Lunes, 07 de agosto de 2006
Escasos pedidos de información al Estado
Un decreto habilita a los ciudadanos a acceder a los datos oficiales, pero desde 2004 sólo se registró una consulta por día
- Información "reservada"
El silencio perjudica a la sociedad |Por Gregorio Badeni
Aún no hay ley de acceso
A casi dos años y medio de la entrada en vigor de un decreto que habilita a cualquier persona a solicitar y obtener información en poder del Estado, los pedidos de datos siguen siendo escasos: desde abril de 2004, hubo, en promedio, poco más de una solicitud por día en todas las dependencias de la administración pública.
Los pedidos totalizan alrededor de 900, según informó a LA NACION Marta Oyhanarte, la funcionaria de la Jefatura de Gabinete que impulsó el dictado del decreto, que hoy está a cargo de su aplicación. De ese total, 197 se realizaron en 2004, 410 en 2005 y 266 en lo que va de 2006.
La mayoría de las solicitudes fue hecha por organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas en el desarrollo de la herramienta, que si bien reconocen avances en la materia atribuyen la escasa cantidad de pedidos a la falta de publicidad del mecanismo por parte de la Casa Rosada.
Las solicitudes de información puede hacerlas cualquier persona. Se reciben por escrito en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y las empresas de servicios públicos privatizadas, que tienen un plazo máximo de 20 días hábiles para contestar (ver infografía). Desde la puesta en funcionamiento del decreto 1172/03, el Gobierno debió responder acerca de la distribución de los polémicos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la identidad de los asesores del presidente Néstor Kirchner y el reparto de la publicidad oficial, entre otras cosas.
Si bien es cierto que, ante la falta de una ley de acceso a la información (a fines del año pasado caducó un proyecto que tenía media sanción de Diputados y que había recibido modificaciones del Senado que lo hacían más restrictivo), el mecanismo sólo rige para los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, la cantidad de pedidos es mucho menor que la registrada en otros países en los que funcionan herramientas parecidas.
Algunos ejemplos: en México, donde rige una ley desde junio de 2003, las solicitudes alcanzan las 127.900; en los Estados Unidos, que cuenta con una ley desde 1967, los pedidos en 2004 superaron los cuatro millones, y en el mismo año en Canadá, con ley desde 1983, llegaron a 25.000.
Desde la subsecretaría que dirige Oyhanarte explican que mientras que esos países cuentan con un organismo que centraliza todos los pedidos de información que recibe el Estado, en la Argentina hay varios ministerios y secretarías (como el Ministerio de Salud, la Sedronar y la Anses) que responden consultas telefónicas, personales y por correo electrónico por fuera de los canales previstos por el decreto.
Sostienen, además, que el cambio de la "cultura del secreto" no puede lograrse de un día para el otro. "Estamos encarando un trabajo de orfebres. Los cambios culturales son lentos", dijo Oyhanarte a LA NACION. "Además, hay que tener en cuenta que se necesita tiempo para que el Estado organice su información. La Argentina es, estadísticamente, uno de los países de mayor descuido de su patrimonio. En muchos casos se ha tenido que reconstruir información", agregó.
Difusión
Las ONG coinciden, sin embargo, en que ya es momento de que la gente conozca el mecanismo. "Parte de la política pública de acceso a la información es difundir la herramienta y colaborar con la sociedad civil para que crezca su uso", dijo a LA NACION el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Roberto Saba. "Sería excelente una campaña de publicidad desde el Gobierno", agregó.
Eugenia Braguinsky, coordinadora del área de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), coincide en que los pedidos son pocos y en que sería necesario difundir la existencia del decreto. "La cantidad de solicitudes tiene que ver con que no hay una política de difusión. Las autoridades de aplicación habían dicho que lo iban a difundir, pero la verdad es que no ha cambiado mucho", dijo.
Para Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la cantidad de pedidos es "ínfima para una república que aspira a comprometerse con la apertura informativa hacia la ciudadanía". Maurino atribuyó la baja cantidad de solicitudes a la escasa cultura de participación cívica y a la falta de una promoción activa de parte del Estado.
Oyhanarte, que a fines de 2004 había anunciado a LA NACION que a comienzos de 2005 se lanzaría una campaña publicitaria, hoy piensa que la publicidad "es parte de lo que vendrá". Sin arriesgar un nuevo plazo, sostiene: "Esta tarea amerita bajo perfil. La resolución de las pequeñas cosas siempre termina siendo muy importante".
Las ONG y el Gobierno tampoco se ponen de acuerdo sobre la cantidad de pedidos sin respuesta. Mientras Oyhanarte asegura que se contestó casi la totalidad de las solicitudes (aunque sea en forma negativa al amparo de las restricciones que prevé el decreto), un reciente estudio del Cippec indica que de 34 pedidos realizados en distintos organismos de la administración pública sólo 10 fueron respondidos en forma completa. Del resto, 11 obtuvieron una respuesta parcial y 13 quedaron sin contestación.
Un trabajo que ADC hizo en 2005 tuvo un resultado parecido: de 47 pedidos sólo en 29 casos hubo una respuesta positiva. En tanto, un relevamiento de Poder Ciudadano indica un incumplimiento del 45,3 por ciento, aunque con grandes avances respecto de años anteriores.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Información "reservada"
* Varios días después del vencimiento de los plazos legales, y con argumentos que no encontraban correlato en las normas invocadas, el Ministerio del Interior se excusó de dar datos sobre estadísticas delictivas requeridos por LA NACION por la vía del decreto 1172 de acceso a la información el 1° de junio pasado. El 19 de julio, el ministro Aníbal Fernández respondió por carta al periodista requiriente que "se torna imposible dar cumplimiento a lo solicitado" en relación con estadísticas que, hasta el año anterior, el Gobierno publicaba en Internet. Fernández sostuvo que la información en cuestión era "reservada".
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El silencio perjudica a la sociedad |Por Gregorio Badeni
Para LA NACION
Resulta paradójica la negativa de ciertos funcionarios a aportar información sobre el estado de seguridad imperante, que generalmente es requerida por los periodistas para satisfacer el derecho legítimo del pueblo a acceder al conocimiento de los problemas que se suscitan en la convivencia social y las eventuales soluciones que se implementan.
Aparentemente, desconocen que una de las características esenciales de la república (cosa común o perteneciente a todos) es la publicidad de los actos gubernamentales. Actos que, en el ejercicio de sus funciones, producen el presidente, los ministros, los legisladores, jueces y demás funcionarios. Esa exigencia sólo cede ante los actos preparatorios, o determinantes para la seguridad nacional, o referentes a cuestiones privadas donde se justifica la reserva de aspectos relacionados con los datos sensibles de los individuos.
Es cierto que resulta imposible publicar oficialmente todos los actos de gobierno, pero ello no avala su secreto. La difusión se impone cuando media la petición de un ciudadano. Así lo establece el decreto 1172/03, aunque las exigencias burocráticas impuestas al peticionario deterioran la rapidez propia del proceso informativo, desarticulando la finalidad que inspiró a la norma. Pero al margen de ese decreto es indudable que los gobernantes tienen que aportar en forma inmediata toda información sensible para la sociedad que les sea requerida, como la referente a la seguridad física y jurídica en la convivencia social.
En materia de seguridad, no hay razón para que el Gobierno se abstenga de difundir los datos referentes a los delitos perpetrados, sus tipos, áreas de comisión, medidas adoptadas para su prevención y represión. Ello nos permitirá conocer los aciertos o errores gubernamentales y contribuir para incrementar aquéllos y erradicar los segundos.
Pero el silencio, y a veces el suministro malicioso de datos falsos, determina que a través del periodismo de investigación se procure remediar semejante falencia. En tales condiciones, es posible que la información periodística contenga algunas inexactitudes, pero el responsable de ellas no es el periodista, sino el funcionario que niega o distorsiona la información.
Una sociedad desprovista de información está completamente desprotegida, y la reticencia gubernamental no se compadece con el deber que tiene el mandatario de servir a su mandante.
En síntesis, y tal como lo impone el artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en un sistema republicano, donde el poder emana de la sociedad, los gobernantes deben servir con humildad a los gobernados y el derecho de petición genera para las autoridades una obligación mínima, como es la de recibir, atender, analizar y responder a los requerimientos periodísticos destinados a satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos. Máxime sobre temas tan delicados como los atinentes a la seguridad, cuya vigencia, a criterio de la opinión pública dominante, se deteriora con peligrosa intensidad.
El autor es jurista especializado en Ciencias Políticas.
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Aún no hay ley de acceso
La aprobación de una ley de acceso a la información sigue siendo una cuenta pendiente del Congreso: tras la caída, a fines del año pasado, del proyecto que había recibido media sanción de Diputados y la aprobación con modificaciones del Senado, se presentaron cinco nuevas iniciativas, pero ninguna de ellas fue tratada aún en comisión.
Los nuevos proyectos fueron presentados por las diputadas Marcela Rodríguez (ARI) y Alicia Tate (UCR), y por los senadores Celso Jaque (Frente para la Victoria), Vilma Ibarra (Frepaso) y Ernesto Sanz y Gerardo Morales (UCR).
Las iniciativas pueden dividirse en dos grupos, según su grado de formalismo, es decir, entre los proyectos que ponen más requisitos para la obtención de los datos oficiales y los que se rigen de acuerdo con el criterio de informalidad avalado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el tema.
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