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Informe de Prensa

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Martes, 01 de agosto de 2006

Editorial |Estilos diferentes de recaudar

El crecimiento económico sostenido y la recuperación del consumo han contribuido a incrementar la recaudación tributaria de manera constante, tanto en la Nación como en las provincias. Este mejoramiento en las arcas del Estado nacional, sin embargo, se debe también al mantenimiento de impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones y el gravamen a las operaciones bancarias, que tendrían que ser eliminados en una reforma integral del sistema impositivo.

A partir de una mejor situación fiscal, por mayores ingresos y superávit, ha surgido un debate respecto de cuáles son los mejores métodos para cobrar impuestos, sobre todo los que se acumulan en las cuentas de los morosos. Y en los últimos tiempos se han podido apreciar con claridad dos estilos diferentes para alcanzar ese objetivo. Por un lado, el impulsado por el mediático subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, quien ha establecido una metodología que -en determinadas ocasiones- orilla el orden legal, cuando no lo contraviene. Por el otro, el motorizado por Alberto Abad, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), prudente y de bajo perfil.

Montoya, quien prioriza la espectacularidad acompañada con dosis de agresividad, ha recurrido a la apertura de cajas de seguridad sin orden judicial, al envío de desubicadas cartas a las esposas de morosos, inútiles requerimientos en los embarques en aeropuertos y en el puerto de Buenos Aires, controles de automóviles en los albergues transitorios, secuestro de televisores de plasma y automóviles importados y amenazas de sacar tarjeta roja para que los contribuyentes paguen sus impuestos. También llevó a otros distritos la persecución de deudores -no siempre comprobados-, como las anunciadas inspecciones en los centros turísticos invernales, sin tener en cuenta las fronteras jurisdiccionales.

En cambio, por lo que se ha visto hasta ahora, Abad prefiere la fiscalización inteligente que le da el control de las personas a través de la informática y en forma silenciosa. Con el nuevo centro de cómputos de altísima tecnología, la AFIP tiene acceso a 35.000 millones de datos sobre bienes, ganancias y consumo de cada uno de los aportantes al sistema, que puede cruzar a través de la base de datos e-fisco y detectar evasores.

El titular de la AFIP considera que para que se cumpla con las normas tributarias debe mejorarse la educación del contribuyente y la actuación de la Justicia. Ambos temas forman parte de los requerimientos de la gente, de acuerdo con una encuesta realizada por el organismo a su cargo, que desarrolla programas de educación tributaria en las provincias.

En efecto, ese sondeo determinó que es ínfimo el porcentaje de personas que avala los métodos compulsivos utilizados por Montoya. El 50% de los consultados pidió optimizar la educación de quienes pagan impuestos y el 32%, mejorar el funcionamiento de la Justicia. Sólo el 7% consideró que perseguir y hacer publicidad de quienes no cumplen era la forma de hacer cumplir la ley. El titular de la AFIP es partidario de aplicar una política de convencimiento y generar conciencia tributaria en los contribuyentes, poniendo a su disposición los servicios necesarios para facilitarles el pago de sus impuestos.

A simple vista, el gobierno bonaerense -en uso de superpoderes- sólo intenta lograr una mayor recaudación y, en ese marco, las acciones de Montoya para obtener más recursos públicos a través del cobro de las deudas a los morosos se muestran como un objetivo loable y digno de respeto. Sin embargo, el mecanismo del que se vale es el miedo al contribuyente, lo cual menoscaba derechos y garantías constitucionales. La débil situación fiscal de la Provincia, fundada entre otras razones en el otorgamiento de millonarios créditos incobrables, han llevado a utilizar cuestionables métodos extremos.

Como ya fue señalado desde esta columna editorial, la ofensiva desplegada por Montoya ha dejado la desagradable sensación de que para el funcionario provincial el fin justifica los medios. La labor del administrador fiscal requiere idoneidad, firmeza en la función y mesura en sus actitudes, y no medidas o acciones cortoplacistas y sensacionalistas que muchas veces caen en la ilegalidad.

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