Entrevista con la defensora general de la Nación |"Urge instrumentar la ley de protección de los menores"
Stella Maris Martínez es la defensora general de la Nación. De esta jurista de 55 años dependen todos los abogados del Estado que asisten a detenidos sin recursos y, además, los 18 defensores y asesores públicos que velan por los derechos de los niños y adolescentes cuando están acusados de cometer delitos y cuando la Justicia entiende que deben ser internados.
Es la primera mujer en llegar a ocupar ese cargo, con más de 30 años en la Justicia, luego de que la semana última el presidente Néstor Kirchner le tomó juramento al designarla formalmente en el cargo. Además de su doctorado en derecho de la Universidad de Salamanca, Martínez sabe cuando habla de menores, pues se ocupó de ellos en su juventud como tarea social.
Tras una semana donde un chico de 17 años y su cómplice de 19 terminaron presos por un doble homicidio en Colegiales y luego de que el Gobierno reconoció que hay casi 20.000 chicos privados de la libertad en institutos, la funcionaria reclamó: "Urge instrumentar la nueva ley" de protección de los menores aprobada y reglamentada en 2005. "Las normas están dadas. Ahora hay que avanzar con la implementación para que la ley no sea letra muerta.
-La ley dice que no debe haber más institutos para internar chicos por razones asistenciales.
-No basta. Venimos diciendo desde hace 30 años que los institutos deben desaparecer, pero tenemos que hacer algo para que sea así.
-¿Por qué?
-Sería menor el daño que provocaría cerrar todos los institutos que seguir dejando a todos los chicos institucionalizados, aunque un problema que surja con un niño puede ser muy negativo de cara a la sociedad.
-¿Y qué sucede con los menores en conflicto con la ley penal?
-Es urgente hacer una ley penal juvenil, generar un modelo parecido al chileno. Sólo no coincido con la idea de fijar la edad de imputabilidad en los 14 años. Yo propondría no tocar los 16 años y que luego se baje la edad cuando se demuestre que la ley funciona. Las cifras demuestran que no hubo un aumento de la delincuencia entre los niños de 14 a 16 ni de 16 a 18 años, sino que el incremento se dio en los adolescentes de 18 a 21 años.
-¿Qué alternativas al encierro propondría en esa ley penal?
-Por ejemplo, penas alternativas. Sería interesante un sistema de mediación penal juvenil, como el que se aplica en Cataluña, donde el adolescente reconoce su responsabilidad y acuerda con el agredido la reparación del daño. Esto es parte del tratamiento del menor. Cuando se trabaja con adolescentes es la última oportunidad de rescatarlo.
-¿Qué hay que hacer con los casos más graves?
-En una manera limitada hay que tener en cuenta la opción de la internación. Hay que ser razonable. En un caso así por supuesto que la respuesta penal va a ser importante, pero no son la mayoría.
-¿Y cuál es la situación actual?
-Se utiliza el aparato del Estado de manera poco inteligente, con lo que cuesta tener detenido a un menor, si ese mismo dinero lo destino a su familia, se acabarían sus problemas económicos. Hay que limitar la privación de la libertad a los casos necesarios. Cuando se opta por la vía represiva se elude la vía educativa y optamos por aumentar la delincuencia juvenil.
-Pero siguen internando chicos.
-La opción institucional en la mayoría de los casos terminó en un fracaso. La opción no es ser más severos, sino más justos. Los asesores de menores consideran que se puede seguir disponiendo internaciones porque sostienen que la nueva ley no derogó un artículo del código procesal en lo civil que les permite hacerlo.
-¿Cómo se puede cambiar esto?
-Hay que cambiar la mentalidad, el menor no es objeto de protección sino sujeto de derechos.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
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