Editorial |Riesgosa concentración de poder
La Cámara de Diputados contribuyó ayer a debilitar los cimientos institucionales de la República, al sancionar la ley que le confiere al jefe de Gabinete la facultad permanente de modificar el presupuesto sin control parlamentario. Esta norma, que beneficia a este gobierno y a los que lo sucedan, representa un avance del Poder Ejecutivo en detrimento del Congreso y un retroceso en el control ciudadano sobre el destino de los fondos públicos.
La cuestionada reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, reclamada por el presidente Néstor Kirchner con el argumento de que sin ese instrumento no podría gobernar, fue aprobada con la amplia mayoría que el oficialismo tiene en el Congreso. El planteo del primer mandatario sonó desmedido, pues el oficialismo cuenta con el número suficiente en ambas cámaras legislativas para poder alterar las partidas presupuestarias sin necesidad de recurrir a reformas amañadas, como ésta, que no hacen otra cosa que violentar el espíritu y la letra de la Constitución.
El cuestionable otorgamiento de atribuciones al jefe de Gabinete para reasignar partidas del presupuesto nacional era un instrumento al que distintos gobiernos -incluido el actual- han apelado en los últimos años, fundamentado en razones de emergencia y por un tiempo determinado. Pero a partir de la promulgación de la ley sancionada ayer en la Cámara de Diputados esa herramienta será permanente y al Congreso sólo le quedaría fijar los números globales del presupuesto y aprobar el monto de endeudamiento previsto para cada ejercicio.
De ahora en más, el jefe de Gabinete podrá alterar la distribución de las finalidades de las erogaciones previstas en el presupuesto nacional. Además, se exime al ministro coordinador de una restricción establecida por la ley de responsabilidad fiscal, que impedía decidir incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los de capital o de las aplicaciones financieras.
Sólo se introdujo una limitación a la redistribución de partidas, para que no se puedan aumentar gastos reservados para seguridad e inteligencia.
La delegación de facultades propias del Congreso en el Poder Ejecutivo es un grave retroceso institucional, porque nada garantizará en el futuro que quienes manejen a su gusto y sin control las partidas presupuestarias no lo hagan persiguiendo fines políticos o electoralistas. El gobierno del presidente Kirchner puede declamar que hará un buen uso de este instrumento y que le facilitará la tarea de administración al hacer más expeditivo el proceso de reasignación de recursos, pero al transformarlo en permanente se entrega una herramienta a futuros gobiernos que podrían usarla de manera arbitraria.
Al haber perdido el Congreso el control de la redistribución de partidas, se corre el grave riesgo de que primen los intercambios de favores políticos por encima de las necesidades expresadas en la letra del presupuesto nacional. De este modo, partidas previstas para bienes de capital en determinadas provincias pueden desaparecer de un plumazo y ser reasignadas a otros distritos, o transformarse en recursos para financiar gasto corriente. Y en tiempos de elecciones, la discrecionalidad del gobierno nacional para usar los superpoderes otorgados al jefe de Gabinete puede servir para digitar quién recibe y quién no los recursos públicos.
El paso dado por el Congreso convalidó una grave tendencia hacia una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo. Combinada con la ley que virtualmente garantizó la vigencia indefinida de los decretos de necesidad y urgencia, va en contra del fortalecimiento de la división de poderes y de la consolidación de las instituciones republicanas.
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