Viernes, 19 de mayo de 2006
Abre el Gobierno el debate para despenalizar el aborto
Abre el Gobierno el debate para despenalizar el aborto |El Ministerio de Justicia presentó un anteproyecto de ley e invitó a la sociedad a discutirlo
- Adrián Ventura |Una discusión de muy difícil consenso
El 52% lo justifica en ocasiones
Según el tema, las opiniones están divididas entre los juristas
La Iglesia insiste en que se debe defender la vida
El Gobierno rompió ayer un tabú: puso a consideración de la sociedad un proyecto de reforma del Código Penal que despenaliza el aborto. También propone liberar la tenencia de drogas para consumo personal y atenuar la pena de la eutanasia.
Si bien el Gobierno no dio a conocer su posición sobre estos temas, el proyecto lleva la firma del secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación, Alejandro Slokar, coordinador de la comisión de reconocidos juristas que trabajó durante el año pasado en esta propuesta de reforma integral del Código Penal.
Ahora el Ministerio de Justicia abrirá el debate a la sociedad. Hasta el 15 de agosto recibirá observaciones sobre el proyecto en su página de internet ( www.jus.gov.ar ), donde ya están publicados los 341 artículos que integran la nueva propuesta de Código. Las “entidades más representativas vinculadas con la materia penal” serán especialmente invitadas a opinar.
La fórmula utilizada en la iniciativa sobre aborto es muy amplia y deja librado al criterio del juez decidir qué circunstancias lo justificarían: “No es punible la mujer –dice el artículo 93 del proyecto de Código–cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de los tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieren excusable”.
La ambigüedad de la redacción del artículo “no fue inocente”, según relataron a LA NACION miembros de la comisión. Se debe a que este tema provocó una fuerte polémica entre los juristas, que no lograron una fórmula más clara que contentara a todos.
"Se redactó así para establecer algún freno, para que la mujer no tenga una libertad total -explicó a LA NACION Javier De Luca, representante de la magistratura judicial en la comisión-. Yo, personalmente, hubiera hecho una fórmula más amplia del derecho a abortar, pero muchos se opusieron", explicó.
Según el nuevo proyecto, que sigue estableciendo como regla general que el aborto es punible, tampoco será castigado el médico que lo practicare dentro de los tres meses desde la concepción "con el consentimiento de la mujer, cuando previamente la haya asesorado sobre las consecuencias del hecho y las razones existentes para preservar la vida del feto".
Ni aquel médico que realizara un aborto cuando el embarazo proviniera de una violación. Hoy, la ley ya prevé esta forma de abuso sexual como uno de los casos de excepción -el otro es el aborto terapéutico- pero sólo cuando la mujer es "idiota o demente".
Sí castiga el flamante proyecto -y esto es una novedad- las lesiones contra un feto. Si el delito es doloso, la pena es de uno a cuatro años de prisión. Si la lesión se produce por negligencia, la pena es de un mes a un año.
El 31 de agosto próximo, la Comisión para la Elaboración del Proyecto de ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal, tal es su nombre formal, elevará al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, el proyecto que presentó ayer junto con el informe sobre las opiniones recabadas.
En diálogo con LA NACION, la secretaria de Justicia, Marcela Losarso, afirmó ayer que "la comisión está integrada por muy buenos juristas", pero advirtió que "el proyecto todavía puede ser perfeccionado".
Si bien el Gobierno nunca se manifestó abiertamente sobre el aborto, el año último el presidente Néstor Kirchner aprobó un decálogo de 247 iniciativas contra la discriminación, que planteaba la necesidad de "hacer efectiva la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (...) propiciando el marco para un debate social sobre el aborto no punible".
800.000 por año
En tanto el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró en varias oportunidades que unas 800.000 mujeres abortan por año en la Argentina y alrededor de 500 mueren como resultado de abortos mal practicados, y sostuvo que "la legalización del aborto podría mejorar esa situación".
El obispo castrense, Antonio Baseotto, cuestionó a González García por esos dichos con una frase bíblica, lo que provocó un gran escándalo. "Los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar", había dicho el obispo.
Hoy, en la Cámara de Diputados hay 11 proyectos de despenalización del aborto. Pero ninguno está en la agenda inmediata de las comisiones.
El proyecto de reforma presentado ayer también contempla la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal -en coincidencia con la última jurisprudencia de los tribunales penales de primera y segunda instancias- y de la producción de drogas para consumo personal. En la Cámara baja hay dos proyectos para despenalizar la tenencia y el consumo de marihuana.
La iniciativa presentada ayer por la comisión de juristas contempla también la eutanasia. El artículo 89 establece: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que por sentimientos de piedad y por un pedido inequívoco de quien esté sufriendo una enfermedad incurable o terminal causare o no evitare la muerte del enfermo".
También en este caso los juristas dejan un amplio margen para la discrecionalidad de los magistrados. El artículo agrega: "El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, reducir la pena a la mitad o eximir totalmente de ella". En los últimos años se conocieron en el país varios casos que rozan esta figura. De hecho, ayer trascendió uno en Neuquén (sobre el que se informa en la página 15).
La comisión de expertos que redactó este flamante proyecto está integrada por abogados, jueces y docentes de primer nivel, y presidida por el ministro de Justicia . Sus miembros son: David Baigún, Raúl Ochoa, Carlos Chiara Díaz, Guillermo Yacobucci, Edmundo Hendler, Daniel Erbetta, Alejandro Tizón y Gustavo Raúl Ferreyra.
Todos ellos fueron convocados por el Gobierno para ajustar el Código Penal a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, darle mayor eficacia y lograr que recupere la coherencia interna que perdió tras las casi 900 reformas que sufrió desde su sanción, en 1922. "Hoy tiene más pena secuestrar a una mujer embarazada que matarla", explicaron en la presentación del proyecto, en el Ministerio de Justicia.
Entre sus ejes principales, la iniciativa también establece los derechos humanos como prioritarios para el Estado y, en este sentido, tipifica el genocidio y la desaparición forzada de personas. Y dedica un título nuevo a los delitos contra el ambiente.
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
Adrián Ventura |Una discusión de muy difícil consenso
La despenalización del aborto dentro de los tres primeros meses de embarazo parece ser un debate inconducente.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el proyecto presentado ayer en el ámbito del Ministerio de Justicia no es una iniciativa elaborada por esa cartera, sino por una comisión de juristas. Los expertos son especialistas de primera línea, pero la visión de la comisión en todos los puntos expuestos en el proyecto no representa la de la cartera que conduce Alberto Iribarne.
En rigor, el Ministerio de Salud puede estar más cerca del criterio de esos juristas, pero no parece que el Gobierno vaya a hacer suya esa posición.
Ayer, el proyecto de la Comisión entró, a decir verdad, en un período de consultas. "Es la opinión de los juristas, que son muy competentes y trabajaron durante dos años. Pero, ahora, el Ministerio lo someterá a consideración pública y puede ser perfeccionado", dijo Marcela Losardo, secretaria de Justicia. Quizá no fue casual que, ayer, Iribarne no haya estado presente en el acto donde se presentó el trabajo, más allá de que en el Gobierno exista la intención de impulsar la reforma del Código Penal una vez que ese proyecto sea debatido.
En segundo lugar, la discusión sobre el aborto es de difícil consenso porque, más que fomentar un debate racional, despierta pasiones sociales encontradas y hasta irreconciliables. La experiencia ha demostrado que el acuerdo en este tema está lejano.
La Suprema Corte de los Estados Unidos, en 1973, intervino en un conflicto similar que se planteó en la causa Roe v. Wade y por siete votos a dos ese tribunal convalidó la práctica del aborto.
Desde entonces, la sociedad norteamericana quedó dividida en pro-choice (en favor de la opción aborto) y prolife (en contra del aborto) y, de tanto en tanto, se intentó que la Corte cambiase de posición.
Ahora, una vez más, la sociedad norteamericana espera que la Corte, desde hace pocos meses presidida por el conservador John G. Roberts, admita un caso sobre aborto y se pronuncie nuevamente. Es que el aborto pone en juego valores muy atendibles, pero imposibles de compatibilizar: la libertad de la mujer, por un lado, y la vida del niño, por el otro. Y no cabe duda de que el valor de la vida es muy fuerte y esencial como para que los partidarios de que el aborto siga prohibido tengan sólidos argumentos para discutir y sostener su criterio.
Más aún, en un momento en que el Gobierno alienta el proyecto reeleccionista, ningún provecho podría sacar al introducir en la arena social un debate que sólo fomentaría divisiones e, incluso, un enfrentamiento con la Iglesia.
En suma, es positivo que en democracia se debatan este tipo de asuntos. Y, cuando más racional sea la discusión, mayor será su riqueza. Pero, quizás, una sociedad que viene de atravesar profundas crisis y que enfrenta nuevos problemas no pueda prestar suficiente atención a una cuestión donde está en juego la vida de un tercero: el niño, y la posición libérrima de una madre.
El 52% lo justifica en ocasiones
Sondeo realizado por Gallup; en 50 países ya está legalizado
Cinco de cada diez argentinos justifican el aborto en ciertas ocasiones ("a veces"), mientras que para un 6% "siempre se justifica" la interrupción de un embarazo. En cambio, otro 38% respondió que "nunca" es así. Los datos surgen de una encuesta que realizó la consultora Gallup para la Universidad Austral en diciembre último. El sondeo se realizó sobre un total de 1000 entrevistas domiciliarias entre mayores de 18 años de todo el país, y pretendía indagar acerca de la opinión de los consultados sobre el matrimonio y la familia.
Según los resultados, los hombres están de acuerdo con el aborto en mayor medida que las mujeres: el 61% de ellos lo justificó "siempre" o "a veces", contra el 56% de las mujeres que dio esas respuestas. En Capital, el grado de justificación total o parcial del aborto alcanza al 72% de los consultados.
Otro sondeo, realizado por el estudio Graciela Römer a fines de 2003, señalaba que el nivel de aceptación crecía cuando se planteaban situaciones especiales. En ese trabajo, el 47% que en un principio se había opuesto, lo justificaba después en ciertas condiciones.
Existen 50 países en el mundo en los que se autoriza el aborto sin restricciones, como China, Francia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos, según se detalla en un documento de trabajo del Departamento de Bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ellos vive el 41% de la población mundial.
Otro 21% vive en 14 países en los que el aborto está permitido cuando una mujer puede mostrar que llevar a término un embarazo le causaría penurias sociales o económicas. En Barbados, Gran Bretaña, la India y Zambia hay leyes que permiten al personal médico considerar los recursos económicos de la mujer, la edad y el número de hijos para interrumpir un embarazo.
En 53 países que albergan al 13% de la población el aborto sólo está permitido cuando el embarazo representa una "amenaza a la salud". En algunas naciones "las amenazas a la salud mental" pueden ser causa de aborto. En los Estados en los que está prohibido o sólo permitido para salvar la vida de la madre (74 países), vive el 26 por ciento de los habitantes del mundo.
En América latina, la mayoría de los países lo prohíbe expresamente. Sólo Cuba, Puerto Rico y Guyana tienen legislaciones liberales.
La semana última, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto y decidió que no será delito cuando la vida de la madre corra peligro, se compruebe malformación del feto o el embarazo sea producto de una violación o de inseminación artificial, o transferencia de óvulos fecundados no consentidos por la mujer. En Brasil, en 2005, el gobierno legalizó la práctica en hospitales con la condición de que las mujeres dijeran que fueron víctimas de violencia sexual, sin estar obligadas a haberlo denunciado.
Según el tema, las opiniones están divididas entre los juristas
La facultad de terminar con un embarazo, el más polémico
Mientras que coincidieron sobre la viabilidad de la posible despenalización de la tenencia simple de droga para consumo personal, cuatro juristas consultados ayer por LA NACION expresaron posturas opuestas, de adhesión y rechazo, sobre la eliminación de la pena para las mujeres que realicen aborto hasta los primeros tres meses de embarazo.
El más enfático opositor del artículo 93 del proyecto de reforma del Código Penal, que despenaliza el aborto "dentro de los tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieren excusable", fue el constitucionalista Gregorio Badeni, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Para Badeni, si se aprobara la iniciativa, "se estaría convalidando el homicidio". El jurista argumentó que la Comisión Americana de Derechos Humanos dice que la vida empieza con la concepción. "No se puede permitir, aunque haya razones determinadas, la muerte de una persona. Esa posibilidad choca contra el Pacto de San José de Costa Rica", agregó.
Según Badeni, tampoco se debería despenalizar el aborto en los casos de violación, tal como lo establece el proyecto presentado ayer por una comisión de juristas. "Significaría hacer recaer sobre un ser inocente el acto delictivo del violador", afirmó.
En el otro extremo, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, consideró que el Pacto de San José de Costa Rica "permite la legalización del aborto porque habla de «protección integral de la salud y la familia»".
Irónico, Rizzo sostuvo que "el aborto hoy es legal para los que tienen plata". Según el presidente de los abogados porteños (que aclaró que hablaba a título personal), la aprobación de la iniciativa significaría un avance porque se brindarían condiciones de higiene y seguridad a las mujeres que deciden abortar. Pero se preguntó: "¿El Gobierno va a garantizar el aborto en los casos de violaciones? O va a dejar que se siga usando el método de las agujas de tejer [para extraer el feto del útero materno]?".
El ex juez de la Corte Suprema Gustavo Bossert festejó que se amplíe la despenalización para los casos de violación, que hasta ahora estaba restringida a las mujeres "dementes o enfermas". Pero no quiso opinar sobre el artículo más polémico.
El presidente de la Academia Nacional de Ciencias Penales, Omar Breglia Arias, expresó que la despenalización del aborto hasta los tres meses de embarazo es una tendencia que proviene del derecho alemán. "Es una posición intermedia entre la postura abolicionista y la contraria", dijo. Según el jurista, las razones sociales y de salud serían las que se tendrán en cuenta para permitir un aborto.
La eliminación de la pena para la tenencia simple de droga para consumo personal casi no produjo discusión entre los especialistas consultados por LA NACION. "Parte de los principios modernos que indican que al drogadicto hay que considerarlo como un enfermo e intentar rehabilitarlo, pero nunca meterlo preso", dijo Bossert. Según Badeni, el cambio en ese punto sería constitucionalmente "irreprochable".
La Iglesia insiste en que se debe defender la vida
Rechazo de católicos al proyecto de juristas
Lamentable, inconstitucional, discriminatoria e incoherente. Así consideraron la propuesta para despenalizar el aborto varios católicos expertos en bioética que representan la postura de la Iglesia Católica.
La doctrina de la Iglesia considera el aborto como un crimen y, "siempre, como un fracaso", dijo ayer a LA NACION el padre Rubén Revello, coordinador del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA).
"Es lamentable que el proyecto de reforma del Código Penal incluya la ampliación de la despenalización del aborto", afirmó, por su parte, el abogado especializado en bioética y profesor de la UCA Nicolás Laferrière, quien recordó que el Papa Juan Pablo II había ratificado la condena al aborto en la encíclica Evangelium Vitae, escrita en 1995, entre otros documentos pontificios. Postura que fue reiterada por el Episcopado argentino el año pasado en su declaración "Apostemos por la vida".
Según Laferrière, la inclusión de causales de no punibilidad supone una manifiesta inconstitucionalidad, incoherencia y discriminación de las personas por nacer, porque la Constitución y todo el orden jurídico, incluido el Código Civil, tutelan el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Revello consideró que "al abandonar la penalización de estas actitudes se busca, como consecuencia, adormecer la conciencia de la sociedad respecto de la gravedad de lo que significa que una madre mate a su hijo".
Con respecto al considerado aborto terapéutico (practicado cuando la vida de la madre corre peligro), el sacerdote dijo que "no existe" porque "nunca puede ser una medida terapéutica matar a alguien para que otro sobreviva".
La punición del aborto después de los tres meses de gestación, contemplada en el artículo 93 del proyecto, es, según Revello, contradictoria porque "¿cuáles podrían ser las excusas que hagan posible el aborto antes y no después de ese período de tiempo? Es un lenguaje intencionalmente ambiguo, para dejar abierto el camino a la imposición en la conciencia social de la disminución de la gravedad del hecho".
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