Lunes, 26 de junio de 2006
Buscan duplicar los gastos de campaña |El proyecto está en estudio en una comisión de la Cámara de Diputados; propone elevar el tope a $2 por cada eventual elector
Con la vista fija en las elecciones presidenciales del año próximo, el oficialismo de la Cámara de Diputados trabaja contra reloj para modificar la ley 25.600 de financiamiento de los partidos políticos y duplicar, por ley, los gastos permitidos de campaña para cada agrupación política que participe de la crucial contienda.
- Criterios de asignación de fondos
Partidos chicos, sin aporte estatal |Muchas agrupaciones no recibieron fondos por incumplir la ley de financiamiento
Requisitos de la ley
Entre los más de setenta proyectos de reforma política y del Código Electoral Nacional que por estos días tiene en estudio la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, sobresale la iniciativa redactada por el diputado kirchnerista y titular de la comisión, Juan Manuel Urtubey (FV-Salta), que propone aumentar de 1 a 2 pesos por elector los gastos partidarios en campañas presidenciales y legislativas. La norma también propugna subir de 0,30 a 0,60 centavos por elector habilitado los gastos destinados a la segunda vuelta electoral.
La norma, presentada hace un año y acompañada por el macrista Jorge Vanossi (Pro-Capital) y dos ex legisladores, el radical Luis Molinari Romero (Córdoba) y el peronista Juan Carlos Correa (Buenos Aires), también permite a las agrupaciones prescindir de abrir una cuenta específica para la campaña -tal como lo establece la norma--, y utilizar, en cambio, las cuentas existentes para manejar ingresos y gastos.
Según Urtubey, "los cambios permitirán controlar cada gasto que se haga y sincerar la situación. Los valores que se manejan hasta ahora son irreales y hay que actualizarlos", afirmó a LA NACION el diputado salteño.
El director nacional electoral, Alejandro Tullio, respaldó la iniciativa. "El proyecto no altera el aporte público, sólo da mayor visibilidad a los gastos", dijo y sostuvo que "es razonable, porque cuando la ley es estricta y propone gastos irreales, se termina transgrediendo. El proyecto permite campañas más controlables desde todo punto de vista".
De todos modos, y a pesar de que en un principio habría consenso entre distintas fuerzas políticas para avanzar en su tratamiento, también hay críticas. "Un peso más o menos soluciona la coyuntura pero no resuelve para nada los graves problemas que tiene la ley", afirmó a LA NACION el diputado Cristian Ritondo (Justicialismo Nacional-Buenos Aires), autor de uno de los proyectos alternativos.
Desde ARI, el diputado Adrián Pérez (Buenos Aires), cuyo bloque también prepara un proyecto sustancialmente diferente, acordó en la necesidad de modificar la ley vigente, pero estimó: "Si, como sugerimos, el Estado se hiciera cargo de gastos fijos como la impresión de las boletas y equilibrara la cesión de espacios televisivos, no habría que subir el tope, sino bajarlo".
El mismo Urtubey reconoció que la ley -sancionada durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde y que fija el origen y las fuentes de financiamiento de los partidos, a la vez que orienta el destino de sus gastos- deja evidentes grietas por donde pasan dineros que eluden todo tipo de controles.
Como ejemplos, citó gastos de un tercero que termina beneficiando a un partido o rebajas en las tarifas publicitarias de medios de comunicación, que no entran en el tope de un peso por elector habilitado (unos 25 millones de pesos para las próximas presidenciales) actualmente en vigor.
"Es cierto que hay gastos que no están previstos, pero esto ocurre hasta en el sistema norteamericano. Son agujeros que tenemos que ir cubriendo", justificó Urtubey.
Para Vanossi, "el proyecto reconoce la realidad. Un peso por votante eventual es una ficción". De todos modos, el constitucionalista se permitió afirmar que "el mayor problema no es la cantidad de fondos permitidos sino quién controla los ingresos en negro, algo que hasta ahora no se ha podido hacer". El control de los gastos partidarios con fondos estatales y privados está a cargo del Ministerio del Interior, la Justicia y la Auditoría General de la Nación.
Para Ritondo, "es imprescindible que se abra una cuenta especial para no mezclar fondos destinados a actividades comunes con los que se destinan a las campañas", y estimó que en el caso de producirse alianzas, y que uno de los partidos manejara la cuenta "se abrirían toda clase de suspicacias y desprolijidades".
Según Vanossi, "lo mejor sería un control recíproco entre los partidos, que cada uno tenga acceso a las cuentas de otros". Para Pérez, lo ideal sería "la creación de un ente autárquico, con participación de personalidades de distintos orígenes, para darle transparencia al proceso".
Aportes privados
Otro tema conflictivo es el de los aportes privados. Pérez intentará imponer -al parecer con poco margen de éxito- la prohibición de recibir más de $ 30.000 por parte de una sola empresa o fundación. Para Vanossi "eso sería saludable, para que nadie pase a representar determinado sector cuando llegue a una banca", razonó.
Otras propuestas de cambio se centran en la distribución de los fondos. El pampeano Heriberto Mediza (FV) insistirá en su proyecto que busca destinar más fondos para capacitar a jóvenes dirigentes.
Optimista, Urtubey afirmó a LA NACION que su expectativa es que "el proyecto que salga lo haga por consenso". Por tratarse de modificaciones al sistema político, necesitará 129 votos positivos, algo que, de todos modos, no le será difícil conseguir si al kirchnerismo puro se suman los diputados transversales y los aliados de los ex duhaldistas del Peronismo Federal.
Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION
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Criterios de asignación de fondos
El criterio de distribución de los fondos que el Estado debe asignar a los partidos políticos contempla un 10 por ciento para costos de boletas y autoridades de mesa.
Del monto restante, un 30 por ciento se divide en partes iguales entre todos los partidos que compiten y el otro 70 por ciento se reparte según los votos obtenidos en las últimas elecciones.
Además, la ley 25.600 de financiamiento de partidos políticos establece puntualmente los requisitos y la obligatoriedad por parte de las agrupaciones que quieren percibir estos recursos de habilitar una cuenta bancaria de campaña.
Esto se hace, según lo explicita la propia legislación vigente, con el propósito de controlar los gastos electorales.
La cuenta corriente de campaña está establecida por el artículo 8 de la ley 25.600.
Allí dice: "Los fondos destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en una cuenta única por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación o bancos oficiales en las provincias que los tuvieren, a nombre del partido o alianza y a la orden conjunta del responsable económico financiero y del responsable político de campaña [...]".
Además, agrega que "las cuentas deberán registrarse en el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito correspondiente y ante la Cámara Nacional Electoral y deberán ser cerradas a los 30 días de finalizada la elección".
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Partidos chicos, sin aporte estatal |Muchas agrupaciones no recibieron fondos por incumplir la ley de financiamiento
A pesar de que abrir una cuenta bancaria especial para la campaña es un requisito ineludible que fija la ley para que un partido político pueda recibir aportes estatales, 86 de los 630 partidos políticos que compitieron en las elecciones de octubre último, todavía no cumplieron con ese requisito.
¿Les gusta perder plata? En realidad, todo lo contrario. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a LA NACION que se trata de partidos muy pequeños, desconocidos para la opinión pública, que según el reparto de fondos que establece la ley (basado en los votos de la última elección) hubieran recibido tan poco dinero que abrir la cuenta les salía más caro.
Gastos bancarios especiales, costos de certificaciones y honorarios de contadores y escribanos necesarios para cumplir con los requisitos formales a los que obliga la ley superan o igualan los aportes oficiales que podían cobrar los partidos menores, que oscilan entre los 200 y los 1000 pesos.
Este es uno de los puntos que pretende modificar el proyecto del diputado Juan Manuel Urtubey (FV-Salta) que se discute en el Congreso.
La iniciativa establece que no es necesario abrir una cuenta especial de campaña, sino que permite utilizar la cuenta ordinaria del partido, para eliminar gastos y trámites burocráticos.
Pero la ausencia de la cuenta especial de campaña -que exige la ley 25.600 de financiamiento de partidos con el fin de controlar los gastos electorales- no es la única irregularidad en la materia.
En este momento hay 386 partidos con aportes suspendidos por la justicia electoral, por anomalías en sus balances de los comicios de 2003, 2005 o en sus cuentas ordinarias.
Entre las agrupaciones de orden nacional en esta situación están la Corriente Patria Libre, el Frente de los Jubilados, el partido Unión Popular y la Confederación para que se Vayan Todos.
En cambio, los partidos más grandes (como el Frente para la Victoria, la UCR, el PJ, ARI y Recrear) no fueron objetados en sus balances nacionales, aunque sí recibieron sanciones en algunos distritos en particular.
Según surge del análisis del extenso listado disponible en la página web del Ministerio del Interior, las principales causas de las suspensiones son tres:
* Justificación de gastos fuera de término. Se trata de partidos que no cumplieron con la obligación, que también fija la ley 25.600, de presentar un informe previo de gastos de campaña, 10 días antes de los comicios, y otro posterior, 60 días después de las elecciones. Aunque, según consigna el Ministerio del Interior, la mayoría de esos partidos finalmente presentó sus balances, la Justicia todavía no analizó los informes enviados fuera de término, y esas fuerzas son consideradas infractoras.
* Falta de balances ordinarios del partido. Además de los informes contables especiales con los gastos de la campaña, todos los partidos tienen que presentar una vez al año el estado de sus finanzas generales, con el movimiento económico financiero y patrimonial correspondiente al ejercicio anual. Algunas fuerzas que tienen en regla su balance electoral no presentan, en cambio, el informe ordinario.
* Incumplimiento en los montos mínimos que deben ser destinados a capacitación. Con objeto de mejorar y educar a la dirigencia política, la misma ley 25.600 estableció que cada partido debe destinar el 20% del total de los aportes ordinarios (fuera de la campaña) que recibe del Estado para capacitar a sus cuadros políticos. En las fuerzas más grandes esto se canaliza mediante fundaciones e institutos vinculados con el partido o mediante cursos para sus dirigentes y militantes. Sin embargo, otros pasan por alto esta obligación legal.
Requisitos de la ley
"En general son partidos que en el nivel nacional o local no cuentan con una representación política ni una estructura burocrática partidaria mínima para cumplir con los requisitos de la ley", explicó a LA NACION Alejandro Tullio, titular de Dirección Nacional Electoral.
Para el funcionario, la ley 25.600 de financiamiento de partidos (la única que llegó a aprobarse, bajo la presión de los cacerolazos de 2002, de una reforma política que nunca prosperó) coloca a los ciudadanos ante un dilema: ¿es más importante asociarse políticamente, aunque no se esté en condiciones de cumplir la ley, o cumplirla?
Según Tullio, quienes forman un nuevo partido no tienen en cuenta que "los requisitos y controles financieros -que buscan evitar maniobras fraudulentas- son tan importantes como los políticos".
En opinión de Ana María Mustapic, investigadora del Conicet y profesora de Instituciones Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, las exigencias de la ley financiera compensan la laxitud de la norma política.
"La ley es muy generosa y laxa en la creación de partidos políticos, pero con el problema que después les presenta el financiamiento, se crea un mecanismo indirecto que limpia la proliferación de fuerzas que no son representativas", opinó Mustapic.
"No se pueden mezclar los fondos ordinarios con los de campaña, es indispensable que estén separados para poder controlar el financiamiento", agregó Delia Ferreira Rubio, especialista en partidos políticos, en abierta disidencia con el proyecto que pretende unir las dos cuentas en una.
"Algunos dices que es mucha burocracia y otros que es costosa, pero las rendiciones son infinitamente más fáciles que una declaración de impuestos de cualquier ciudadano. Si se les exige a todos los contribuyentes, ¿por qué no a los partidos políticos?", cuestionó Ferreira Rubio.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/818071
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