Lunes, 31 de julio de 2006
Tras el caso de las papeleras de Uruguay y el fallo sobre el Riachuelo, el Gobierno impulsa un nuevo mandamiento: no contaminarás
El presidente Kirchner nombró a una ambientalista de Gualeguaychú nueva secretaria de Medio Ambiente para reforzar el área; la UIA reaccionó, se reunió con ella esta semana y aclaró que una modernización de las fábricas requiere tiempo e inversiones; se abrió el debate sobre quiénes son los responsables de la polución y cómo pueden reconvertirse
- Identifican industrias peligrosas |Un informe detecta riesgos en Mataderos, La Matanza, Avellaneda y San Martín
El comportamiento de las empresas revela claroscuros en la conciencia ambiental |En una misma zona pueden encontrarse diferentes actitudes
La visión de Greenpeace
La oposición a las plantas de celulosa de Uruguay obligó al gobierno argentino a mirar fronteras adentro la situación medioambiental. Un fallo de la Corte Suprema obligó a fines del mes pasado a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense a presentar un plan de saneamiento del Riachuelo y un estudio de impacto ambiental de 44 empresas, la mayoría grandes, entre ellas petroleras, químicas, alimentarias y curtiembres.
Semanas después, el presidente Néstor Kirchner nombró secretaria de Medio Ambiente a la asesora legal de los asambleístas de Gualeguaychú y también de la Cancillería en su plante contra Uruguay, Romina Picolotti. "Tiene ideas de cambio en materia de medio ambiente. Presentará un plan ambicioso desarrollado a un año y medio vista", dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando asumió Picolotti.
A medida que crecía la preocupación del Gobierno por el medio ambiente por el caso de Uruguay, en la Unión Industrial Argentina (UIA) comenzaban a inquietarse. A poco de la designación de la nueva secretaria de Medio Ambiente, la cúpula de la entidad pidió audiencia con ella. El martes pasado se encontraron.
"Son necesarias reglas de juego claras y son necesarios los controles", declaró la secretaria a la prensa, en un contexto en el que se superponen normas nacionales, provinciales y municipales, mientras que la vigilancia de su cumplimiento resulta irregular. Picolotti dejó en claro que el Estado, con las herramientas disponibles, favorecerá la reconversión industrial, aunque deslizó que discriminará entre grandes empresas y pymes.
El vicepresidente de la UIA encargado de los asuntos medioambientales, Juan Carlos Sacco, dice que se encontró con una secretaria "ejecutiva, pragmática y consciente de que deben aplicarse las leyes" nacionales que se sancionaron desde los 90, pero que no se reglamentaron en numerosas provincias, que son las encargadas del control. "Si se reglamentan todas las leyes, casi no habría industria en el país", se sincera Sacco.
El dirigente de la industria gráfica tiene sus reparos: que no todos los sectores y empresas pueden juzgarse de la misma manera; que también debe diferenciarse por tamaño de la compañía; el cruce de competencias nacional, provincial y municipal. Pero sobre todo teme que la cuestión ambiental se convierta en un "recurso de caja", es decir, en más impuestos, como las tasas de residuos peligrosos o de salubridad e higiene. Coincide con Picolotti en la importancia de las certificaciones de calidad, como las ISO, para exportar a países desarrollados, se despreocupa por el acceso a créditos blandos de organismos nacionales o internacionales, pero advierte que una reconversión de toda la industria argentina puede demorar hasta 20 años.
Especialistas en el impacto ambiental de las industrias consideran que las plantas pueden modernizarse en menos tiempo, aunque no en un año y medio, pero siempre que cuenten con el apoyo estatal. Julio García Velasco, del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), calcula que la incorporación de tecnología limpia puede llevar cinco años a una gran empresa y entre dos o tres a una pyme.
La implementación de un sistema de gestión ambiental como el de la norma ISO 14.000 cuesta US$ 10.000. "Después de eso, empiezan las inversiones físicas", explica García Velasco. Una pequeña modificación del tratamiento de efluentes de una pyme puede costar US$ 100.000, según se desprende de un estudio que sobre el sector químico argentino hizo la empresa estatal alemana de cooperación al desarrollo GTZ. "No son cifras menores. Es esencial que el Estado apoye financieramente o con incentivos fiscales", observa el experto del CAI, que también advierte sobre la falta de profesionales en el país.
García Velasco recuerda que él trabajaba en el grupo Techint cuando compró la siderúrgica estatal Somisa a principios de los 90. Para actualizar la tecnología ambiental de la firma privatizada, Techint desembolsó US$ 50 millones a lo largo de cinco años.
En 1994, el gasto privado en medio ambiente ascendía al 0,07% del producto bruto interno (PBI) -US$ 160 millones- y fue subiendo hasta el 0,15% en 2001 -US$ 408 millones-, según un informe de dos investigadores del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) y de la Universidad de San Andrés, Daniel Chudnovsky y Andrés López. En Estados Unidos, el Reino Unido, Austria o Suiza, esa relación es del 1%, mientras que en Australia y Francia llega al 0,4 por ciento. Pero con la última crisis, los recursos para medio ambiente descendieron en la Argentina, con lo que se agrandó la brecha respecto de los países desarrollados, según reconocen expertos y el propio presidente de la Cámara de la Industria Curtidora (CICA), Eduardo Wydler.
El estudio de Chudnovsky y López indica que las empresas activas en gestión ambiental son el 53% de las empresas exportadoras analizadas y el 20% de las orientadas al mercado interno. No obstante, en la adopción de prácticas de prevención de la polución se destaca el 35% de las que venden afuera y el 47% de las dedicadas al consumo interno.
Las multinacionales son más activas en gestión ambiental (47%) y prevención (59%) que las firmas locales (29% y 21%, respectivamente). Si se las distingue entre grandes y pymes, el 37% de las primeras sobresale por el cuidado de la ecología y sólo el 12% de las segundas alcanza altos estándares. Las grandes encuentran obstáculos para hacerlo por los altos costos (54%) y la falta de tecnología ambiental adecuada en el mercado local (21%), mientras que las pymes también mencionan la cuestión económica (39%) y la escasa información acerca de las fuentes disponibles de equipamiento (9 por ciento). López señala que las pymes informales hallan problemas adicionales para la de por sí difícil tarea de conseguir crédito para adquirir maquinaria ambiental.
"La realidad ambiental de las industrias es, como mínimo, inferior respecto del estándar legal", advierte López, que reconoce sectores críticos, como el químico, el curtidor, el de galvanoplastia (tratamientos de metales), el frigorífico, el minero y el papelero. "Las normas se parecen a las de los países desarrollados, pero es débil la capacidad de control de las autoridades. Pero los países en desarrollo deben enfocar el medio ambiente distinto que los desarrollados, que llevan siglos de degradación. En nuestros países hay prioridades urgentes de empleo, que deben conciliarse con lo ambiental para hacer una reconversión gradual y verificable."
El presidente de la Fundación Vida Silvestre, Héctor Laurence, resume en tres puntos la solución al problema ambiental: que se cumpla la ley, que se desarrolle un plan de trabajo -las fábricas que estén generando un daño grave a la salud humana deberían reconvertirse en uno o dos años, mientras que el resto, en cuatro o cinco- y asistencia crediticia nacional e internacional para las compañías. Laurence afirma que existen sectores que "están demostrando conciencia de la necesidad de modernizarse" y cita a algunos que se acercaron a Vida Silvestre para trabajar en conjunto, como el papelero, el de turismo, el agropecuario y el pesquero.
Entre las industrias en la mira, algunas respondieron a la llamada de LA NACION. Wydler, de las curtiembres, es uno de los que contestó: "Como una parte importante de este sector exporta, las empresas han invertido desde hace años. A pesar de que mucha gente cree que generamos residuos peligrosos, no es así. El olor que generamos no es peligroso y además estamos trabajando para reducirlo". El jefe de CICA dice que su sector invirtió más de US$ 20 millones en plantas de tratamiento de efluentes en los últimos seis años, pero admite que "quizás hay gente que no puede hacerlo". Su ideal es Italia, donde las curtiembres se concentraron en determinadas regiones y el Estado participó de la construcción de planteas de tratamiento de efluentes.
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Mario Polijronópulos, dice en su sector "hay empresas que están adecuándose y otras que ya lo están". De todas las compañías argentinas que cuentan con la ISO 14.001, el 20% son metalmecánicas, según Polijronópulos. "Las normas ambientales actúan como barreras paraarancelarias en Estados Unidos y Europa", califica el jefe de Adimra. Según él, la reconversión de una pyme requiere entre seis meses y dos años, pero también inversión: por eso propone reflotar el proyecto de ley de desgravación de las ganancias reinvertidas y orientarlo hacia la compra de tecnología ambiental.
El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp), José María Fumagalli, alega que las empresas socias de esa entidad "cumplen" con las normas ambientales. Fumagalli justifica que éstas sean menores que las de Europa: "En la Argentina no ha habido el mismo grado de afectación que allá, más allá de enclaves localizados como el de Dock Sud".
Uno de los sectores que más resistencias enfrentan en comunidades del interior es el minero. El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, aduce que la contaminación "es menos que relativa" en su sector y recuerda que los proyectos son sometidos a informes previos de impacto ambiental. "Si hay un problema, se busca remediarlo", se defiende Dedeu.
El medio ambiente irrumpe en la agenda. Prueba de ello es que la Secretaría de Política Ambiental bonaerense clausuró en lo que va del año 86 plantas, frente a 74 de todo 2005.
Por Alejandro Rebossio
De la Redacción de LA NACION
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Identifican industrias peligrosas |Un informe detecta riesgos en Mataderos, La Matanza, Avellaneda y San Martín
Las industrias metalúrgica (galvanización), la curtidora, la frigorífica, la láctea, la química, la farmacéutica y la papelera son consideradas actividades altamente críticas para el medio ambiente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Así lo concluye un estudio conjunto de Freplata (Programa de Protección Ambiental del Río de la Plata), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, según sus siglas en inglés).
El trabajo fue elaborado a pedido de la Secretaría de Medio Ambiente para implementar a partir de él planes de reducción de la contaminación. Se terminó en diciembre último, pero hasta ahora se había manejado sólo internamente dentro de esa dependencia.
El informe considera altamente críticos a los rubros industriales en los que más del 35% de los establecimientos relevados echó efluentes líquidos residuales contaminantes en forma reincidente. Aquellos sectores en los que menos del 35% de las plantas hizo en forma reiterada vertidos con polución se califican de prioridad "media". Entre ellos figuran las industrias textiles, de alimentos, bebidas y tabaco, anexas al papel (gráfica, impresión de diarios y revistas, imprentas, envases de cartón), de maquinaria y de productos no metálicos (barro, loza, porcelana y artículos de electricidad).
Los sectores en los que no se detectaron vertidos contaminantes fueron los de ladrillos, equipos eléctricos, metálicos básicos (acero), accesorios de muebles, talleres ferroviarios, usinas eléctricas y el resto de las actividades. Claro que este estudio sólo controlaba la contaminación por residuos líquidos.
Entre los vertidos identificados por encima de los límites permisibles aparecen el DBO (masa de oxígeno que es consumida por microorganismos), sólidos, hidrocarburos, sulfuros, fenoles, cianuro, cromo trivalente y hexavalente y metales. De las actividades críticas, sólo el 1% de las plantas carece de sistemas de tratamiento de efluentes y el 92% dispone de un mecanismo primario para hacerlo.
El informe detectó cuatro zonas geográficas críticas, que son aquellas que concentran más del 10% de las actividades más riesgosas. Se trata de la Capital Federal y los partidos de Avellaneda, La Matanza y San Martín.
En la ciudad de Buenos Aires se advierte que el barrio más conflictivo es Mataderos porque allí se concentran las fábricas de chacinados y farmacéuticas. En Avellaneda están las curtiembres, las galvanoplastias y los frigoríficos. En La Matanza, la industria de la carne, la metalúrgica y la química. En San Martín, estas dos últimas.
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El comportamiento de las empresas revela claroscuros en la conciencia ambiental |En una misma zona pueden encontrarse diferentes actitudes
* En la ciudad de Quilmes convergen compañías preocupadas por la comunidad con otras que son denunciadas por los vecinos
* La secretaria de Medio Ambiente los recibirá en 20 días
Una buena parte de la problemática del medio ambiente tiene que ver con el comportamiento de las empresas, por eso en una misma zona pueden converger las luces y las sombras. En un recorrido por la ciudad de Quilmes, LA NACION recogió testimonios de vecinos que sufren las consecuencias de desatenciones de las empresas, pero que también valoran las buenas acciones.
Osvaldo Tondino, presidente de la Federación de Entidades de Fomento de Quilmes, aseguró que el vecindario reconoce que "la cervecería Quilmes no trae problemas a la comunidad y es una empresa que siempre trató de perfeccionarse". La firma, que en 2002 obtuvo el primer premio "Hacia la Excelencia Ambiental", otorgado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), cuenta con una gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente que se encarga de evitar cualquier efecto dañino sobre la comunidad.
El responsable del área, Hugo Bagliotto, contó que la empresa tiene 13 plantas en todo el país y hace 6 años trabajan en procesos de certificación de ISO 14000 con costos ambientales de 200.000 dólares por año por planta.
"La planta de Quilmes está en el medio de la ciudad, entonces debemos tener un cuidado intensivo con las posibles emisiones de agua, gas o ruido hacia el vecindario", afirmó. El directivo explicó que la modernización de la planta tuvo en cuenta que los vapores de cocimiento de la cebada en agua generan olor, entonces el proceso se hace a una altura elevada para que no llegue a la población. En tanto, para el tratamiento de los afluentes líquidos se instaló una planta de alta tecnología con un costo de 2 millones de dólares. "Así el agua se descarga en cloacas, pero con los parámetros permitidos", explicó.
A unas pocas cuadras, en el barrio La Sarita, decenas de viejos tanques industriales de hierro para almacenamiento de combustibles y otras sustancias, se apilan en un terreno junto al arroyo San Francisco a cuya vera se multiplican las viviendas humildes. El aire es nauseabundo.
En una de esas casas vive Lilia Canario, empleada de 45 años, que relató que vive allí desde hace muchos años y que la intoxicación con plomo es impresionante: "Mi hijo tuvo saturnismo, y los chicos acá viven con bronquitis".
Según ella toda la zona está contaminada "por los desechos de muchísimas fábricas". Y añadió que en la primavera "todo el barrio es una nube por la humedad de los ácidos que está en viento".
Con vista al turbio arroyo y a los tanques oxidados de la empresa El Emporio del Tanque, también vive Silvia Palavecino. "Los tanques están oxidados y los chicos sufren problemas asmáticos por el oxido que se respira en el aire", comentó. Para pesar de su familia, otro paisaje que puede verse desde su ventana son los piletones con desechos de frigoríficos de la zona. "Por los piletones nos llegan el mal olor y las ratas", dijo, con gesto resignado.
En Tomás Flores y Donato Alvarez se emplaza la cristalería Cattorini. A un costado del acceso principal se yergue una montaña de cerca de diez metros de vidrio molido. Según Tondino, tanto el vidrio acumulado como el de los camiones que lo traen sin tapa, vuela con el viento y si alcanza los ojos de una persona que camina por la calle la puede perjudicar para toda la vida. Como sucedió con Marcela González de 47 años, según el testimonio de su marido, Roberto Palacio: "Mi señora estaba esperando en la parada de colectivo, voló un vidrio y le insertó una astilla en el ojo y ahora tiene una catarata traumática, casi no puede ver". Otra vecina de la misma cuadra, Teresa Borjas, 66 años, aseguró que los vidrios aparecen en el aire cuando hay viento fuerte y hay muchas quejas de la gente.
Según Tondino, en el recorte de los vidrios nadie puede garantizar que no haya astillas, por lo que la empresa debería evitar la exposición del material. Respecto de la contaminación de los tanques, afirmó que el oxido provoca irritación a la vista y a la piel, y añadió que hubo reclamos que nunca prosperaron. LA NACION intentó comunicarse con las dos empresas mencionadas en reiteradas oportunidades el viernes por la tarde, pero en ambos casos la respuesta fue que los gerentes ya se habían retirado y nadie podía atender la consulta.
Según Tondino, en la zona hay muchísimas empresas con situaciones no controladas. "En veinte días nos vamos a reunir con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y le vamos a hacer una presentación de lo que está pasando con la contaminación en Quilmes", aseguró. Para el dirigente, las empresas no hacen las inversiones necesarias para hacer procesos de reciclado o plantas depuradoras. "Durante muchos años hubo una impunidad total al no existir controles, pero sí funcionarios permeables a mirar para otro lado", subrayó. Y añadió que actualmente está cambiando la situación porque las entidades intermedias están trabajando mucho y van directamente a la Justicia, no al poder político. "Ahora hay más conciencia y hay jueces que le dan importancia al medio ambiente", concluyó.
Por Carlos Grondona
De la Redacción de LA NACION
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La visión de Greenpeace
"Hay sectores muy desarrollados ambientalmente y otros subdesarrollados y con poca capacidad de respuesta inmediata a un cambio de exigencia por parte del Estado", admite Juan Carlos Villalonga, de la organización Greenpeace. "Si el Estado pasa de una exigencia mínima a una alta, como debería ser, sería un golpe duro. Por ejemplo, para la modernización de una planta chica de papel hablamos de 50 millones de pesos."
Villalonga afirma que, para exigir, el Estado debe promover la inversión ambiental con créditos blandos para industrias rezagadas, con un plazo de cuatro a seis años y dejar en claro que esta vez la política "verde" será de largo plazo. "Las inversiones son enormes, y si el interés oficial por el medio ambiente es transitorio, los industriales especulan."
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