La Cámara de Casación, cerca del colapso
En los últimos cinco años se duplicaron los expedientes que debe tratar y terminará el año con casi 4000 casos sin resolver
El sistema procesal reclama una reforma |Por Guillermo J. Yacobucci
Las pilas de expedientes se multiplican. Rebasan los armarios y, en peligroso equilibrio, se amontonan sobre mesas, estantes y sillas en los despachos de la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Sus jueces están desbordados y le temen al colapso. En los últimos cinco años, las causas que recibieron se duplicaron y, en lo que va de 2006, les llegaron ya 3543 expedientes, casi la misma cantidad que todo el año pasado.
Ante esta situación, los pronósticos son poco alentadores: los magistrados estiman que van a terminar el año con casi 4000 casos sin resolver.
El incremento es consecuencia de la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema, que amplió el recurso de casación para cumplir con las garantías de revisión de las condenas que los tratados internacionales aseguran a los acusados.
Antes, Casación sólo intervenía en casos excepcionales para controlar si se habían interpretado y aplicado bien las normas penales. Esa es la función que tiene asignada por ley. Pero, tras el fallo Casal, de septiembre de 2005, esta cámara debe controlar "todo lo que resulte revisable" en un caso, hechos y pruebas incluidos.
El problema, según explican los jueces, es que ellos siguen siendo doce y tienen el mismo personal para una tarea colosal: revisar casi íntegramente los fallos de 207 tribunales penales de todo el país. La posibilidad de cometer errores, de que prescriban causas y de que los detenidos no tengan una rápida respuesta se acrecienta.
Asustados, en noviembre de 2005, los magistrados de Casación, que siempre habían sido partidarios del perfil bajo, le advirtieron al Consejo de la Magistratura y a la Corte que necesitaban una "solución urgente" y que, sin ella, les iba a resultar "imposible" dar respuesta "en tiempo oportuno a los requerimientos de los justiciables".
Acompañaron el pedido con estadísticas. En 2001, llegaron a la cámara 2062 casos; en 2002, 2231; en 2003, 2708; en 2004, 2905, y en 2005, 3598. La respuesta de la Corte fue terminante: no hay partidas presupuestarias para nuevo personal, ni para ampliar el espacio físico, ni los equipos informáticos de las cuatro salas que integran la cámara.
"Escandalosa forma"
"Esta es una escandalosa forma de trabajo. Ya estamos alcanzando un sistema de colapso -dijo a LA NACION el juez Alfredo Bisordi-. Nos van a terminar prescribiendo las causas acá." Según Bisordi, cada sala recibe unas 150 causas por mes y, de esas, queda al menos un remanente mensual de 80 sin resolver. Esto equivale a 960 causas de déficit por año en cada sala: casi 4000 en todo el tribunal.
"Con fallos como Casal, la Corte habría salvaguardado una garantía, pero conculcado otra que no es de menor jerarquía: que los procedimientos deben resolverse en tiempo razonable", protestó Bisordi. Y advirtió: "Esto desemboca en denegación de justicia". El Congreso tampoco presenta un panorama prometedor para los jueces.
La diputada kirchnerista Diana Conti (FV-Buenos Aires), miembro del Consejo de la Magistratura y de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, afirmó a LA NACION que no se analizan proyectos para crear nuevas salas ni para reducir los casos que llegan a Casación.
La diputada dijo que, por el contrario, en la última reunión se trató una iniciativa para recoger la jurisprudencia de la Corte y ampliar, también por ley, la competencia de estos tribunales. Antes de emitir un dictamen, los legisladores decidieron escuchar las opiniones de los jueces de la Corte y de Casación. La respuesta que llegará del tribunal penal es previsible. Quieren menos causas o más recursos.
"Estamos preocupados", dijo a LA NACION el presidente de la cámara, Raúl Madueño. "La cantidad de trabajo conspira contra nuestra obligación de llegar con la Justicia a tiempo y sabemos bien que la justicia lenta no es justicia".
Mes tras mes, la situación empeora. De acuerdo con los últimos datos, en lo que va del año (hasta el jueves último) llegaron a Casación 3543 expedientes. La mesa de entradas ya no alcanza a ingresar en el día las causas que le envían de todo el país.
Los camaristas son conscientes de que el de ellos no es el único tribunal desbordado, pero no quieren asumir el riesgo de trabajar al límite sin haber informado de eso.
Mora judicial
"Sabemos que la sobrecarga de los tribunales es un mal que aqueja a la mayoría de los órganos de nuestra organización judicial, pero ésta no puede ser de modo alguno razón que autorice tolerar la violación de las garantías fundamentales -sostuvo en un escrito la jueza de Casación Angela Ledesma-. En particular, por los intereses comprometidos en el proceso penal, donde la mora judicial oscila entre privación de libertad e impunidad."
Las soluciones que los magistrados proponen son diversas. Para el camarista Eduardo Riggi, es urgente contar con más personal, pero un remedio adecuado en el largo plazo "exige y merece un profundo debate y una definida concertación" que garantice la estabilidad procesal. Crear tribunales intermedios podría ser, según el juez, una alternativa válida.
Mientras tanto, el Gobierno pide más celeridad en las causas de derechos humanos y apunta, justamente, a Casación, que adeuda una definición sobre la inconstitucionalidad de los indultos. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, solicitó a los fiscales, que dependen de él, que se ocuparan acelerar esos casos. Hace dos meses, el tema llegó al Consejo de la Magistratura.
El consejero representante de los abogados Beinusz Szmukler denunció que en Casación no avanzan las causas y les propuso a sus pares del Consejo realizar una auditoría del máximo tribunal penal. "¡Ojalá nos auditen, así ven cómo estamos!", responden, irónicos, los jueces.
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
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El sistema procesal reclama una reforma |Por Guillermo J. Yacobucci
Suele decirse que el sistema procesal es un indicador privilegiado de la cultura jurídica de una sociedad. En consecuencia, aparece como uno de los instrumentos fundamentales de la política criminal a cargo del legislador.
Por eso, puede llamar la atención de los ciudadanos que las transformaciones más importantes del proceso penal en el nivel nacional hayan surgido, en los últimos tiempos, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no de una reforma legislativa. Esta circunstancia es un signo de la transformación del Estado de Derecho tradicional en un Estado Constitucional de Derecho.
Dicho de otro modo, esta situación demuestra que el principio de legalidad que privilegiaba la mera formalidad de la ley debe ser integrado ahora con el "principio de constitucionalidad", que exige de la ley ciertos contenidos materiales, asegurados por el control de constitucionalidad, a cargo de un tribunal jurisdiccional.
El sistema procesal en el nivel nacional se ha modificado no sólo por la tarea del legislador, sino especialmente por la jurisprudencia constitucional.
Un ejemplo de ello es el fallo "Casal", que alteró completamente los presupuestos históricos del recurso de casación, a fin de satisfacer las exigencias materiales de un revisión amplia de los fallos condenatorios, que es un derecho que tienen las personas condenadas.
Junto a los innegables elementos positivos que presenta esta decisión, aparecen numerosos desafíos y problemas para el sistema procesal actual, que reclama una reforma -legislativa- integral.
Para propiciar el debate, me atrevo a mencionar algunos de esos temas:
* La Cámara de Casación Penal fue diseñada para atender un recurso limitado, vinculado sólo a cuestiones de derecho y lógica de la argumentación. Ahora, con la misma estructura, deberá responder a un recurso que se asemeja a una apelación, que obliga a revisar "todo lo revisable", se trate de cuestiones de hecho o de derecho, cuya distinción -justificadamente- ha sido puesta en crisis.
* Debe evitarse, sin embargo, convertir esta revisión amplia en un segundo juicio o mera repetición de la instancia de juicio oral y público.
* Debe resolverse si este recurso amplio exige también la realización de nuevas pruebas.
* La Casación ha de fijar estándares que permitan distinguir aspectos propios de control con circunstancias irrepetibles tras el juicio oral.
* Debe asegurarse que este recurso amplio sea un derecho del condenado que no se extienda al acusador.
* Debe evitarse un retroceso a etapas semejantes al sistema inquisitivo y escrito, que arriesguen los avances logrados con el juicio oral y público.
* Cabe preguntarse si es necesario mantener una judicatura colegiada.
* Resulta imperativo impedir que la acumulación de etapas (Instrucción, revisión de Cámara del Crimen, Tribunal Oral, recurso de Casación, recurso extraordinario) extienda indefinidamente los procesos.
El autor es juez de Cámara de Tribunal Oral y profesor de Derecho Penal de la Universidad Austral.
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