Editorial |Para revertir la exclusión social
La exclusión social que han de padecer los menores nacidos en los estratos de la pobreza y la indigencia constituye uno de los mayores problemas a enfrentar en el seno de la sociedad argentina. Hay clara conciencia en estos momentos de que la educación es el camino obligado para permitir el rescate social de tantos chicos lanzados a un mundo de privaciones. Ahora bien, la enseñanza que se ofrezca a esa infancia desvalida de recursos y apoyos debería garantizar el principio de la igualdad de oportunidades, punto de partida necesario para avanzar hacia una sociedad más equitativa.
Muchos de los programas asistenciales puestos en marcha se justifican plenamente ante una demanda tan urgente como la del hambre, pero bien se sabe que así no se resuelve la cuestión de fondo, además de que se agrega la tentación de que esos programas sean aplicados con propósitos muy diferentes, como es manipular a sus beneficiarios a través del clientelismo político.
La escuela, por lo tanto, debe asumir un rol protagónico en la lucha contra la exclusión social. Desde luego, debe ser una escuela concentrada en objetivos educativos, de modo que no consuma su tiempo y sus energías en alimentar y contener afectivamente a los alumnos, como ha venido ocurriendo hasta ahora. La gran tarea es, entonces, retomar con decisión la tradición admirable que se inició con la ley 1420, instrumento bajo cuyo amparo las generaciones de inmigrantes se capacitaron para el trabajo productivo, pudieron alcanzar desarrollo personal y social, y se prepararon para el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos.
En verdad se tiene que reconocer que estamos distantes de poder proclamar que existe la deseada "igualdad de oportunidades". Mucho hay que hacer para lograrlo. La equidad no se cumple cuando hay desequilibrios notorios de recursos entre los establecimientos escolares de distintos barrios, de distintas jurisdicciones, hasta el punto que es válido afirmar que el sistema educativo tal como funciona hoy incluso genera condiciones para la segregación social. No se trata sólo de la desigualdad de medios materiales; hay conciencia de que los severos problemas humanos y sociales de hoy requieren directivos y docentes especialmente entrenados para encararlos y esa preparación tiene que ser dispensada para que el esfuerzo pueda ser eficiente.
Desde ya que la aspiración de equilibrar recursos humanos y materiales es costosa. En este sentido, la ley de financiamiento educativo abrirá expectativas promisorias, si se la aplica con los debidos controles y se verifica su incremento progresivo. Este aporte presupuestario ha de servir, también, para que se puedan hacer efectivas dos políticas educativas coherentes con las metas de inclusión social: la doble escolaridad y la extensión de la educación inicial. Para que estos avances se consoliden deben proponerse políticas de desarrollo económico-social, con la creación de fuentes de trabajo que vayan eliminando las demandas de asistencialidad.
También es oportuno señalar que la escuela argentina, que logró el objetivo de la universalidad de la enseñanza primaria hace ya tiempo, tiene, empero, que continuar con denuedo la lucha contra los males del abandono escolar y la deserción. Por todos los medios hay que llevar a la conciencia pública la convicción de que quien deja de aprender y estudiar reduce gravemente sus posibilidades futuras. De ahí que no haya peor pronóstico para un país que la existencia de muchísimos adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. Pero no sólo ellos, sino también los adultos deben asumir que en el mundo actual el medio más idóneo para vencer la desocupación reside en alcanzar una mejor capacitación para el trabajo.
Esta es una meta en la que todos los argentinos deberemos estar comprometidos, tanto los dirigentes como el resto de los integrantes de nuestra sociedad.
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