Empresarios en busca de reglas |Por Néstor Scibona
Si se realizara una encuesta anónima entre empresas líderes, el resultado más probable arrojaría que están de acuerdo con los resultados de la política económica, pero inquietos con la incertidumbre que supone la ausencia de reglas sobre las cuales planificar la actividad en muchos sectores.
El anonimato sería una condición necesaria, ya que suelen expresar en público su satisfacción por los altísimos niveles de crecimiento económico y, sólo en privado, sus reservas por la calidad y discrecionalidad de algunas políticas oficiales. Las principales preocupaciones, a su vez, giran en torno de la lucha contra la inflación, la precariedad energética y el futuro de la legislación laboral.
La estrategia del Gobierno para frenar la inflación desvela a las empresas con productos de consumo masivo. Aquí, la regla está implícita: cuanto más peso tiene un producto en el índice de precios al consumidor, mayores chances existen de intervención estatal. La traumática prohibición de las exportaciones de carne es el caso más emblemático. No sólo por el daño presente y futuro que provoca al sector, sino porque también la medida es esgrimida por funcionarios oficiales como un ejemplo de lo que es capaz de hacer el Gobierno si algunos precios se disparan, independientemente de que tengan mayor demanda o mayores costos.
Como no todos los productos tienen la misma ponderación en la canasta de consumo, eso explica que en la Argentina coexistan, según el sector, precios libres, acordados, vigilados, regulados, subsidiados y congelados. Salvo los primeros, se trata de distintas variantes de control, consentidas o no por el sector privado.
A ellos acaba de sumarse una nueva categoría: los precios "encadenados". Son los que las empresas acordaron con el Gobierno, pero que no pueden ser ajustados por mayores costos, como estaba previsto, porque son rechazados (si no, denunciados) por otros eslabones de la misma cadena de comercialización que también firmaron acuerdos de precios.
Las empresas que firmaron acuerdos voluntarios reconocen que éstos sirvieron a comienzos de año para contener expectativas, ya que permitieron desalentar previsiones de aumentos de insumos, salarios y servicios que en muchos casos llegaban a 30 por ciento. Pero ahora denuncian en voz baja que el Gobierno no admite el traslado de ningún aumento de costos, por mínimo que fuera, aunque en los convenios esté prevista expresamente una revisión bimestral.
Para más datos, agregan que el secretario Guillermo Moreno les comunicó que esos acuerdos, firmados por su antecesor en el cargo, Lisandro Salas, son poco menos que letra muerta. "Yo no soy arquitecto, sino economista, y quiero ver la estructura de costos y la rentabilidad", dicen que les dijo. Cada vez que Moreno recibe un reclamo de ajuste, se encarga de convocar a los proveedores que aumentaron sus precios para amenazarlos con sanciones, independientemente de las justificaciones que puedan presentar.
En esta política de precios caso por caso, el problema es que hay insumos importados que subieron de precio, lo mismo que las tarifas energéticas y los salarios, si bien con el techo del 19% fijado por el Gobierno que supone unos pocos puntos más de lo que descontaban las empresas. Si bien no se trata de ajustes masivos ni dramáticos, se corre el riesgo de reprimir inflación o, cuando menos, generar mayores tensiones entre proveedores y clientes.
Un problema adicional se presenta en las empresas multinacionales: las casas matrices no entienden en virtud de qué disposición deben mantener precios congelados si hay costos que suben. Pero los ejecutivos locales dudan de si es mejor que exista o no alguna resolución que legalice el control de hecho. En todo caso, coinciden en que la consecuencia de esta estrategia, debido a la incertidumbre que provoca, es desalentar inversiones que sostendrían el crecimiento a más largo plazo. Las empresas que más invierten lo hacen porque tienen rentabilidad que no quieren exponer a riesgos políticos.
Quienes plantearon a la ministra de Economía la necesidad de alguna regla que reduzca la discrecionalidad, se encontraron con una respuesta previsible. Felisa Miceli les aseguró que los acuerdos son una estrategia transitoria que no irá más allá de fin de año. Pero también quedó implícito que la política de precios la fija el presidente Kirchner con los índices de inflación a la vista. En este esquema, Moreno cumple una función de álter ego presidencial, aunque funcionalmente su secretaría figure en el organigrama del Palacio de Hacienda. No en vano, el funcionario, cada vez que recibe a empresarios, indica que sólo puede ser interrumpido por llamadas del Presidente o del ministro Julio de Vido.
No se trata de un dato tranquilizador para las empresas, que tienen en cuenta que 2007 será un año electoral y que el Gobierno postergó para entonces algunas cuestiones clave, como la redefinición del esquema de tarifas energéticas sobre los usuarios residenciales de mayor consumo, que evitó aplicar este año. A futuro, también, serán más caras las importaciones de gas natural boliviano y fuel oil venezolano para mantener un parque de generación termoeléctrica que está funcionando al límite.
De ahí que algunos se ilusionen con un objetivo más modesto. Creen que si la inflación de mayo (que se ubicaría en torno del 0,6%) y de junio se mantienen por debajo del 1%, el Gobierno irá flexibilizando muy gradualmente los acuerdos en el segundo semestre para no acumular presiones, aunque manteniendo el objetivo de un alza del 12% anual. Como prueba, señalan que en la dura paritaria del gremio de la alimentación (que empezó con un reclamo salarial del 30%), el Gobierno operó para que el acuerdo se cierre en las próximas horas con el tope del 19%, escalonado en tres etapas.
La apuesta de la carne
La misma apuesta hacen los frigoríficos con respecto al progresivo desmantelamiento de la veda exportadora de carnes. Aunque la baja de precios de la hacienda en Liniers no se trasladó totalmente a los mostradores (como tampoco había ocurrido con la suba previa), creen que el mercado podría tender a normalizarse si se avanza en la iniciativa de comercializar la carne trozada y no en medias reses, que encarece los cortes de mayor consumo. Sin embargo, no olvidan que un sistema similar aplicado en 1992 (el plan Corte por lo Sano) fracasó rotundamente por la resistencia de matarifes, carniceros y frigoríficos clandestinos, especialmente de la provincia de Buenos Aires, a cambiar de hábitos comerciales.
Este recomendable sistema está previsto en la última versión del plan ganadero, que llegó tarde y con un pecado original: de poco vale cualquier incentivo para aumentar la producción si los ganaderos desconocen qué puede ocurrir en el futuro con los otros eslabones de la cadena de la carne. Quizá la mejor muestra de esta incertidumbre se refleje en un detalle, si se quiere menor, pero igualmente significativo. Poco a poco, los restaurantes han vuelto a anotar en lápiz los precios de sus menús.
Por Néstor O. Scibona
Para LA NACION
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