¿Aceptará el Gobierno que le controlen una caja con US$ 1.000 millones?
Es la de los fondos fiduciarios, cuyo uso y destino depende sólo del Ejecutivo. Si se le suman otras cajas, los recursos disponibles pasan de US$ 2.700 millones.
Alcadio Oña
aona@clarin.com
Vicepresidenta tercera de la Cámara de Diputados por obra y gracia del acuerdo entre ex duhaldistas devenidos en oficialistas y oficialistas más antiguos, Graciela Camaño, tiene presentado un proyecto de ley que ninguna gracia le causaría al Gobierno si verdaderamente fuera sancionado. Implicaría someter a control parlamentario a una caja oficial que reúne más de 1.000 millones de dólares, la de los llamados fondos fiduciarios.
La cuenta se integra, entre otras fuentes, con impuestos al consumo, aportes del Tesoro y créditos de organismos internacionales. Y sus recursos son empleados para los más diversos fines: desde subsidiar el transporte público y de cargas, a empresas de peaje y al propio gremio de los camioneros, hasta financiar obras de infraestructura y auxiliar a las provincias para que éstas, a su vez, salden deudas con la Nación.
Es mucho más que probable que el proyecto de ley de Camaño termine en el freezer y que ella misma decida no insistir. Aún así, tiene la virtud de mostrar todo lo que no se hace, o se debiera hacer, con el manejo de semejante monto de plata.
La legisladora propone que una Comisión Bicameral controle el destino de esos fondos, cuánto se gasta y a quienes se beneficia. También, el monto de la plata acumulada en los fiduciarios y qué aplicación financiera tiene, cómo se programan y ejecutan las licitaciones de proyectos de inversión y qué otras contrataciones se realizan.
La iniciativa pretende que se cumpla con varios requisitos más. Pero sólo ese listado da cuenta, por simple oposición, del muy alto grado de liberalidad con el que hoy se estaría disponiendo de esos recursos.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo se limita a informarle al Congreso sobre unos pocos datos globales, con desagregados también muy generales: incluyen el monto de ingresos y gastos y los resultados económico y financiero. Nada hay allí de lo que pretende la iniciativa de Camaño. Más aún, esas cuentas ni siquiera figuran en la propia Ley de Presupuesto.
El caso es que, además, los recursos de los fondos fiduciarios —y consecuentemente, su uso— han crecido de una manera notable: de $ 1.273 millones en 2002 a $ 3.680 millones en 2006, casi 190% en apenas seis años. Y del par que había, cuando fueron creados, a mediados de los 90, hoy existen dieciséis.
No es pura casualidad, por otra parte, que la legisladora ahora oficialista pretenda que se informe sobre cómo se emplea el excedente que no se gasta. Se calcula que a fines del año pasado, el superávit acumulado en los fondos fiduciarios llegaba a unos 4.000 millones de pesos.
Pero por fuera de los fiduciarios hay otra enorme masa de dinero que se maneja en el Estado sin mayor control del Congreso. Allí se anotan, según estimaciones de especialistas:
# Los cerca de 4.000 millones que a fin de año ya se acumularían en la caja de ATN que depende de la Jefatura de Gabinete. Los ATN se nutren de un porcentaje de la coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias. Habitualmente utilizados para premiar a gobernadores amigos, hace un tiempo que casi ni se los toca.
# Y los aproximadamente 2.500 millones que habría en la AFIP, fruto de una retención sobre las recaudaciones impositiva y aduanera para presuntos gastos del organismo.
Así, entre la liquidez de los fondos fiduciarios y las de los ATN y la AFIP habría disponibles más de 8.500 millones —arriba de 2.700 millones de dólares—, que suelen usarse para cubrir necesidades financieras del Tesoro Nacional.
Más suerte que el proyecto de Camaño tal vez tenga uno de Oscar Lamberto, un diputado por Santa Fe alineado con Carlos Reutemann. Lo que Lamberto propicia es un trámite ultrarrápido para aprobar los Decretos de Necesidad y Urgencia que disponen aumentos en los gastos del Estado y redistribuyen partidas sin respetar la Ley de Presupuesto.
Según la iniciativa de Lamberto, una comisión parlamentaria especial tendría 30 días para analizar los cambios; vencido ese plazo, se darían por aprobados de hecho. Para tener una idea de lo que está en juego: en 2005, a través de DNU se convalidaron $ 6.000 millones en mayores gastos.
INFOGRAFIA
http://www.clarin.com/diario/2006/06/03/elpais/p-02001.htm
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