Lunes, 24 de julio de 2006
Denuncian a De Vido por irregularidades con los peajes |La Auditoría presentó dos informes con varias acusaciones contra el ministro
La Auditoría General de la Nación (AGN) remitió a la Justicia dos extensos informes donde denunció graves irregularidades en los contratos de los peajes de rutas nacionales realizados por el gobierno de Néstor Kirchner.
- Un órgano con mayoría simpatizante del Gobierno
Un modelo que eliminó subsidios y se sustentó en un fondo especial |Cómo fueron los cambios que hizo Kirchner en las redes viales
Se trata de las renegociaciones de contratos comandadas por el ministro de Planificación Federal e Infraestructura, Julio De Vido, y comprenden los servicios de peaje distribuidos a lo largo de más de 8000 kilómetros en seis corredores viales, donde están involucradas más de 10 empresas adjudicatarias de las rutas por cinco años.
Según pudo saber LA NACION, por lo menos tres juzgados federales tienen causas vinculadas con estas renegociaciones y esperaban la información de la AGN para avanzar en la investigación. Uno es el juzgado federal número 9, a cargo del juez Octavio Aráoz de la Madrid; el otro, el juzgado federal número 5 (de Norberto Oyarbide), y el tercero, el juzgado federal número 3 (de Daniel Rafecas). Las causas no son iguales. En algunos casos se investiga un eventual fraude al Estado, y en otros, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los informes de la AGN sostienen que el Gobierno renegoció contratos de peaje con empresas que tenían una deuda con el Estado por 824 millones de pesos por incumplimiento de obras. Plantea que las renegociaciones se hicieron con carácter de “muy urgente” y sin hacer verificaciones previas para determinar si los concesionarios mantenían deudas por el pago de impuestos, tasas y servicios. Estas renegociaciones, según el informe de la AGN, sufrieron modificaciones con posterioridad a la adjudicación, cuando se encontraba vigente el contrato de concesión.
Entre las irregularidades en las adjudicaciones se determinó que el Gobierno buscó el mejor precio y no el mejor oferente, como indica la doctrina.
El primer informe de la AGN remitido a la Justicia planteó graves cuestionamientos respecto de la situación previa a la renegociación de los contratos y especificó:
En materia de bienes muebles "se destacan inventarios desactualizados o incompletos y falta de criterio sobre el universo a inventariar". Y en cuanto a los inmuebles dados en comodato, "falta de control en el mantenimiento y conservación".
"No se hicieron verificaciones para determinar si los concesionarios mantenían deudas por el pago de impuestos, tasas y servicios al momento de la recepción de los inmuebles dados en comodato."
Según el informe de la AGN, el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) verificó una deuda que tenían los concesionarios con el Estado nacional al 31 de octubre de 2003 por $ 824 millones en concepto de incumplimiento de obras, índices de estado y penalidades.
Este órgano de control está a cargo del Ministerio de Planificación Federal. Sobre este punto resulta llamativo que la Unidad de Renegociación de Contratos (Unirem), que depende de los ministerios de Economía y de Planificación, al momento de evaluar las renegociaciones no sólo determinó que las empresas no debían $ 824 millones al Estado, sino que además estableció que eran acreedoras de $22 millones por parte del Gobierno. El tema nunca se saldó, pero igualmente se avanzó con las renegociaciones.
El titular del Occovi es Claudio Uberti, quien responde directamente al ministro de Planificación Federal. La Unirem está dirigida por Gustavo Simeonoff y responde tanto a Economía como a Planificación.
Sin respuesta
LA NACION intentó contar con explicaciones del ministro De Vido por estos informes de la AGN, pero no fue posible. La semana última, el vocero de De Vido, Alfredo Scochimarro, dijo que contestaría un e-mail que LA NACION le había enviado con el respectivo requerimiento, pero no contestó.
Por otra parte, fuentes parlamentarias confiables destacaron a LA NACION que en las renegociaciones se vio la reiteración de empresas, de nombres y de accionistas de empresas que tenían deudas con el Estado y que luego aparecieron como ganadores de licitaciones con otros nombres o con los directorios modificados.
El segundo informe de la AGN menciona que en las renegociaciones de contratos de peajes se observaron las siguientes irregularidades:
* A las nuevas concesiones se dio carácter de "muy urgente" a toda tramitación, cualquiera que fuere la etapa del proceso licitatorio.
* En la selección y adjudicación, la AGN obtuvo evidencias de que en la selección se empleó el criterio de mejor precio y no de mejor oferta. Ello fue cuestionado por entender que no siempre asegura el mejor oferente.
* El diseño de las licitaciones posibilitó "modificaciones a los pliegos y al texto del contrato durante el desarrollo del proceso licitatorio". En cuanto a esto, la AGN determinó que "ello no se condice con los principios de concurrencia e igualdad que debe regir todo proceso de selección".
También se encontró que hubo modificaciones a los pliegos presentados por algunos oferentes con posterioridad a la adjudicación y que se encontraba vigente el contrato de concesión.
La AGN elevó estos datos a la Justicia, que investiga causas vinculadas con la concesión de obras públicas y el comportamiento del Occovi. Sucede que la Auditoría no puede ser querellante en una causa, pero sí aportar datos para una investigación.
El tema se investiga también en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
Por Martín Dinatale
De la Redacción de LA NACION
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Un órgano con mayoría simpatizante del Gobierno
A pesar de que el Gobierno sostiene que la Auditoría General de la Nación (AGN) hoy está manejada por la oposición, la realidad indica que este órgano contralor cuenta con un número importante de votos afines al kirchnerismo.
El siguiente es el cuadro de situación de la Auditoría y de cada uno de sus integrantes:
Leandro Despouy. Es el titular de la AGN. Se trata de un radical que proviene de la diplomacia. Es relator de Justicia de las Naciones Unidas y fue puesto por el ex presidente de la UCR Angel Rozas. Es crítico con respecto al Gobierno.
César Arias. El ex diputado del PJ fue nombrado por el menemismo, aunque en los últimos tiempos intentó mostrar afinidad con el Gobierno. En la Casa Rosada no le tienen ninguna confianza por su pasado.
Francisco Fernández. A este auditor lo nombró el Senado, con el aval del menemismo. Fue asesor del ex ministro de Justicia Rodolfo Barra y presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Hoy está jugado enteramente con el kirchnerismo.
Alfredo Fólica. Este contador radical fue nombrado por el Senado, con el aval del ex diputado Jesús Rodríguez. Tiene una postura crítica de la administración Kirchner.
Horacio Pernasetti. Fue jefe de diputados del radicalismo. Lo nombró Diputados con el aval de la UCR y es un crítico del Gobierno.
Mario Fadel. Es un ex diputado frepasista que tiene muy buena relación con Carlos "Chacho" Alvarez. Se lo considera un kirchnerista. Está apostando por una candidatura a gobernador en Catamarca que tenga el apoyo del Presidente. Compite con Ramón Saadi y Luis Barrionuevo.
Gerardo Palacios. Este abogado fue nombrado por el Senado con el aval del destituido gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti. Es un ex menemista, pero hoy tiene una visión positiva del Gobierno.
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Un modelo que eliminó subsidios y se sustentó en un fondo especial |Cómo fueron los cambios que hizo Kirchner en las redes viales
La relicitación de 7951 kilómetros de rutas nacionales fue el primer paso de la gestión de Néstor Kirchner en lo que hace al diseño de las nuevas reglas de juego para un sector tan sensible como es el de los servicios públicos.
La privatización que hizo Carlos Menem ponía sobre las empresas la responsabilidad de ampliar y mejorar la red vial. En ese momento, Roggio, Macri, Dycasa y Perales y Techint entraron en el negocio. Los contratos establecían que algunas empresas pagaban canon, pero ninguna recibiría subsidio. Luego, con la primera renegociación que hizo Domingo Cavallo, se bajó el peaje, se eliminó el canon y se concedieron subsidios a las concesionarias.
Según un estudio de la Secretaría de Obras Públicas, al momento del fin de esta concesión (venció el 1° de noviembre de 2003) el 59% de la red estaba en mal estado.
El nuevo modelo diseñado por Julio De Vido estableció la eliminación de los subsidios que el Estado realizaba mensualmente a las empresas concesionadas (325 millones de pesos anuales) que, según el Gobierno, serán destinados a la Dirección Nacional de Vialidad.
También cambió la forma de la recaudación en el nuevo sistema: el peaje que cobran los mismos concesionarios es por cuenta y orden del Estado nacional y deben depositarlo en una caja única, la cual arroja un superávit mensual promedio de $ 1.350.000.
A diferencia de los contratos que rigieron durante 13 años, esta vez los documentos establecen que las obras estarán en manos del Estado y que los empresarios privados deberán responder por el mantenimiento y la prestación de distintos servicios sobre las rutas.
El Estado tiene en sus manos un abultado fondo fiduciario, el Sisvial, que recauda más de $ 500 millones al año y que se compone con una alícuota fija que se cobra sobre el precio del gasoil para financiar esas obras. De los seis corredores que licitó el Gobierno, cinco pagarán canon y uno tendrá subvención del Estado. Al cabo de los cinco años de explotación el Estado habrá recibido $ 93,8 millones y habrá subsidiado por $ 22,8 millones al corredor seis.
Entre las empresas que ingresaron en el negocio están Eduardo Eurnekian, Caminos del Abra, Homaq SA, Decavial, Covico Concesionario Vial y la empresa Virgen de Itatí (Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Chacofi, Comi, Polan).
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