Martes, 08 de agosto de 2006
La Justicia define casos de alto impacto
La situación procesal de De la Rúa y la validez de los indultos a las juntas militares están en la agenda de los jueces
- Causa ESMA: revés para Acosta y Febres |Prorrogaron sus prisiones preventivas
Otro juez intentará investigar a D Elía |Torres toma una causa polémica
Abogados reclaman por la AMIA
Un bullicio parecido al que invadió casi todo espacio público durante las vacaciones de invierno se oye desde ayer en los pasillos de los tribunales porteños. Tras las dos semanas de receso invernal, los jueces retomaron la actividad y muchos de ellos se preparan para tomar decisiones que multiplicarán ese murmullo.
La situación del ex presidente Fernando de la Rúa en la causa de los sobornos en el Senado; la validez de los indultos que favorecieron a los integrantes de las juntas militares en la última dictadura; el destino del ex juez Juan José Galeano y del resto de los acusados en el sumario por anomalías en la investigación del atentado a la AMIA son algunas de las cuestiones que se definirán en las próximas semanas.
En los primeros días de la última mitad del año judicial, también se conocerá un pedido de extradición de cuatro militares uruguayos implicados en la represión ilegal durante la dictadura.
El mes que viene, De la Rúa también declarará como acusado en otra causa por corrupción: la del megacanje, de mediados de 2001. El ex presidente Carlos Menem será citado a declarar por la polémica licitación del espacio radioeléctrico.
En el caso del presunto pago de coimas, el juez Daniel Rafecas espera resolver antes del 4 del mes próximo -cuando viaje a España con motivo de una beca de perfeccionamiento en derecho penal- si procesa o no a De la Rúa.
El magistrado lo interrogó en dos oportunidades como acusado por el pago de 5 millones de pesos a senadores del PJ para la aprobación de la ley de reforma laboral, en abril de 2000. En la investigación, se intentó corroborar el relato del presunto arrepentido en la causa, el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto. De acuerdo con sus dichos, De la Rúa instigó al pago de coimas en una reunión en el despacho presidencial.
Aunque se espera una definición para las próximas semanas, la decisión podría retrasarse. Ocurre que De la Rúa presentó ante el juez un descargo por escrito de casi 1000 páginas. El ex presidente publicó los ejes centrales de ese escrito en el libro "Operación política". La publicación no se convirtió en best-seller.
Por esa causa, Rafecas interrogará hoy al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, uno de los nueve procesados, y será la última declaración de una ronda de indagatorias ordenadas por la Cámara Federal, en diciembre pasado.
Luego de esa audiencia, el magistrado apurará la elevación a juicio de la causa, con excepción de la parte que involucra a De la Rúa.
Otra vez
El ex presidente deberá volver a tribunales el 12 del mes que viene. Para esa fecha lo citó el juez federal Jorge Ballestero, que investiga si en la operación de canje de 30.000 millones de dólares de deuda pública, conocida como megacanje, se cometió una estafa al Estado.
El caso de Menem es distinto porque, aunque también será citado a declarar como sospechoso, su audiencia aún no tiene fecha. Además, podrá ampararse en sus fueros para no acudir a la indagatoria.
El juez Montenegro lo había citado a declarar para el 11 de abril, pero el ex presidente logró que se postergara la audiencia. El magistrado investiga si Menem recibió sobornos a cambio de la adjudicación, en 1998, del control del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum.
Ex funcionarios del gobierno menemista también seguirán con atención las próximas decisiones del juez Ariel Lijo, a cargo de la causa por las irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA.
Tras la ampliación de la indagatoria de Galeano, prevista para hoy, el magistrado deberá resolver las situaciones procesales del ex secretario de inteligencia Hugo Anzorreguy, de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y del ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.
En las causas sobre derechos humanos también se esperan novedades, en especial de parte de la Cámara Federal: ese tribunal prepara una resolución sobre la insconstitucionalidad de un decreto de indulto de Menem que dispuso la liberación de los militares condenados en el juicio a las juntas, en 1985.
Aunque sea quizá la medida de mayor valor simbólico contra los indultos, la decisión de la Cámara sólo incidirá en la situación procesal del ex presidente de facto Jorge Videla, que en el momento de su transitoria liberación purgaba una condena de reclusión perpetua.
En la causa de I Cuerpo de Ejército -en la que Rafecas declaró la nulidad de otro indulto-, esta semana se pedirá la extradición de los ex militares uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida por sus actividades en el centro de detención ilegal Automotores Orletti.
Jorge Rodríguez
* La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó profundizar la investigación contra el jefe de Gabinete de Carlos Menem Jorge Rodríguez, acusado de irregularidades en la entrega de subsidios. El tribunal confirmó además los procesamientos de tres ex colaboradores de Rodríguez señalados como los gestores de estas negociaciones: Antonio Paterno, José Luis Mozas y Mabel Clelia Di Leo. Según informó la agencia DyN, ellos están acusados de haber defraudado a la administración pública a través de subsidios a fundaciones a las que supuestamente se les retenía el 90 por ciento del dinero concedido.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/829857
Causa ESMA: revés para Acosta y Febres |Prorrogaron sus prisiones preventivas
La Cámara Federal porteña confirmó ayer las prórrogas por un año de las prisiones preventivas del ex capitán de la Armada Jorge Acosta, alias "El Tigre", y del ex prefecto Héctor Febres, ambos acusados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
Los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, autores del fallo, consideraron que, dada la gravedad de los hechos que se atribuyen a los imputados, es probable que ellos intenten "burlar la acción de la Justicia" si quedan en libertad.
Esta resolución, que sólo se dio a conocer ayer, fue firmada hace 20 días, justo antes de que comenzara la feria judicial de invierno. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes que intervienen en la causa.
Para los jueces, justifican la prórroga de las detenciones "la gravedad y las características de los hechos; el compromiso social de investigarlos, perseguirlos y sancionarlos; la imposible reparación del daño causado; la calidad de las víctimas, y los riesgos procesales", según consignaron las agencias DyN y Télam.
Los procesamientos
Acosta y Febres están procesados por un conjunto de presuntos delitos que incluyen secuestros, torturas y desapariciones forzadas de prisioneros políticos que estuvieron detenidos en la ESMA, donde funcionó la cárcel clandestina más grande del último gobierno de facto.
Según la causa que lleva adelante el juez federal Sergio Torres, entre las supuestas víctimas de Acosta y Febres se encuentran la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Ellas integraban un grupo de familiares y de amigos de desaparecidos que durante los primeros años de la dictadura se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal.
En ese grupo se infiltró el ex capitán Alfredo Astiz, alias "Gustavo Niño" o "El Angel Rubio", condenado en 1990 en Francia a prisión perpetua por las muertes de Duquet (cuyo cuerpo fue hallado en agosto de 2005 en un cementerio de la localidad bonaerense de General Lavalle) y Domon, que sigue desaparecida.
En la causa ESMA, Astiz se encuentra en una situación similar a la de Acosta y Febres: la Cámara Federal porteña acaba de prorrogar su prisión preventiva por un año.
Esta investigación es una de las dos megacausas por violaciones de los derechos humanos reabiertas por la Cámara Federal porteña, en septiembre del año pasado, luego de que el Congreso declaró nulas las leyes de obediencia debida y de punto final. La otra es la causa que investiga los crímenes cometidos por quienes se desempeñaban dentro de la órbita del I Cuerpo de Ejército y está a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/829861
Otro juez intentará investigar a D Elía |Torres toma una causa polémica
A más de dos años de su inicio -y aún sin procesados ni avances significativos-, la causa por el copamiento de la comisaría 24a. de La Boca está de estreno: el juez federal Sergio Torres es el nuevo instructor de la investigación.
La causa recayó en el titular del Juzgado Federal N° 12 luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que, por la trascendencia social del hecho, debe ser investigado por la justicia federal y no, como hasta ahora, por la justicia ordinaria.
Como consecuencia de esa decisión, la Cámara Federal unificó la causa con otro expediente -a cargo de Torres- en el que se investigaba si los ex funcionarios Norberto Quantín y José María Campagnoli habían desoído una orden judicial de desalojar la comisaría por la fuerza.
Torres se convirtió así en el sexto juez de la causa por el copamiento de la seccional. Desde su apertura, la causa había pasado por los juzgados de María Angélica Crotto, Norberto Oyarbide, Jorge Urso, Marcelo Lucini y Adriana Leiras.
Consultado por LA NACION, D Elía festejó la decisión. "Si la causa avanza, se va a demostrar que nosotros no rompimos la comisaría", dijo.
La toma de la comisaría 24a. ocurrió en la madrugada del 26 de junio de 2004, unas horas después del asesinato del dirigente social de La Boca Martín Cisneros. Encabezado por el dirigente piquetero y actual subsecretario de Tierras de la Nación, Luis D Elía, un grupo de 40 personas copó la comisaría para reclamar la detención del asesino de Cisneros.
Cuando se hizo cargo del expediente, Urso llamó a D Elía a declarar como acusado de once delitos -algunos de ellos, muy graves- y ordenó su "inmediata detención". Pero como entonces el dirigente kirchnerista era diputado por la provincia de Buenos Aires y tenía fueros la orden de Urso nunca se concretó.
Después, por decisión de la Cámara Federal, la parte de la causa referida a la toma de la comisaría pasó a la justicia ordinaria. Más tarde, este año, Casación apartó a Urso de la porción que había quedado en el fuero federal, acerca de la presunta desobediencia de Quantín y Campagnoli.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/829860
Abogados reclaman por la AMIA
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer una declaración en reclamo de "una respuesta institucional apropiada" para que se aclare definitivamente quiénes fueron los responsables del atentado a la AMIA. El comunicado dice:
"El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires comparte la frustración de la comunidad judía argentina, que a pesar del tiempo transcurrido, la firme perseverancia del reclamo y la enorme trascendencia del problema todavía no encuentra respuesta institucional apropiada.
"El atentado de la AMIA afecta a todo el pueblo argentino, por encima de sus distintos credos y las diversidades de pensamiento. No fue un episodio histórico que sólo debamos recordar, pues va más allá del ámbito doméstico y no se agota en lo exclusivamente judicial.
"Los niveles de seguridad interna, lo que es el país en el concierto de las naciones, la seriedad de sus instituciones y el respeto por nosotros mismos se quebraron definitivamente por la agresión inusitada a una población civil inerme.
"Las graves irregularidades que luego ensombrecieron la investigación judicial, mezclando los altos índices de corrupción pública en el esclarecimiento de un acto de violencia de dimensiones desconocidas en el país, reclaman una reacción pronta, seria y eficaz tomando las medidas de fondo que todos esperan.
"La Argentina debe fijar posición clara con hechos concretos. Mostrar en su política exterior que el país no tolera ni permite los actos de agresión que conmueven la paz interior. Dictar las normas legales que provean adecuadas condiciones de seguridad y garanticen la respuesta firme e inmediata que corresponde en estos casos. Y, finalmente, tomar las medidas concretas a fin de aclarar definitivamente la forma como sucedieron los hechos, identificar, encarcelar y juzgar a sus responsables, difundir la información disponible y urgir las causas que deben establecer la responsabilidad de los funcionarios que, por acción u omisión, contribuyeron al actual estado de cosas."
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/829859
Comentarios
Los comentarios están bloqueados
