Nueva estrategia de control en la ciudad: en busca de más eficacia y menos corrupción
Los inspectores porteños serán elegidos por concurso. Será obligatorio que tengan título universitario; el personal actual deberá rendir examen.
El gobierno porteño pondrá en funciones a inspectores preparados, convocados por concurso y sometidos a capacitación y evaluaciones, con el fin de lograr mayor eficacia en la tarea fiscalizadora y, también, garantizar más transparencia en las actividades de control.
Mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman –publicado ayer en el Boletín oficial–, el Ministerio de Gobierno busca optimizar la tarea de control que, en la actualidad, lleva adelante en la ciudad con 448 inspectores, distribuidos en las áreas de Higiene y Seguridad Alimentaria (65 agentes), Control de Calidad Ambiental (55), Fiscalización y Control (179), Control de Espectáculos (31), Habilitaciones y Permisos (58) y Fiscalización de Obras y Catastro (60).
Todos ellos también deberán rendir un examen de revalidación de su condición de inspectores para poder continuar en el cargo, ya que es intención del gobierno aumentar en un 50 por ciento el número de inspectores en las calles y alcanzar un nivel de profesionalización en cada área.
“Al asumir la actual gestión, a principios de 2005, decidimos atacar el problema de la mala organización, producto de la ausencia de un mapa de riesgo en la ciudad. Teniendo en cuenta que hay 280.000 establecimientos para ser inspeccionados, se le dio prioridad a los de áreas más críticas, como geriátricos, hoteles y centros de esparcimiento masivos. Una vez resuelto esto, decidimos poner en funciones este nuevo régimen de profesionalización para mejorar la calidad de las fiscalizaciones y aumentar el número de dotaciones que la llevan a cabo”, dijo a LA NACION Diego Gorgal, ministro de Gobierno porteño.
En ese sentido, esperan que las nuevas reglas de selección de los inspectores sean un mecanismo de filtro efectivo para combatir cualquier signo de corrupción.
Quienes se postulen para el cargo –la convocatoria será oportunamente anunciada en avisos de los diarios nacionales– deberán tener título universitario –relacionado con el área donde eventualmente desarrollará su tarea–, experiencia mínima de tres años en la profesión, certificado de los registros de reincidencia y de deudores alimentarios, no haber sido sancionado por el Consejo Profesional de su actividad y no tener relaciones con organismos estatales, entre otros requerimientos.
Luego, un comité de selección, que se constituirá en la órbita de la dirección que efectúe la convocatoria, evaluará a los postulantes, que deberán sortear exámenes en los que se medirá su nivel de conocimiento y habilidades profesionales, además de su idoneidad funcional.
Más evaluaciones
¿Qué sucederá con los actuales inspectores que fueron contratados de manera directa, sin previa evaluación? Para ellos también habrá un examen decisivo: primero, deberán realizar un curso de capacitación y de nivelación de conocimientos, y si no alcanzan a cumplir con las expectativas y las exigencias que requiere cada cargo, cesarán en sus funciones.
“De esta manera esperamos tener, en un proceso de entre 8 y 10 meses, un cuerpo de inspectores ampliado y con un alto nivel de conocimiento en la materia que específica que abordará, lo que nos permitirá alcanzar una mayor eficacia. Hasta ayer uno podía contratar a un inspector directamente, de la misma manera que lo hace para emplear a una secretaria. Ahora será muy distinto: se buscará no sólo la eficiencia sino también la transparencia”, explicó Gorgal.
En esta nueva etapa, el gobierno ampliará la tarea de fiscalización en sectores definidos como prioritarios, como los geriátricos, hoteles, clínicas privadas, estaciones de servicios, centros de esparcimiento masivo, locales nocturnos y fábricas y grandes establecimientos.
Surge de un informe presentado que el gobierno también planea intensificar los controles en los ascensores, fachadas y estructuras peligrosas que hubiera en la ciudad, cuyo control está a cargo de la Dirección General de Obras y Catastro. También, los inspectores de medio ambiente tienen previsto potenciar su tarea sobre efluentes, residuos industriales peligrosos y patogénicos, ruidos molestos y gases de fuentes móviles, el control de plagas y el acopio de combustibles.
En definitiva, una larga enumeración de problemas que afectan a los porteños, derivados de las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad, y que en muchas ocasiones no hallan solución por la falta de inspecciones rigurosas.
Por Pablo Tomino
De la Redacción de LA NACION
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