Editorial |Terrenos en disputa
El Estado nacional posee terrenos baldíos dentro de la ciudad de Buenos Aires y pretende sacar provecho de ellos. A su vez, la metrópoli autónoma alienta la intención de llevar adelante proyectos urbanísticos de gran envergadura que, en más de un caso, recaen en esos solares. La factible colisión de ambos propósitos augura, en primera instancia, la aparición de probables desinteligencias que podrían atentar contra el mejoramiento de la fisonomía urbana y, en segunda, confirma cuán negativas siguen siendo las restricciones impuestas a la autonomía porteña.
Aunque en esta cuestión hay algún otro predio involucrado, el eje de la controversia pasa por los vastos terrenos de los antiguos talleres ferroviarios de Liniers. El organismo liquidador de esos bienes quiere venderlos con finalidades casi exclusivamente inmobiliarias; la ciudad, en cambio, sitúa en ellos el remate del denominado Corredor Verde del Oeste, anhelado producto del entierro definitivo de la traza de la ex línea Sarmiento, desde Caballito hasta, justamente, Liniers.
Al margen de ese detalle para nada menor, los ahora inactivos talleres son uno de los más significativos testimonios en pie de las épocas en que el ferrocarril era amo y señor del territorio argentino. Esas construcciones de época -que en algún momento se pensó destinar al Museo Nacional Ferroviario- tienen un enorme valor arquitectónico y sumarían un irreemplazable aporte al rico patrimonio que en ese sentido distingue a nuestra ciudad.
Es altamente positiva la aspiración de que el destino de esos terrenos de Liniers vaya a ser el de conformar un espacio verde que, además, será parte de una propuesta urbanística integral. No es un misterio que la ciudad tiene un hondo déficit de esa clase de sitios aptos para la oxigenación del medio ambiente y de quienes en él habitamos, y el esparcimiento de la población.
Pero, como ya fue aclarado, los predios son de la Nación que, al parecer, no se ha dignado tomar nota de cuanto hay de significativo en los planes locales. La ciudad, pues, respetuosa del derecho de propiedad, sólo tendría dos caminos: comprar o expropiar dichos solares, o resignarse a tener que asistir de brazos cruzados al desvirtuamiento, aunque más no fuere parcial, de una de sus más importantes y necesarias iniciativas urbanísticas.
Si sobre el libre y pleno ejercicio de la autonomía constitucional de nuestra ciudad no pesase el cerrojo restrictivo aceitado por la ley Cafiero, ambas partes podrían negociar el destino final de las playas de maniobras y talleres ferroviaros de Liniers en estricto pie de igualdad. Como ello es por ahora imposible -téngase presente el ejemplo del casino portuario, reiteradamente clausurado por un juez local y otras tantas veces reabierto por un magistrado federal-, sería altamente positivo y muy bien visto que el Estado nacional actuase de manera tal que los terrenos no fuesen motivo de un enojoso e innecesario pleito, sino que pudieran llegar a ser el broche ideal de un proyecto tan ambicioso cuanto necesario.
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