Obispos y empresarios cristianos reclamaron "correcta" distribución social de la riqueza
BUENOS AIRES, jul 4 (DyN) – Obispos y empresarios cristianos latinoamericanos reclamaron hoy al Estado contribuir al bien común mediante una "correcta distribución social de la riqueza", y se comprometieron a materializar acciones solidarias concretas en la región.
También consideraron necesario mitigar "los impactos negativos" del libre comercio y la apertura de fronteras y advirtieron que los subsidios agropecuarios en los países desarrollados “atentan contra el comercio justo, provocan inequidad en productores y consumidores, generando pobreza, marginalidad y migraciones no deseadas”.
Los dirigentes de empresas y los representantes eclesiásticos acordaron estas cuestiones en la “Declaración de Pilar”, dada a conocer tras dos días de deliberaciones en la casa de ejercicios La Montonera, donde debatieron sobre la responsabilidad social de la empresa como generadora de empleo digno y factor de distribución de la riqueza.
El simposio, que contó con la presencia de unos 70 delegados de 15 países, fue organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Asociaciones de Empresarios Cristianos (UNIAPAC), y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Argentina.
Tras insistir en que “el Estado como responsable del bien común tiene un rol central en la correcta distribución social de la riqueza, pero esta responsabilidad debe ser controlada por la sociedad civil y una ciudadanía responsable”, los empresarios cristianos consideraron que son ellos quienes deben fomentar que “las decisiones de inversión se realicen con criterios éticos”.
En una referencia al conflicto entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa, obispos y empresarios destacaron que las inversiones deben tomar en cuenta “el impacto en el medio ambiente” y estimaron que esas situaciones conflictivas "exigen reforzar la creatividad en la búsqueda de canales de diálogo y fraternidad”.
Por otra parte, consideraron que las inversiones deben contribuir a “disminuir las brechas entre sectores sociales” y estimaron conveniente que “el origen de los fondos sea transparente y que además del cumplimiento de la normativa legal, sean responsables en la comunidad en que se insertan”.
“Más allá de la dignidad subjetiva del trabajo por cuanto es realizado por personas, debe propiciarse el desarrollo pleno de todos los colaboradores de la empresa, favoreciendo su crecimiento integral y su capacidad de adaptación a los cambios y a las nuevas modalidades de trabajo”, coincidieron en otro punto del documento.
En cuanto al tema migratorio, dijeron que urge “llegar a acuerdos que faciliten la inmigración legal y el reencuentro de las familias, evitando la desintegración familiar, sin limitar el libre tránsito de las personas”.
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