Editorial |Mejorar las compras del Estado
Las compras del Estado deberían caracterizarse por ser las más eficientes y transparentes del mercado, por seguir criterios de planificación y estar alejadas del manejo discrecional y arbitrario de los funcionarios de turno. Sin embargo, y a pesar de haberse avanzado algo en los últimos años, las adquisiciones y contrataciones del sector público se hacen mal y tienen escaso control, según un estudio realizado por una prestigiosa organización no gubernamental.
En efecto, Poder Ciudadano comprobó anomalías en las compras que hace el Estado en la actualidad y llegó a la conclusión de que es el resultado de un presupuesto de compras improvisado, una programación deficiente, altos grados de discrecionalidad y muy escaso control. La vieja hipótesis de que el sector público gasta mucho y mal parece quedar confirmada.
Por tratarse del uso de recursos públicos, el Gobierno tendría que mejorar sus sistemas de compras para adaptarse a los criterios de eficiencia que se siguen con celo en el sector privado. La laxitud en los controles, tanto los correspondientes a los organismos estatales como a la sociedad en su conjunto, dejan abiertas las puertas a la corrupción y el abuso de los funcionarios inescrupulosos.
El estudio, basado en un relevamiento entre 40 expertos del sector público y privado -vinculados con las contrataciones estatales de bienes, servicios y obras públicas-, fue criticado por altos funcionarios del Gobierno, como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que le cuestionó su rigurosidad técnica.
La ausencia de políticas de planificación y el diseño de presupuestos basados más sobre lo usado en años anteriores que en las necesidades reales del presente son una mala práctica enraizada en la cultura del Estado. Las compras de urgencia terminan obligando al sector público a pagar más caro por contrataciones o servicios que, de haber sido previstas, habrían resultado menos onerosas para el fisco.
Uno de los problemas detectados en el estudio, del cual la administración nacional tendría que tomar nota para combatirlo, es el alto grado de discrecionalidad del que gozan los funcionarios en el momento de decidir las operaciones.
Una de las fallas estructurales que el Estado debería corregir para no repetir errores del pasado es la ausencia de controles rigurosos sobre todo el proceso de compras del sector público. La fiscalización debería hacerse desde la elaboración misma de los pliegos de bases y condiciones -más allá del control jurídico formal-, pasando por la ejecución de los contratos, la responsabilidad de los funcionarios, el cumplimiento de los proveedores y también la sanción de quienes no responden a lo comprometido. Si esto se siguiera adecuadamente y se registraran los errores detectados durante todo el procedimiento, o se señalara a los proveedores incompetentes, el Estado podría ahorrar tiempo y dinero, y también cerrarles la puerta a los incumplidores para que no volvieran a actuar como contratistas del sector público.
La presencia de carteles de oferentes que se reparten las contrataciones es otro mal endémico que afecta a las adquisiciones estatales, al quedar eliminada la libre competencia, lo cual causa un aumento en los costos y una mala calidad en los productos o servicios que se adquieren.
A todo esto hay que añadir el lamentable hecho de que uno de los más importantes órganos de control, como es la Sindicatura General de la Nación, tenga entre sus funcionarios de mayor relevancia a la esposa del ministro de Planificación Federal e Infraestructura, Julio De Vido, por cuya área pasan muchas de las más trascendentes contrataciones que realiza el Estado.
Por otra parte, la actualización de la información en Internet sobre las compras públicas tendría que ser un ejercicio cotidiano en la administración nacional, para transparentar las operaciones y permitir a la sociedad conocer debidamente cuál es el destino de los recursos fiscales.
En las últimas décadas se han hecho esfuerzos para hacer más transparentes y eficientes las compras estatales. Sin embargo, la reiteración de viejos vicios obliga a los responsables de la administración nacional a extremar las medidas para mejorar el sistema y para que no quede el menor atisbo de duda en la opinión pública.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/804975
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