Editorial |Escuchas ilegales a dirigentes políticos
Las denuncias de destacados dirigentes de la oposición de que sus conversaciones privadas son escuchadas en forma ilegal por el Gobierno constituyen un hecho gravísimo que debería ser investigado por la Justicia. Se trata de actos ilícitos que atentan contra los derechos esenciales de las personas; lamentablemente, terminan siempre emparentados con el oscuro accionar de los servicios de inteligencia, tradicionalmente más dependientes de los intereses políticos de turno que de una misión vinculada con las necesidades de la Nación.
Las sospechas de pinchaduras de teléfonos de los principales dirigentes políticos, oficialistas u opositores, jueces y empresarios, son moneda corriente en la Argentina de nuestros días. Es tal vez por ello que la sociedad se resigne a considerarlos como hechos corrientes y hasta anecdóticos, en lugar de graves violaciones de las normas que deben regir la vida pública en un sistema democrático.
Fue el ex ministro de Economía Roberto Lavagna quien lanzó la primera denuncia de esta nueva saga de escuchas ilegales. Luego se sumaron los diputados Mauricio Macri, Elisa Carrió, Francisco de Narváez, Jorge Sarghini, Juan José Alvarez y el líder de Recrear, Ricardo López Murphy, entre otros. Nadie, sin embargo, ha formulado una denuncia ante la Justicia. Consideran que las presentaciones se perderían en un cajón y en el olvido.
Es un pésimo ejemplo para la sociedad que quienes la representan o disputan el poder para conducir los destinos de la Nación no confíen en la Justicia, terminen resignándose a convivir con la sospecha de que son espiados y tengan que recurrir a extraños subterfugios para eludir los controles ilegales.
En mayo último, se detectaron operaciones de espionaje en el correo electrónico de políticos, periodistas, jueces y legisladores, aunque esa intervención no se limitó sólo a las conversaciones privadas, sino que avanzó sobre el contenido de las páginas de Internet visitadas por los usuarios del correo violentado.
En septiembre del año último, un equipo de expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) detectó que al menos doce líneas telefónicas -oficiales, particulares y móviles- pertenecientes a miembros de la comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura estaban intervenidas sin orden judicial que lo autorizara.
Entre los teléfonos que se acreditó sufrían escuchas ilegales estaban una línea de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y el conmutador del Senado de la Nación, lo cual permitía controlar todas las conversaciones realizadas desde sus líneas internas. A partir de ello, los consejeros presentaron una denuncia ante la justicia federal.
Según estimaciones de los expertos de la UBA en la Argentina hay unas 48.000 líneas telefónicas interceptadas en forma ilegal.
Ese espionaje, muchas veces realizado al cobijo de la superestructura de inteligencia en manos del Estado, debería ser combatido y atacado por el propio Gobierno, facilitándole a la Justicia todos los elementos a su alcance que permitan acelerar las pesquisas y obtener rápidos resultados. De ese modo contribuiría a aventar toda sospecha sobre la acción de la Secretaría de Inteligencia, cuya misión, a los ojos de la opinión pública, se ha desnaturalizado por el manejo político a la que ha sido sometida históricamente.
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