Editorial |La situación ambiental del país
La Fundación Vida Silvestre acaba de presentar el libro La situación ambiental argentina 2005 , un informe que detalla no sólo los problemas más preocupantes respecto del medio ambiente en nuestro país, sino también algunas de sus posibles soluciones. Organizado por grandes regiones ecológicas de modo de discutir cada problema en relación con las leyes naturales que se imponen en cada zona, el informe exhibe un panorama ciertamente preocupante.
El desmonte de bosques autóctonos es, sin duda, uno de los temas más graves: cada año se pierden 250.000 hectáreas de esos ambientes que, además de ser el hábitat de nuestra flora y fauna originales, sirven para amortiguar inundaciones, proveer de polinizadores naturales al agro, atraer turistas o exportar, si se los maneja cuidadosamente, productos elaborados de maderas preciosas. La loable meta del Estado de proteger al menos el 15 por ciento de nuestro territorio natural originario parece lejana, dado que sólo el 1,5 por ciento de las áreas protegidas del país -incluidas las federales, provinciales y municipales- tiene un grado de control aceptable.
El documento es el resultado de más de un año de trabajo silencioso de la prestigiosa organización de bien público, que convocó a 148 especialistas en los más diversos temas ambientales para hacer una nueva radiografía del estado del ambiente en el país -la anterior era de 2000- y también preparó una encuesta sobre la percepción pública respecto de problemas de ese tipo.
A través de la encuesta queda claro que los ciudadanos de casi todas las provincias, por otra parte, reclaman más y mejores controles sobre diversas fuentes de contaminación. El Riachuelo es, en este sentido, un triste emblema que sólo ha despertado, hasta ahora, anuncios rimbombantes seguidos de reiterados desencantos.
Entre las principales recomendaciones del estudio surgen herramientas que, si son correctamente diseñadas, pueden ser agentes de cambio, como la jerarquización de la máxima autoridad ambiental nacional a rango ministerial o la urgente convocatoria federal a una planificación multisectorial, participativa y ordenada del uso del territorio y sus recursos para las próximas décadas.
Con este horizonte, se entiende que en la publicación no sólo opinen expertos académicos y las ONG ambientales, sino también diversas agencias del Estado e incluso algunos líderes de la producción. Esta interacción es uno de los caminos posibles para generar puentes de diálogo entre sectores que con demasiada frecuencia olvidan qué significa participar en forma constructiva en una política de Estado y se dedican exclusivamente a impulsar sus propias agendas, descuartizando -conscientemente o no- cualquier plan.
Es de esperar que esta edición, que contó con el apoyo de las embajadas de España, Gran Bretaña y Suiza, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Banco Mundial, sea leída con toda atención, especialmente por nuestros legisladores, jueces y gobernantes, con el fin de elaborar sólidamente la política ambiental de Estado que recientemente proclamó el presidente de la Nación.
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