficientemente. El trabajo concluye que «la APN compra mal, de manera ineficiente, malgasta su tiempo, sus recursos humanos y financieros, y no siempre satisface las necesidades por las que inicia una contratación»."
Por Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/804217
"Un espacio propicio para la corrupción"
En opinión de Gastón Rosenberg, responsable del trabajo de Poder Ciudadano, la sociedad necesita interesarse más en el destino del dinero que sale de su bolsillo -mal controlado desde hace demasiadas décadas- porque, según dice, "el alto grado de vulnerabilidad en todos los componentes del proceso sumado a la ausencia de control social puede generar un espacio propicio para la corrupción".
En tanto el ex diputado radical Horacio Pernasetti, uno de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), consideró que el hecho de que los controles sean ex post (cuando ya fue ejecutada la acción) dificulta las cosas, y coincidió con varias conclusiones del informe.
"Hay empresas que se ponen de acuerdo para ganar una vez cada una, o hacen uniones transitorias de empresas", confirmó Pernasetti.
"El ministerio que más plata maneja es el de Planificación Federal, a cargo de De Vido [Julio] y la Sigen [Sindicatura General de la Nación] está manejada por su mujer", se sumó el jefe del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), en referencia a la síndica Alessandra Minnicelli, número dos de ese organismo de control estatal.
Desde ARI, quizás el partido que más ha denunciado al oficialismo de turno ante a Justicia, fueron más duros al calificar los controles. "La mayor parte de los actos son discrecionales y este gobierno ve el control como un obstáculo. Se trata de la continuidad de la política del saqueo de los 90 por otros medios", criticó Eduardo Macaluse (ARI-Buenos Aires), jefe del bloque de diputados aristas.
Desde el oficialismo, en cambio, rechazaron las imputaciones y cuestionaron los resultados del trabajo de Poder Ciudadano.
"Que el Estado es criticado por sus compras es viejo como el Estado, pero sustentar una opinión en encuestas anónimas interesadas no es serio. No quiere decir que no haya cosas por corregir, pero el que opina tiene que poner la cara", dijo a LA NACION el diputado Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe), presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que, entre otras funciones, debe recomendar cada año al Congreso aprobar o no las cuentas de inversión de todos los gastos de la administración pública nacional.
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La obra pública, una de las áreas más afectadas
La obra pública merece un apartado especial en el trabajo de Poder Ciudadano. De modo similar a lo que ocurre para las contrataciones de bienes y servicios, en este caso también la discrecionalidad y la falta de control son las áreas más críticas según los consultados, muchos de los cuales se desempeñan en áreas de administración pública o de la empresa privada vinculadas a ella.
Según sus testimonios, la investigación afirma que no hay control sobre la planificación en materia de obras públicas ni vigilancia ciudadana sobre la detección de necesidades o sobre el destino de los fondos.
También se carece de un control de gestión por resultados, es decir que no se analiza si una obra cumple la misión para la que fue proyectada. Las obras que nunca fueron utilizadas y terminaron abandonadas son ejemplo de esto.
En cuanto a la discrecionalidad, la investigación indica que es una de las áreas más vulnerables dentro del proceso licitatorio de la obra pública, y las facultades discrecionales de los funcionarios en él pueden abarcar desde la toma de decisiones para iniciar un proyecto hasta la determinación que motiva a contratar una consultoría.
El trabajo agrega que en muchos casos la administración no conoce el funcionamiento del mercado y tiene dificultades para estimar costos y elaborar presupuestos. Y resalta que la falta de planificación puede conducir a contratar sin licitaciones.
Finalmente, advierte sobre la estrecha relación entre obra pública e intereses políticos, mucho más visible en esta área que en la de bienes y servicios.
Transparencia y control
"No podemos crecer como país sin una adecuada planificación de la obra pública, pero tampoco sin la transparencia y el control de los resultados. Hoy se intensificó la obra pública; sólo falta que se abran sus puertas hacia todos", sintetizó a LA NACION Gastón Rosenberg, responsable del trabajo titulado "Contrataciones públicas vulnerables", que mañana Poder Ciudadano hará público durante una conferencia de prensa.
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