Temor empresarial y algo de negligencia |Por Adrián Ventura
Vencen los plazos que dio la Corte para que el Estado y 44 empresas radicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo informen sobre el tratamiento que dan a los efluentes.
Los gobiernos de la Nación, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires propondrán la creación de un ente interjurisdiccional y las firmas informarán cómo tratan sus residuos -hasta ahora, ya lo hicieron siete.
Hay en este sector cierta de- sorientación: si bien en esa cuenca están radicadas unas 3000 firmas -de las cuales 300 son grandes-, la demanda se dirige sólo contra 44 de primera línea. "Son las de mayor solvencia económica", desliza, como un temor, el presidente de una multinacional. En una reunión a la que asistieron abogados de firmas petroleras, alimenticias y automotrices también quedó flotando otro temor: que los informes que la Corte les pide a las empresas puedan ser usados en contra de ellas, durante el juicio. En la Corte afirman que la información pedida es pública.
También hay, como siempre, cierta cuota de negligencia estatal. Una ley de 2002 obliga a las firmas a contratar seguros de daño ambiental, pero la Superintendencia de Seguros de la Nación reconoció en una nota que ninguna aseguradora de plaza comercializa ese seguro.
Como sea, se avecina la audiencia del 5 de septiembre y los jueces están dispuestos a interrogar a aquellas firmas que no brinden explicaciones satisfactorias.
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Todavía no se apaga el debate por el fallo que ordenó actualizar las jubilaciones.
La Corte no le puso fecha límite al Congreso para que fijara el aumento. En el borrador de la sentencia se establecía un plazo de 90 días, pero a último momento los jueces lo suprimieron. Eso explica por qué el Gobierno recibió el fallo con tanta satisfacción. La sentencia es muy buena, pero el plazo para cumplirla depende de la discrecionalidad política.
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La Corte también estudia otro tema con impacto en la economía. En el expediente Juplast S.A. c/ Estado Nacional y AFIP analiza si corresponde admitir que las empresas, a la hora de liquidar el impuesto a las ganancias, pueden aplicar un ajuste de sus balances por inflación.
El tribunal habilitó un plazo para que expertos amigos del tribunal ( amicus curiae ) expongan voluntariamente sus argumentos antes de dictar sentencia.
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Quien se mueve al margen de toda justicia es Luis D Elía, piquetero y subsecretario de Tierras para el Hábitat Social.
Primero lo hizo cuando invadió tierras que son propiedad privada. "Si son caminos internos de un terreno para que se desplacen los pobladores, lo que corresponde es que sea la justicia provincial la que establezca una servidumbre de paso"; explica Tomás Hutchinson, catedrático de las universidades de Buenos Aires y La Plata y director de la Revista de Derecho Público (Rubinzal-Culzoni).
Ahora, D Elía, para desalentar la participación ciudadana en la marcha convocada por Juan Carlos Blumberg, amenaza con una contramarcha. Quizá, D Elía, en el calor de su despacho oficial, olvidó que la inseguridad es uno de los problemas irresueltos que aquejan a los ciudadanos.
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