Editorial |Electoralismo y empleo público
Las estadísticas de creación de empleo han traído una buena noticia y también una mala. La buena es que en el primer trimestre de 2006 se crearon en la Argentina 698.000 empleos respecto del mismo período de 2005. La mala, que un 21 por ciento se realizó en el sector público. Esto ha significado una cantidad adicional de 146.600 cargos y un aumento del 6,4 por ciento en la cantidad de empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal.
Estos datos corroboran cuanto podía deducirse de la observación del crecimiento del gasto en remuneraciones en la administración nacional y en los estados provinciales. Las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda sobre ejecución presupuestaria indican, por ejemplo, que el gasto en remuneraciones en la administración nacional trepó desde 2469,8 millones de pesos en el primer trimestre de 2005 a 3233,3 millones en el mismo período del año actual. Se trata de un crecimiento del 30,9 por ciento.
No habiéndose otorgado incrementos salariales significativos a los empleados públicos, no puede haber otra explicación que el crecimiento de las plantas ocupadas. La misma fuente de información oficial muestra que el ritmo de aumento del empleo público se aceleró en 2005 respecto de lo observado años atrás. No es difícil interpretar que ha habido un deterioro de la actitud de los gobiernos nacional y provinciales en relación con la austeridad en la gestión.
Ninguna cuestión de carácter funcional puede explicar este crecimiento de la planta estatal. El exceso de empleo público en la Argentina ha sido conocido y cuantificado desde tiempo atrás en todos los niveles y jurisdicciones. Hay diversos estudios sobre esa cuestión. Si hubiera faltante de algunas especializaciones, por ejemplo enfermeros o policías, la regla correcta debería ser compensar aumentos de personal en esas áreas críticas con reducciones en las superpobladas. También existe la posibilidad de reasignar personal hacia áreas administrativas en función de reordenamientos que respondan a una planificación racional y eficiente.
Dos cuestiones pueden haber causado la propensión a designar más empleados públicos durante 2005. Por un lado, existió la sensación de holgura fiscal frente al fuerte crecimiento de los ingresos tributarios que, a pesar del aumento del gasto, permitieron exponer un importante superávit primario. El gobierno nacional y también los gobernadores se sintieron menos comprometidos con la austeridad en el gasto. Por otro lado, 2005 fue un año electoral y, probablemente, ése fue el motor de tantas designaciones.
No debe ser el Estado sino el sector privado el que genere nuevas oportunidades laborales. El empleo público excedente sólo reduce la productividad del conjunto y perjudica la solvencia fiscal. Debe entenderse que el Estado no obtiene sus recursos del aire sino que los extrae del sector privado mediante impuestos o compitiendo en el uso del crédito. De una u otra forma afecta la producción y el crecimiento.
Tampoco el otorgamiento de empleo público sobreabundante es el instrumento idóneo para resolver el problema social de la desocupación. A ese fin concurren con más eficacia los planes sociales, la construcción de viviendas o la obra pública.
La bonanza fiscal percibida en los últimos años contiene rasgos de precariedad. El crecimiento del gasto excede el de los ingresos tributarios y probablemente deban reducirse los derechos de exportación e incrementarse salarios y jubilaciones. Es momento de poner atención y controlar el crecimiento del empleo público, mucho más aún cuando se avecinan de nuevo tiempos electorales.
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