La Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la ley que reglamenta el derecho de amparo, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
Por unanimidad y con elogios desde todos los sectores, los diputados de todas las bancadas aprobaron la reglamentación del artículo 43 de la Constitución Nacional, que, entre otras cosas, agiliza los tiempos del proceso -fijando plazos específicos para realizar las demandas y para que el juez se pronuncie- y permite los amparos colectivos, lo que favorece acciones de defensa de derechos del consumidor y del usuario.
"Una novedad es el amparo colectivo, y la eliminación de causales de inadmisibilidad", explicó, entusiasta, la diputada Rosario Romero (Frente para la Victoria-Entre Ríos) una de las que hablaron en nombre del oficialismo.
Justamente, una de las mayores modificaciones es la incorporación del amparo colectivo, a partir del cual una organización civil podrá interponer ante la Justicia este recurso contra una decisión que afecte a un conjunto de ciudadanos.
El otro punto elogiado fueron los tiempos: el plazo para interponer un recurso de amparo será de 45 días hábiles desde la fecha en que el o los afectados tuvieron conocimiento fehaciente de la lesión y el juez debe dictar resolución dentro de los 3 días hábiles, admitiendo o rechazando el pedido.
Sin embargo, Romero también aclaró que habrá plazos para proteger al Estado, muchas veces objeto de los amparos, "para que la medida cautelar no se convierta en sentencia". Por este motivo tanto el amparo otorgado por la Justicia como la medida cautelar caducará luego de 45 días.
"Se debe acudir cuando no existe otro remedio, si no se llegaría a una amparomanía", coincidió el diputado Jorge Vanossi (Pro-Capital), que también tuvo loas para la nueva ley.
Se le sumó Elisa Carrió (ARI-Capital) que definió a ese recurso como "el medio más idóneo ante la vulneración de un derecho constitucional y para restablecer un derecho humano".
Cuentas de inversión
Con mucho más debate que el tema anterior, el otro plato fuerte de la sesión de ayer fue la aprobación de las cuentas de inversión (presupuestos ejecutados por la administración pública) de los períodos 1997 y 1998.
Contra la voluntad del macrismo y los aristas (que abandonaron la sesión, indignados) y también con la negativa del socialismo, el kirchnerismo (gracias al apoyo de los radicales y los dos bloques en los que se fracturó el duhaldismo) logró aprobar la rendición de las cuentas públicas de los últimos años del menemismo, aunque todavía siguen pendientes las que van del 94 al 96, muy cuestionadas porque incluyen los montos de las privatizaciones.
"Absolveríamos a quienes pudieron haber cometido gravísimos delitos, porque faltan $ 3700 millones de las privatizaciones que no aparecen en esos años", advirtió Eduardo Macaluse, jefe del bloque arista, sobre el peligro de dejar en el olvido el trienio 94-95-96.
Por otra parte, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York en 2003.
En líneas generales, este tratado avanza un paso más respecto de la Convención Interamericana, ya que incluye al sector privado -no sólo al público- en las medidas preventivas contra la corrupción.
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