Editorial |La vigencia de la vieja política
El presidente Néstor Kirchner afirmó el miércoles último que su gobierno pretende "terminar con el clientelismo", además de "construir ciudadanos y no clientes, como hacían las viejas políticas sociales".
Es muy difícil no estar de acuerdo con esos propósitos anunciados por el primer mandatario durante un acto en el cual se presentó el balance anual del Ministerio de Desarrollo Social en la localidad bonaerense de El Palomar. Pero cabe lamentar que, al igual que en otras ocasiones, los dichos presidenciales no coincidan con los hechos.
La reciente movilización hacia la Plaza de Mayo, convocada por el presidente de la Nación, no fue más que un muestrario de prácticas vinculadas con el clientelismo y con la vieja política que desde la Casa Rosada se dice combatir.
Poco tuvieron de nueva política los actos encabezados por el primer mandatario, en los que anunció obras públicas por millones de pesos en zonas donde necesitaba votos, durante la última campaña electoral. Y mucho se parecieron a lo que hacía Eduardo Duhalde con el tan cuestionado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Y qué decir del festival de entregas de artefactos electrodomésticos en las semanas previas a los comicios de octubre último en el distrito bonaerense.
Así, la vieja consideración por parte de la clase política de los sectores más pobres de la sociedad como una masa disponible dispuesta a venderse al mejor postor no parece haberse modificado en lo más mínimo.
No se advierten tampoco mayores diferencias entre la vieja política de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la época de Carlos Menem y la nueva política de los llamados "superpoderes" que autorizan al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar prácticamente a su antojo las partidas presupuestarias y gastar el dinero como le plazca, sin un efectivo control parlamentario. La principal diferencia entre una y otra política es que, en la actualidad, se dispone de muchos más recursos que en los años 90 para utilizar en forma tan poco transparente.
Tal como se señaló recientemente en esta columna editorial, es más que cuestionable el reparto discrecional que tanto el actual gobierno nacional como aquellos que lo antecedieron efectuaron con los ATN, un instrumento que se presta a todo tipo de arbitrariedades y, también, un caldo de cultivo para la corrupción.
Al presidente Carlos Menem se le endilgó con razón el uso arbitrario de los ATN para captar la voluntad de los gobernadores y de parlamentarios del interior del país. Es legítimo, entonces, preguntarse si acaso quienes hoy ocupan esos cargos son más independientes que en la época de Menem respecto de los fondos que les transfiere la administración nacional.
No menos decadente resulta que, de acuerdo con denuncias de organizaciones no gubernamentales y de legisladores nacionales de la oposición, el gobierno de Kirchner no suministre información completa ni precisa acerca de auténticos "agujeros negros" del gasto público.
Recientemente, por ejemplo, el Ministerio del Interior informó a la Fundación Poder Ciudadano que se habían ejecutado 82 millones de pesos durante 2004 en ATN; en el Boletín Fiscal, el Ministerio de Economía señaló que la cifra ascendía, en cambio, a 72 millones, en tanto que en el informe brindado por la Jefatura de Gabinete se hablaba de 56 millones de pesos.
Algo semejante ocurre con los gastos en publicidad oficial, donde las cifras difundidas por la Secretaría de Medios de la Nación difieren de las informadas por el jefe de Gabinete. Así, un trabajo de Poder Ciudadano, realizado a partir de datos suministrados por el secretario de Medios, indica que el presupuesto nacional de 2005 contemplaba una inversión en aquel rubro de 88,6 millones de pesos, aunque el ejecutado ascendió a 127,4 millones; es decir que se dispuso un incremento de 38,8 millones de pesos merced a las facultades delegadas de que goza la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, en el reciente informe de gestión de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados de la Nación, las cifras del Gobierno son diferentes: según el jefe de Gabinete, la inversión final en publicidad oficial fue de 117,1 millones de pesos, 10 millones menos de lo señalado por la Secretaría de Medios.
En síntesis, el uso de la chequera oficial para comprar voluntades, al igual que la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos apartándose de la ley de presupuesto y sin mayores controles parlamentarios, entre otras cosas, terminan desmintiendo en la práctica los sanos propósitos enunciados por el jefe del Estado en el sentido de terminar con el clientelismo.
Es de esperar que se pase de las palabras a los hechos, para que los vicios de la vieja política pierdan vigencia y en un futuro cercano se pongan en vigor mecanismos de control más idóneos e instituciones más eficientes.
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