Un giro en la posición del Gobierno |Por Eduardo van der Kooy
Hasta hace poco fue no a la contaminación. Ahora es no a las papeleras. El discurso oficial se endureció. Su política en el conflicto está atada a los asambleístas. No hay espacio para el diálogo. El cortocircuito con Chile.
Hay una contradicción que sobresale en el discurso del Gobierno. Néstor Kirchner dijo varias veces que su intención no es impedir la instalación de las pasteras en Fray Bentos sino evitar la contaminación del río Uruguay. Es cierto que esas palabras repicaron muchas veces en privado y pocas en público. Jorge Taiana fue rotundo la semana pasada cuando aseguró en Gualeguaychú que la Argentina pretende vedar el funcionamiento de las plantas.
¿Pudo haber blandido el canciller una posición distinta a la del Presidente? Impensado. Casi no existen resquicios para disidencias de ese tenor en el poder. ¿No piensa ya el Presidente lo que pensaba antes? Es una posibilidad. Aunque también hay otra: Kirchner va zigzagueando en consonancia con las urgencias políticas. Las urgencias apuntan primero al plano doméstico y luego al exterior.
Guayleguaychú es, en ese sentido, una verdadera obsesión. Sus habitantes quedaron desilusionados con el fallo de la Corte de La Haya que desestimó la paralización de las obras. El Gobierno había vendido esa ilusión para conseguir ponerle fin a los bloqueos de los pasos fronterizos. Esa amenaza late otra vez y es la que causa la angustia de Kirchner.
Los asambleístas entrerrianos forman ya parte de las decisiones de poder en el conflicto con Uruguay e, incluso, meten sus narices en la cocina del Gobierno. Romina Picolotti aterrizó en la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo, para tratar de mantener controladas las protestas. ¿Qué hubiera ocurrido con Héctor Polino si el socialismo lo autorizaba a asumir aquel cargo? Las presiones de los manifestantes fueron clave para la separación de Roberto García Moritán de la Comisión Administradora del rio Uruguay (CARU). Se responsabilizó al vicecanciller de no haberle dado toda la importancia que tenía a la incubación del conflicto. Su lugar fue ocupado también por un hombre de Entre Ríos, el intendente de Concordia, Hernán Orduna.
Fueron los propios asambleístas los que fijaron las condiciones para el encuentro de puertas abiertas con Taiana en un teatro de Gualeguaychú. El canciller no estaba de acuerdo con la puesta en escena y el gobernador Jorge Busti tampoco. Pero Kirchner ordenó que no contradijeran la voluntad de aquellos ciudadanos. Los vecinos no sólo protestan sino que parecen haberse encaramado en la conducción de la politica oficial.
Los habitantes de Gualeguaychú no son perversos ni caprichosos. Han adquirido el protagonismo que tienen porque desde un comienzo la Argentina y el Uruguay los ignoraron. Los cortes de ruta comenzaron a llamar la atención de los gobiernos de una y otra orilla. Kirchner ingresó tarde al problema que comenzó a gestarse en el 2003 cuando recién asumía y el fuego de la crisis interna le demandaba toda la atención. Tabaré Vázquez subestimó el temor auténtico que la instalación de las plantas provocaría en los ciudadanos entrerrianos. Y no hizo nada para disuadirlo.
Después del veredicto de La Haya comenzó a madurar una situación paradójica. Uruguay resultó favorecido pero fue, casi de inmediato, el país que propició abrir de nuevo una negociación. La Argentina sufrió un traspié previsible, pero continúa en el encierro y dispuesta a dar todas las batallas judiciales. Quizás un mundo en el reino del revés.
Cada conducta podría encerrar su explicación. Tabaré supone que el éxito lo colocó en la mejor instancia para el diálogo. No sabe si el futuro será más auspicioso que el presente. El fallo de la Corte avaló la edificación de las plantas pero habría sembrado dudas en el horizonte. De producirse la contaminación que denuncia la Argentina no sólo podría determinarse la paralización y hasta el desmantelamiento de las pasteras: sería el Estado uruguayo antes que las empresas el que debería responder en valores económicos y políticos por aquel perjuicio. Algo parecido a una debacle.
¿Hubo acaso una oferta concreta? No la hubo hasta hoy. No se reabrieron los canales de diálogo. Sólo Kirchner y Tabaré preservan los gestos públicos de amistad. Antes, Uruguay proponía a la Argentina un monitoreo conjunto para verificar el funcionamiento de Botnia (Finlandia) y ENCE (España). Sugiere ahora fiscalizar también la construcción. "Insuficiente", opinan en la Casa Rosada y en la Cancillería.
Tampoco satisface la supuesta relocalización de ENCE que el Gobierno argentino había sondeado con España. El problema es Botnia. Y la obra de Botnia prosigue a todo vapor con la chimenea amenazante apuntando hacia las playas de Gualeguaychú. Kirchner se encrespa y se obnubila no bien la política local filtra su cola: Roberto Lavagna, en trance electoral, opinó que aquella relocalización y el monitoreo conjunto alcanzarían para una solución.
Nada de eso piensa el Presidente. Su objetivo es claro: no entrará en ninguna negociación que pueda generar sospechas sobre su actitud entre los habitantes de Gualeguaychú. El fallo adverso de la Corte le dolió aunque no asoma dispuesto a cambiar el rumbo. Taiana y Picolotti ya encomendaron a expertos internacionales un estudio sobre el impacto ambiental en la zona del conflicto que agregarán al expediente para el tramo final del juicio en La Haya. Las gestiones tendientes a trabar el financiamiento de las obras siguen activas. El pleito hizo caer las acciones de las dos empresas, las de Botnia cerca de un 20%.
Kirchner prefiere oficiar por un largo tiempo de equilibrista. Se propone mantener el mejor vínculo posible con Uruguay, pero aislando el conflicto por las pasteras. ¿Será posible? Supone que sí en la medida en que no se repitan los bloqueos en los pasos fronterizos. Esa reiteración desintegraría toda la estrategia judicial. El Gobierno aguarda que el Tribunal Arbitral del Mercosur también le conceda la razón a Uruguay, que inició una causa por los daños económicos que sufrió.
Aquella razón podría derivar de los perjuicios que el país vecino, en efecto, padeció. Pero también de la inanidad argumental que exhibió la Argentina. Justificar los cortes como una muestra de libertad de expresión o un derecho humano sería apropiado quizá para un mitín universitario pero no para sustentar un criterio en el derecho internacional. El respeto al libre tránsito es una de las cláusulas elementales para cualquier asociación entre naciones. También para el Mercosur. Habrá que reconocerle al Gobierno, al menos, que su postura errática fue coherente con el modo en que durante estos años manejó aquí el dilema piquetero.
Nadie sabe si es por esos vientos que soplan a favor —o por otros motivos— que Uruguay parece estar más reconciliado con el Mercosur de lo que estaba. Hay una realidad que golpea a todos los países. El nuevo fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que dejó enfrentados a la Unión Europea con Washington, vuelve a dejar trunca la posibilidad del acceso a los mercados de los productos agrícolas de esta parte del mundo. La negociación bilateral se hace más difícil.
Uruguay está todavía dirimiendo un litigio interno. Las posiciones del ministro de Economía, Danilo Astori, y del canciller, Reinaldo Gargano, son antagónicas sobre la conveniencia de un Tratado de Libre Comercio. Pero vale atender las recomendaciones del ministro de Agricultura, José Mujica: le ha repetido a Tabaré que es necesario permanecer en el Mercosur. El ex tupamaro y legendario dirigente frenteamplista habría incidido también para que Uruguay celebrara, al fin, el ingreso de Venezuela al bloque. Tabaré reniega de la personalidad y del protagonismo de Hugo Chávez. Pero negocios son negocios. Están los primeros convenios entre la petrolera venezolana PDVSA y la estatal uruguaya ANCAP. Técnicos uruguayos participan en tareas de exploración de la cuenca del río Orinoco. Caracas evalúa capitalizar en Montevideo una cadena de sucursales bancarias.
Nadie sabe si la ausencia de Tabaré en la asunción de Alan Garcia en Perú tuvo la misma motivación que la de Kirchner. Al Presidente le desagradó el tono fogoso del enfrentamiento del mandatario peruano con Chávez. ¿Puede ser eso una justificación en una decisión política de Estado? Michelle Bachelet fue, en cambio, más cauta. Su presencia en Lima marcó otro paso de ablandamiento en la difícil relación histórica con el país vecino. Pero dispensó también un gesto a Chávez: ratificó que, pese a las admoniciones de Washington, Chile está dispuesto a votar el ingreso de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
Bachelet está dolida con Kirchner. Se siente defraudada por el precio del gas que le exporta la Argentina. Ese gas viene de Bolivia y Evo Morales lo acaba de aumentar. Chile exhibe declaraciones de Julio De Vido a la televisión chilena hace una semana en las cuales afirma que el precio rondaría los 4 dólares la unidad. Finalmente estaría en 4.70 dólares. Nuestro país se lo pagará 5 dólares a La Paz. El Gobierno tiene por lo visto su razón. Aunque la dama de Chile también posee las suyas: la oposición la martiriza con la cuestión energética y la acusa de ceder a las presiones.
Nadie podría cuestionarle al Gobierno la defensa del interés nacional. Pero la única manera de hacerlo no es tratando de interpretar invariablemente el papel de malevo de barrio.
http://www.clarin.com/diario/2006/07/30/opinion/o-03301.htm
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