Se están incubando aumentos reprimidos |Por Néstor Scibona
El aumento del 0,6% en el índice de precios al consumidor (IPC) de julio parece un dato positivo para algunos y engañoso para otros. La explicación es simple: la inflación del mes pasado no fue más alta porque alimentos y bebidas, el rubro que más pesa en el IPC, no tuvo variaciones. Este resultado es, básicamente, producto de los acuerdos de precios con empresas líderes y supermercados; algo que se está transformando en eufemismo, ya que en realidad es el Estado el que no permite ajustar.
Junto con la estabilidad de los precios de la carne, alcanzada al alto costo de haber prohibido parcialmente las exportaciones, y el prolongado congelamiento de las tarifas domiciliarias de servicios públicos, este torniquete permite compensar subas estacionales en los productos frescos y en servicios privados. También contribuye el congelamiento de los precios de los combustibles, que a pesar del shock petrolero internacional siguen costando en la Argentina dos tercios de lo que valen en países cercanos, como Brasil o Chile.
Todos estos controles y regulaciones estatales generan distorsiones con otro costo que por ahora no se ve, pero no tardará en aparecer. En la medida en que las empresas sujetas a la intervención estatal vayan perdiendo rentabilidad, irán recortando gastos e inversiones, suprimiendo ofertas o descuentos, modificando el tamaño de sus envases o lanzando sustitutos de menor calidad, todo lo cual terminará repercutiendo en la oferta frente a una demanda interna que no deja de crecer, recalentada por el mismo Estado. Una prueba de estas distorsiones es que en los últimos 12 meses, mientras los precios libres crecieron el 14%; los sujetos a acuerdos lo hicieron el 8,2% y los regulados, apenas el 1,3%. No es grave todavía, pero se está incubando una latente inflación reprimida que sigue sin encontrar un camino de salida.
Otro dato significativo es que en julio los precios de los bienes bajaron el 0,3%, pero los servicios privados subieron el 2%. Y estos aumentos (concentrados en los rubros esparcimiento, por las vacaciones de invierno, educación y alquileres) son los que más golpean los bolsillos de la clase media, que así encuentra razones para descreer de la fidelidad del índice para medir el deterioro de su poder adquisitivo.
Aunque el caso de esparcimiento es una cuestión estacional (lo mismo que la rebaja de indumentaria, por las liquidaciones de fin de temporada), en los colegios el problema es más serio porque refleja los aumentos de salarios, que en definitiva salen del bolsillo de los consumidores. Otro tanto ocurre con las expensas, en el caso de los alquileres, en los que además repercute el ajuste de los contratos en función de una inflación anual de dos dígitos en los últimos dos años, que sólo para los parámetros históricos argentinos puede considerarse baja o manejable sólo con controles que en el pasado ya probaron su fracaso.
Por Néstor O. Scibona
Para LA NACION
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