Editorial |Inspectores en tela de juicio
Quienes ya están deberán mejorar su rendimiento y quienes empiecen deberán tener sobresalientes credenciales. En síntesis, tal es la intención que inspiró al gobierno de la ciudad la flamante y positiva iniciativa de reestructurar su cuerpo de inspectores.
Bastaría echarles un vistazo a vuelo de pájaro a los diarios de los últimos cien años para encontrarse con decenas de denuncias acerca de las irregularidades y exacciones ilegales cometidas por esos funcionarios, antaño bajo la órbita municipal y ahora enrolados en la urbe autónoma. Fueron, pues, símbolo de la corrupción al por menor, cuando no mayorista, y el enquistamiento de sus estructuras resultó ser tan vigoroso que poco pudieron contra él numerosas campañas tendientes a erradicarlo.
Como ha informado LA NACION, entre 1999 y 2004 hubo no menos de 13 intervenciones normativas tendientes a librar al área de control de sus atávicas imperfecciones. Ninguna obtuvo los resultados esperados –aun el pase a disponibilidad de 500 agentes–, al punto que esas deficiencias fundamentaron, entre otros motivos, la destitución de Aníbal Ibarra.
Prescindir en absoluto de los inspectores sería imposible. La ciudad tiene muchísimas actividades y usos que requieren ser controlados. Están agrupados en seis grandes rubros: higiene y seguridad alimentaria, control de calidad ambiental, fiscalización y control, control de espectáculos, habilitaciones y permisos, y fiscalización de obras y catastro. En la actualidad ese conjunto ocupa a 448 inspectores y es intención del Ministerio de Gobierno local aumentar esa cantidad en algo más de 200 puestos. Una cifra escasa, si se compara con los más de 100.000 trabajadores que cuenta la Ciudad –a algunos, si es que son competentes, se los podría reasignar a la inspección– y, sobre todo, si se repara en que en el ámbito urbano hay 280.000 establecimientos, desde fábricas hasta locales de expendio de alimentos y desde geriátricos hasta salas de espectáculos, que requieren ser examinados.
El reclutamiento de los nuevos inspectores tendrá hondas diferencias con los requerimientos anteriores. Es evidente que la catástrofe de Cromagnon todavía pesa sobre muchas conciencias. Razón más que sobrada para explicar el renovado planteo que ha entrado en vigor merced a un decreto suscripto por el jefe de gobierno, Jorge Telerman.
Los inspectores por ingresar serán convocados mediante concursos, cuya realización será difundida en diarios de alcance nacional, deberán tener título universitario vinculado con sus futuras tareas, experiencia de por lo menos tres años en el ejercicio de esa profesión y no registrar antecedentes penales ni deudas por cuotas alimentarias. También será requisito no haber sido sancionados por el consejo profesional de su actividad y no estar relacionados con organismos estatales y, por supuesto, deberán aprobar los exámenes de idoneidad y competencia. Mientras tanto, los inspectores que ya están en funciones no quedarán al margen de esas demandas: tendrán que afrontar las pruebas de reválida de su condición de tales.
Sin embargo, así y todo esta profunda reforma de poco o nada habrá de servir si en lugar de realizar una selección sincera y transparente, el gobierno persiste en tolerar que el organismo de inspección siga siendo, al igual que muchas otras dependencias de la administración porteña, cantera propicia para retribuir favores políticos y recaudar fondos espurios destinados a lubricar actos y empresas proselitistas.
La condición de inspector debe dejar de ser motivo de merecido descrédito y tornarse garantía de incorruptibilidad, honradez y capacidad operativa. Es imprescindible que la inspección –o como se la llegue a denominar– se haga merecedora de la confianza del conjunto de la sociedad. Porque si ese organismo no convence a la sociedad de que ha dejado de ser un nido de irregularidades y de actos de corrupción, poco o nada habrá de aportarle a la finalidad esencial de contribuir a preservar y mejorar la calidad de vida de la ciudad y de sus habitantes.
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