Golpe al transporte más porteño | Por Angeles Castro
Ya ni la vida bajo tierra permanece ajena a la sensación de inseguridad que, en las últimas semanas, quita el sueño a los porteños. Algo pasó en los subterráneos -hasta ahora sólo presentes en los medios por los conflictos gremiales que paralizaban el servicio- que desequilibró, allí también, la relación de fuerzas entre la delincuencia y el orden.
A la repetición de arrebatos en toda la red operada por Metrovías -pero concentrados en las líneas B y D, que transportan la mayor cantidad de pasajeros: 293.000 y 300.000 por día hábil, respectivamente- se sumaron la semana pasada dos denuncias por violaciones en la estación Callao. Hasta entonces, no había registro de delitos contra la integridad sexual en la historia de la concesión, que comenzó en 1994.
Varios factores confluyeron para que el más porteño de los transportes públicos haya perdido el prestigio de seguro. Un prestigio que, tal vez, alcanzó más por fortuna que por condiciones objetivas, cuestión que los delincuentes advirtieron antes que nadie.
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El esquema de seguridad en las 69 estaciones de subte tendidas a lo largo de 40 kilómetros de túneles siempre incluyó, en teoría, a 204 efectivos de la Policía Federal. A simple vista, la dotación no parece acorde con el millón de usuarios que tiene cada día, de lunes a viernes, las cinco líneas.
El número resulta más alarmante cuando empieza a hilarse fino. En la práctica, bajaban a la red unos 153 agentes cada día hábil por problemas que enfrenta la Federal para asignar recursos. Divididos en dos turnos, por la mañana quedaban 74 uniformados para cuidar simultáneamente las casi 70 paradas y, por la tarde, 78. La mayoría, eso sí, controlaba el sector de las boleterías en detrimento de los andenes.
Luego de las recientes denuncias, la policía aumentó la custodia con 63 agentes más por turno, aunque no precisó hasta cuándo.
Además de temporario, el refuerzo policial apenas vendría a paliar un déficit que padece Metrovías desde el verano: la pérdida de 188 vigiladores privados que, incorporados al régimen de la Unión Tranviarios Automotor, como lo reclamaban los gremialistas, ya no cumplen funciones de seguridad. Sucede que el convenio colectivo de trabajo de los ferroviarios no contempla la categoría de vigilador.
Junto con estos empleados desaparecieron también los perros entrenados para detectar explosivos y drogas manejados por ellos y que ahora descansan en un predio de Hurlingham.
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En Metrovías aseguran que tienen las manos atadas tanto para contratar nuevos agentes privados, porque la presión gremial también los arrastraría a la UTA, como para pagar policía adicional, por la supuesta escasez de planta de la Federal.
Sí, en cambio, puede la empresa ampliar significativamente la cantidad de cámaras de seguridad instaladas en la red, un total de 194 pero que supervisan sólo 28 de las 69 estaciones. La concesionaria promete que lo hará.
Otro paso prudente reside en imitar a otros países del mundo y exhibir, con permiso de la autoridad judicial mediante, las fotos de los "delincuentes más buscados del subte", a quienes algunos pasajeros, empleados y policías dicen estar en condiciones de identificar.
Tampoco descarta Metrovías solicitar una medida polémica: peticionar ante la Justicia poder ejercer el derecho de admisión en la red para evitar el acceso de aquellos señalados por todos como gente de mal vivir. Hoy ingresan previo pago de los 70 centavos de la ficha y, eliminada la figura del merodeo, no pueden ser detenidos.
Mientras tanto, sería fructífero que el Estado no dejara de mirar las plataformas y los túneles como un espacio público que requiere la misma atención que las áreas comunes situadas sobre la superficie.
A ver si, entre la concesionaria y el gobierno, logran que los porteños se sientan otra vez seguros en el subte.
acastro@lanacion.com.ar
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