Editorial |La SIDE y el pago a periodistas
El presidente de la Nación tiene razón al afirmar que las sospechas sobre el pago irregular de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a ciertos periodistas afecta a toda la prensa independiente. Pero se equivoca cuando les exige a las entidades que agrupan a las empresas o a los periodistas que investiguen esas presuntas irregularidades, porque es el propio Estado el que debe y puede dar las respuestas sobre el presunto destino ilegal de los fondos reservados de la actual Secretaría de Inteligencia (SI).
Para ello, el primer mandatario haría un aporte fundamental a la transparencia en el uso de los recursos públicos si ordenase al organismo de inteligencia, que depende en forma directa de él, una profunda investigación para esclarecer estos hechos de corrupción, que afectan por igual las arcas del Estado, la credibilidad de la prensa y la honorabilidad de los periodistas.
Existe desde hace mucho tiempo una generalizada impresión de que la Secretaría de Inteligencia -conocida comúnmente por su antigua sigla, SIDE- ha respondido tradicionalmente a los intereses políticos de turno antes que a una misión estratégica relacionada con las necesidades de la Nación. El espionaje durante las campañas electorales y las denuncias de escuchas ilegales -no autorizadas por la Justicia- han sido moneda corriente en la Argentina de los últimos años. Por ello, es fundamental el funcionamiento de los organismos de control para garantizar su transparencia.
Las sospechas sobre la existencia de una lista de 200 periodistas a quienes la SIDE les habría pagado durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa fue hecha pública por una consultora norteamericana que asesoró al gobierno de la Alianza. Específicamente, Mattie Lolavar, ex socia del consultor Dick Morris -funcionario del gobierno del ex presidente Bill Clinton-, había mencionado en una entrevista con LA NACION que se trataba de periodistas "de los principales diarios y revistas".
El presidente Kirchner les otorgó entidad a esos dichos en un acto público en la Casa Rosada y pidió a las entidades periodísticas que investigaran.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), con absoluta razón, señaló que no cuenta ni podría contar con los medios requeridos para semejante tarea ni es tampoco su función. "La determinación de si efectivamente existieron -o si aún existen- pagos con fondos públicos, sean de la Secretaría de Inteligencia o de cualquier otra dependencia oficial destinados a solventar operaciones de prensa, es una obligación del Gobierno por tratarse de hechos de lisa y llana corrupción con directa implicancia de áreas del Estado", indicó la entidad que agrupa a empresas editoras de publicaciones periodísticas de aparición regular y circulación general.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), integrado por profesionales de medios gráficos, radiales y televisivos interesados por la ética de la profesión, le solicitó al primer mandatario que en beneficio de la transparencia y el esclarecimiento de estas sospechas ordenara a los organismos del Estado que dieran a conocer, si los hubiera, los nombres de quienes han recibido dinero de la Secretaría de Inteligencia. En marzo de 2004, esa entidad había solicitado al titular de ese organismo que contribuyera con su apoyo a esclarecer las permanentes sospechas sobre el pago de sobornos a periodistas.
El Presidente ha asegurado que esas presuntas prácticas irregulares no se mantienen en su gobierno, lo cual merece ser saludado como un paso beneficioso y sustancial para la transparencia y salud institucional del país. La contribución sería aún mayor si hiciese lugar a los pedidos para que se pueda acceder a la información reservada en poder de la SI, que permita descorrer el velo sobre estas supuestas irregularidades.
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