Dinero público pero invisible |Por Ricardo Roa
No es una cuestión sólo de números, aunque haya muchísima plata en juego. Está de por medio también cómo se la está usando y quién controla ese gasto enorme. El manejo de los fondos fiduciarios públicos, cuestionado por la Auditoría General de la Nación como anticipó Clarín, levanta hoy una tormenta de sospechas sobre funcionarios que llegó a la Justicia y al Congreso (ver "La Justicia y el Congreso investigan los subsidios millonarios al transporte").
Hasta hace poco, los fondos eran un tema exclusivo para entendidos. Habían aparecido a mediados de los noventa para atender necesidades del Estado muy específicas y excepcionales. Que explicaban precisamente que esos ingresos y gastos no fuesen incorporados al Presupuesto y permanecieran al margen de los controles que rigen para la administración pública. Uno de los primeros, por ejemplo, fue para auxiliar a las provincias por el impacto de la crisis del Tequila. Pero ya hay una veintena de fondos que manejan más de seis mil millones de pesos, una cifra que supera en diez veces el dinero del que disponían en 2001.
Además, el grueso de la plata se usa para fines distintos a lo que se había previsto originalmente. El caso paradigmático es el del llamado fondo del gasoil, que movilizará este año casi dos mil millones. Se creó para financiar sobre todo obras viales, pero hoy la mitad del dinero se destina a subsidiar a empresas de colectivos, trenes y camiones. Y no sólo eso: también hay una tajada para el gremio de camioneros de Hugo Moyano, el principal aliado sindical del Gobierno.
A pesar de que estos fondos administran semejante cantidad de plata, no hay ninguna ley que les fije reglas para funcionar y para ser controlados. Peor que eso: existe una maraña de leyes, decretos y resoluciones que dificulta el seguimiento de los ingresos y gastos. Y que los convierte en verdaderas cajas negras sobre las que cualquier sospecha parece justificada.
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