Un delito no es un derecho |Por Joaquín Morales Solá
Si ya era malo que los asambleístas de Gualeguaychú manejaran la política exterior del país, mucho peor es que el Gobierno haya sentado el precedente, explicitado en un documento oficial, de que los cortes de rutas son hechos legales y legítimos en la Argentina. Es una deformación de la ley y de su espíritu, que podría tener vastas consecuencias, internas y externas.
Se dirá que el Gobierno necesitaba replicar la presentación de Uruguay ante el tribunal del Mercosur, donde demandó a la Argentina por haber permitido el bloqueo de ese país durante varios meses. Pero el Estado no puede -o no debe- explicar un delito convirtiéndolo en un derecho.
El Gobierno ha dicho que privilegió la libertad de expresión sobre la libertad de circular.
A primera vista podría tratarse de la colisión de dos derechos legítimos, como suele suceder en muchos casos judiciales. Sin embargo, no es éste el caso.
Nadie -y menos un periodista o un medio periodístico- podría proponer actos de desprecio hacia la libertad de expresión. Sucede, simplemente, que los asambleístas de Gualeguaychú, como los piqueteros de cualquier extracción, tienen posibilidades de expresarse sin lesionar el derecho de los demás.
¿No podían los asambleístas, acaso, hacer actos al costado de la ruta, entregar gacetillas a los automovilistas y convocar a conferencias de prensa?
Esa es la libertad de expresión bien entendida, que, además, para nada niega la vigencia de ninguna otra libertad.
La posición del gobierno argentino no hizo más que confirmar las sospechas, que existieron en muchos sectores uruguayos, de que los asambleístas entrerrianos cortando los puentes eran funcionales a la administración de Néstor Kirchner para presionar a Uruguay donde más le dolía. Donde más le dolía era, precisamente, en la economía.
Los cortes de rutas no sólo comprometieron el turismo, sino también las exportaciones de Uruguay a Chile y las de Chile a Uruguay y a Brasil.
El turismo afectado, el que se traslada en automóvil, fue también el que derrama más recursos en Uruguay y en muchos pueblos que unen la frontera argentina con las mejores playas uruguayas. Y en esos pueblos, precisamente, está gran parte de la base electoral del gobernante Frente Amplio.
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Lo que importa, con todo, es el concepto de que los cortes de rutas y de caminos son un simple acto de libertad de expresión.
Hay miles de demandas judiciales contra piqueteros en los tribunales argentinos, pero los piqueteros tienen desde ahora un documento oficial que avala los métodos de la protesta que ellos eligen.
Se puede decir de Kirchner muchas cosas, menos que no ha sido coherente: nunca tomó una decisión que lo enemistara siquiera con los líderes sociales en condiciones de sublevarle la calle.
La única oposición real al Presidente se incuba en esos liderazgos y en esas agitaciones, que van desde Raúl Castells hasta Juan Carlos Blumberg, desde los movimientos estudiantiles (traban la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires desde hace varios meses) hasta los asambleístas de Gualeguaychú, que marcan la dirección de una relación externa estratégica de la Argentina como lo es la de Uruguay.
La única modificación consiste en que lo que era implícito o tácito se ha convertido en explícito, formal y oficial.
Además de las severas consecuencias internas, Kirchner ha convalidado la violación del derecho internacional. ¿Qué pensarán en estos momentos los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia luego de haber leído la presentación argentina ante el tribunal del Mercosur?
¿Y si, por ejemplo, Hugo Moyano tuviera el día de mañana una trifulca con los camioneros chilenos y decidiera cortar los pasos fronterizos con Chile? ¿No estaría haciendo uso de su libertad de expresión como los asambleístas de Gualeguaychú, según la sorprendente mirada del gobierno argentino?
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El documento presentado por el gobierno argentino ante el tribunal del Mercosur deja otras dos conclusiones. Una de ellas es que, más allá de abrazos y gestos de conciliación con Uruguay, Kirchner no está dispuesto a pagar ningún precio político en el litoral entrerriano.
Ese documento sobre los cortes de rutas es perfectamente compatible con el discurso del canciller Jorge Taiana ante los asambleístas, ayer en Gualeguaychú, que encolumnó a la política exterior argentina con los planteos fundamentales -y más fundamentalistas- de los que cortaron los puentes.
Otra conclusión es que, tal como el Gobierno ve las cosas, no sólo los asambleístas entrerrianos son funcionales a Kirchner. También los han sido muchos grupos piqueteros o sindicales que bloquearon empresas, hostigaron a dirigentes opositores o violaron la ley con total impunidad.
Con las respetables diferencias de los casos, ahora se explica también por qué Luis D Elía entró al gabinete nacional luego de tomar y destruir una comisaría de Buenos Aires.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/826812
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