Informe especial / el control de los fondos publicos : cuestionamientos a la Secretaria de Transporte por el manejo de los fondos fiduciarios |Objetan la falta de control sobre $ 1.600 millones en subsidios
Lo hizo la Auditoría General de la Nación en un informe por los beneficios al transporte. Critica la falta de rendición de gastos por parte de los empresarios y del sindicato de Moyano. Un juez ya investiga el caso.
Daniel Santoro
dasantoro@clarin.com
La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó esta semana la falta de controles en el otorgamiento de 1.600 millones de pesos en subsidios a empresas y sindicatos del transporte que hizo la Secretaría de Transporte entre el 2001 y diciembre del 2004 con plata extraída del llamado fondo fiduciario del gasoil.
En un informe de 120 páginas al que tuvo acceso Clarín en fuentes oficiales, la AGN —el máximo órgano de control del Congreso— reclamó, por ejemplo, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que cree un mecanismo de rendición de cuentas sobre la forma en que los empresarios gastan esos subsidios. Estos beneficios los otorga el Gobierno para evitar un aumento de los boletos que afecta a los sectores de menos recursos de la sociedad.
El informe también se queja porque Jaime, "no exige" a las empresas que cumplan con requisitos fijados para acceder a los subsidios como, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de los servicios en beneficio de las 20 millones de personas que viajan por mes en subte, 36 millones que usan trenes y 140 que lo hacen en colectivo en Capital y el Gran Buenos Aires.
Otra de las críticas apuntan al otorgamiento de un anticipo de 17 millones de pesos a la obra social del sindicato de Camioneros que lidera el kirchnerista Hugo Moyano para hacer exámenes psicofísicos a camioneros y del cual, hasta ahora, sólo se rindieron cuentas por poco más de la mitad.
El informe ya fue solicitado a la AGN por el juez federal Sergio Torres que investiga una denuncia por supuestas irregularidades en el manejo de los 20 fondos fiduciarios estatales. El manejo de estos fondos ha sido reiteradamente criticado por la líder del ARI, Elisa Carrió, y el senador radical Gerardo Morales, entre otros.
En la práctica, los fondos fiduciarios son cuentas bancarias especiales creadas en la década del '90 y alimentadas con dinero público que manejan funcionarios al margen del presupuesto nacional. Este año los fondos consignados en el presupuesto llegan a 4.178 millones de pesos (ver "Un presupuesto...").
La auditoría de la AGN al fondo del gasoil abarca los subsidios otorgados desde el 2001 hasta diciembre del 2004, es decir más de un año y medio de gestión de Jaime al frente de la Secretaría de Transporte.
Jaime, a través de un vocero consultado por Clarín, rechazó las críticas y afirmó que recién durante su gestión se empezó a controlar esta enorme masa de dinero (ver página 11). Además, dio una respuesta por escrito a la AGN que lleva su firma y no la de su jefe, el ministro de Planificación, Julio De Vido, lo que fue interpretado en fuentes parlamentarias como "una señal de distanciamiento" en este tema.
Otro aspecto criticado por la AGN es el margen de discreción que deja a los funcionarios la proliferación de decretos presidenciales y resoluciones ministeriales de este fondo fiduciario que fue creado por el decreto 976 de 2001 con el objeto específico de mejorar la infraestructura vial de todo el país.
Ante el aumento de este recurso que permite tener una caja a los funcionarios sin depender del Tesoro Nacional, el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy señaló reiteradamente la necesidad de que el Congreso le de un marco jurídico de regulación de estos fondos fiduciarios. El fondo del gasoil es el más grande de todos y distribuye $ 6 millones en promedio por día.
Los puntos principales del informe son:
# Critica la falta de cumplimiento de empresas de trenes y colectivos a las condiciones establecidas para recibir subsidios como mejorar la calidad de los servicios que se basa en auditorías anteriores (ver agn.gov.ar). También porque recién en diciembre del 2004 se creó un sistema de validación de las declaraciones juradas sobre la cantidad de pasajeros que las empresas dicen transportar que se usan para determinar el nivel de los subsidios.
# Objeta la contratación directa por más de 8 millones de pesos de la empresa "Proyectos de Informática" para la creación del Registro Unico del Transporte Automor (RUTA) en jurisdicción de la Gendarmería y con el fin de tener una base de datos de las empresas de transporte de carga. Y de la empresa Selene Publicidad por un contrato de $ 500 mil para la publicidad del RUTA.
En sus conclusiones, el informe señala que las amenazas de paro de los empresarios "con la laxitud evidenciada en los controles y en el accionar de la Secretaría de Transporte" convirtieron las condiciones para recibir subsidios "en meras enunciaciones formales de limitada aplicación y efectividad".
http://www.clarin.com/diario/2006/06/08/elpais/p-01001.htm
Un presupuesto paralelo que sube sin parar
Antonio Rossi
anrossi@clarin.com
Si bien comenzaron a aflorar en la década del 90, los fondos fiduciarios estatales registraron su mayor crecimiento en los últimos cuatro años. De seis que había a fines de 1999, saltaron actualmente a veinte y por sus cajas se movilizan más de $ 6.000 millones anuales.
Surgieron como una herramienta idónea para garantizar el pago de determinados proyectos y obras que no podían ejecutarse con las partidas presupuestarias normales. En la práctica funcionan como "cuentas especiales" que se alimentan con las tasas y cargos que pagan los usuarios y los aportes extraordinarios del Estado.
En teoría, todos tienen una finalidad específica y una reserva de liquidez para garantizar los pagos comprometidos.
Pero en la realidad, los fines y objetivos de los fondos fiduciarios se encuentran desvirtuados por la creciente discrecionalidad con que actúa el Gobierno a la hora de administrar los recursos. Para los ministerios que los manejan, los fondos se convirtieron en presupuestos paralelos.
El gran problema de los fondos fiduciarios es que carecen de un marco normativo global. Muy pocos fueron creados por ley y la gran mayoría se sustenta en decretos y resoluciones.
Y en materia de controles contables, los funcionarios que operan los fondos están exceptuados de cumplir con la ley de Administración Financiera.
La esencia de la mayoría de los fondos fiduciarios quedó desdibujada a mediados de 2004, cuando el Gobierno—por medio del decreto de necesidad y urgencia 906— abrió la puerta para utilizar las "disponibilidades líquidas y sin aplicación temporaria" para la compra de Letras de la Tesorería. De esa manera, los recursos de 16 fondos que habían sido creados con un destino específico quedaron a tiro del Ejecutivo que puede tomarlos libremente para cubrir otros gastos.
De los 16 fondos que aparecen incluidos en el decreto 906/04, sobresalen cinco que concentran más del 90% de los recursos en juego: el Sistema Integrado del Transporte (SIT) o fondo del gasoil; Desarrollo Provincial; Transporte Eléctrico Federal; Infraestructura Hídrica y el Fondo para subsidios de consumos residenciales de gas.
El SIT, a su vez, se divide en dos grandes ramas; el SISVIAL —destinado a obras viales— y el SITRANS, con el cual se pagan los subsidios a colectivos, trenes y camiones. Este megafondo —que se nutre con la tasa gasoil— tendrá este año una recaudación de $ 1.936 millones.
Según los datos del CIPPEC, los fondos incluidos en el decreto 906/04 movilizarán en el 2006 un gasto adicional de $ 4.178 millones. De ese total, Planificación manejará $ 3.290 millones y la cartera de Economía tendrá un presupuesto paralelo de $ 860 millones.
A los $ 4.178 millones que aparecen consignados en el presupuesto, se deben agregar otros $ 2.000 millones que el Estado se comprometió girar a los fondos fiduciarios de: Inversiones en Generación Eléctrica; Compra de gas para usinas térmicas; Obras de Yacyretá; Atucha II y Telecomunicaciones.
http://www.clarin.com/diario/2006/06/08/elpais/p-01002.htm
Jaime rechazó todas las críticas y repartió culpas
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hizo saber que los controles al manejo de los subsidios al transporte "comenzaron con su gestión" ya que prácticamente no existían durante el duhaldismo .
Voceros de Jaime consultados por Clarín rechazaron las críticas de la Auditoría General de la Nación y afirmaron que desde el 23 de julio del 2003 se armó, por ejemplo, una base de datos para controlar que los 33 mil colectivos que existen en el país tengan seguros y verificación técnica al día. Las empresas que "no tienen sus colectivos en buen estado no cobran el subsidio" señalaron para responder a las críticas de la AGN sobre la falta de controles de calidad de servicios. Instaron a consultar la página transporte.gov.ar para verificar que "este mes hay 800 colectivos con prohibición de circular".
De todos modos, admitieron que hay un problema de jurisdicciones. Para uniformar los controles de calidad haría falta coordinar con las 23 provincias y 264 municipios. "Antes de la llegada de Jaime los subsidios se los daban a las provincias que los entregaban a las empresas sin controles. Ni siquiera había expedientes", afirmaron los voceros en alusión a la gestión del duhaldista secretario de Transporte, Guillermo López del Punta.
Durante la gestión de Jaime "se descubrió —contaron— que antes se pagaba por número de patente sin verificar casi nada y así encontramos que pagaban subsidios a un Fiat 600 como si fuera un colectivo. Hay que cruzar bases de datos" para evitar falsificaciones. La base de datos también incluye el nombre de las empresas y su situación fiscal. "Antes cobraban sólo 400 empresas, hoy cobraban 1.011", agregaron.
Consultados sobre el reclamo de una rendición de cuentas de las empresas beneficiadas, los voceros de Jaime afirmaron que "es imposible poner un auditor en cada empresa para ver cómo gastan los subsidios". Además, hay un debate conceptual. "No se entregan subsidios, sino compensaciones tarifarias que reconocen los mayores costos operativos y la rentabilidad empresaria que antes se cubrían con los boletos que quedaron congelados desde 2001", subrayaron.
Los voceros afirmaron que la contratación de la empresa "Proyectos de Informática" para la tarjeta fue hecha "durante la gestión duhaldista".
En cuanto a los adelantos al sindicato de Moyano, los voceros comentaron que "con una resolución conjunta de los ministros (Julio) De Vido y (Roberto) Lavagna del 2002 se legalizó esa situación", sin dar más detalles.
INFOGRAFIA
http://www.clarin.com/diario/2006/06/08/elpais/p-01101.htm
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