Editorial |Transparentar los actos de gobierno
La falta de transparencia contribuye a la corrupción y a la desconfianza ciudadana sobre los actos de gobierno. Es necesario y urgente introducir cambios legales para mejorar la calidad de la gestión pública en todos los niveles.
La falta de transparencia en los actos estatales alienta la comisión de abusos y actos de corrupción. También genera desconfianza ante la opinión pública por las contrataciones que se realizan, más aún si los expedientes que se forman carecen de la debida supervisión.
Nuestro Estado sigue padeciendo gruesas deficiencias en esta materia, las cuales dificultan la prevención y la sanción de los actos de corrupción. Así, las organizaciones Poder Ciudadano y Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC) presentaron un informe que da cuenta de la necesidad de introducir cambios para cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción. En particular, recomiendan la creación de un sistema de compra electrónica, el cual permitiría el control ciudadano y evitaría la manipulación de licitaciones.
Por otro lado, las mencionadas organizaciones señalan la conveniencia de establecer un mecanismo legal para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción.
Pero las modificaciones no pueden agotarse en terrenos formales, y por esto es imprescindible que los dispositivos de control tengan independencia y sean eficientes. En este sentido, las mencionadas organizaciones han señalado que los directivos de la SIGEN, el defensor del Pueblo y los entes reguladores deberían ser nombrados a través de un procedimiento público y participado, similar al utilizado por el Gobierno para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Algunas designaciones en cuerpos de control han sido cuestionadas por su vinculación con miembros del Gabinete, así como la integración de algunos cuerpos con mayoría oficialista.
Además, deberá mejorarse el rendimiento judicial en materia de lucha contra la corrupción, ya que organismos como la Oficina Anticorrupción han presentado numerosas denuncias cuyo tratamiento se demora por la morosidad de los tribunales.
Estas recomendaciones deben ser consideradas y puestas en práctica para mejorar la transparencia y cumplir de este modo con la mencionada Convención Interamericana y con nuestro orden republicano.
http://www.clarin.com/diario/2006/07/28/opinion/o-03201.htm
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