Córdoba: Ponen en marcha otras 1.500 causas civiles contra el estado
CORDOBA, may 31 (DyN) - El juzgado federal de Río Cuarto, a cargo de la investigación de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero ocurridas en noviembre de 1995, puso en marcha otras 1.500 causas civiles contra el estado por daños y perjuicios.
La jueza federal subrogante Clara Curtino se encuentra a cargo de unos tres mil juicios civiles contra el estado por perjuicios psíquicos y morales sufridos por pobladores de Río Tercero, donde la explosión provocó la muerte de siete personas, heridas a otras 300 y pérdidas materiales millonarias.
Además, según informó la prensa local tras consultar fuentes judiciales, se pagaron indemnizaciones por 85 millones, pero ahora se afrontan demandas por 450 millones.
Por otra parte, sigue adelante el juicio penal a cargo del conjuez Diego Estevez, quien investiga responsabilidades entre las autoridades militares por la explosición en la fábrica.
En ese marco, 500 causas pueden quedar a un paso del fallo en caso de persistir la resolución de la jueza que revocó un decreto, que disponía la prejudicialidad penal de un juicio civil.
Esto significa que las causas civiles podrán resolverse sin tener que esperar la sentencia penal, aunque falta el dictamen de la Cámara Federal de Córdoba, puesto que el fallo en cuestión fue apelado por el estado.
"Ya tenemos 1.500 expedientes, lo que constituye el primer paso dentro del proceso de tramitación", dijo al diario Puntal la titular de la Secretaría Civil Sección Río Tercero, María José Fauda.
En los hechos, esto significa que se comienzan a tramitar por la vía civil 1.500 causas más, a los efectos de poder avanzar en su resolución.
En abril de 2005 la mayoría de las causas civiles se encontraban paralizadas por diferencias de criterio entre el ex juez federal de Río Cuarto Luis Martínez y el abogado Mario Ponce, quien patrocina a casi 9 mil personas damnificados por la trágica explosión.
Pero a mitad de ese año los juicios contra el estado comenzaron a reactivarse, luego que la cámara federal rechazó el recurso extraordinario presentado por Ponce.
Diez años después de las explosiones que sacudieron a Río Tercero, dado que la principal deflagración se produjo el 3 de noviembre de 1995 y la segunda 21 días después, la justicia no determinó si la voladura de la fábrica militar fue intencional, como aseguraron varios testigos.
Tampoco determinó si tuvo vinculación con la aparente venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, cuando esos países afrontabas guerras con otros estados.
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