Una reforma peligrosa |Por Nora Ginzburg
En la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, de la que formo parte, se está discutiendo una modificación del Código Penal mediante la cual se pretende introducir el llamado “principio de oportunidad”.
Este tema se encuentra contenido en aquel anteproyecto de reforma que el Ministerio de Justicia intentó imponer y que fue repudiado por la mayoría de nuestra sociedad.
No obstante la disconformidad mostrada entonces, el oficialismo está empujando hoy la inclusión de este principio, de manera solapada, casi imperceptible para la sociedad.
Esta reforma establece que ya no se investigarán de oficio todos los delitos, como en la actualidad, sino que respecto de los penados con tres años de prisión, o menos, los fiscales tendrían la posibilidad de determinar qué delitos serían investigados. En el caso de que se resolviera no investigar un delito, el propio damnificado debería hacerse cargo de la causa.
En una época en la que la violencia ha aumentado sustancialmente, en la que la sociedad se siente insegura, en la que hay jueces para los cuales las víctimas son los delincuentes y la sociedad es la victimaria, en la que se ha llegado a liberar a un delincuente con antecedentes por la módica suma de 400 pesos para que, ocho días después, el mismo delincuente asesinara a dos personas a las que pretendía robar, el Gobierno pretende que los hurtos, robos, estafas y otros delitos –¿menores?– no sean investigados, salvo que quienes los sufrieron asuman particularmente su persecución.
Esto no es otra cosa que la privatización de gran parte de la justicia penal y un llamado al incremento de la inseguridad, pues los criminales sabrían de antemano que sus delitos probablemente no sean castigados.
Con esta reforma, además, los jueces pasan a ser meras figuritas decorativas, ya que la determinación de qué delitos se investigarán quedará fuera del ámbito judicial y bajo el control exclusivo de una dependencia del Poder Ejecutivo.
Es cierto que las cárceles no cumplen con las disposiciones constitucionales de ser sanas y limpias, sino que se han transformado en lamentables depósitos humanos que de ningún modo permiten la reinserción social.
Es cierto también que los juzgados están atiborrados de expedientes y que la duración de los procesos es excesiva. Pero no lo es menos que todo eso no se soluciona con la disminución de penas o con un “principio de oportunidad” que quitaría del ámbito estatal la persecución de un importante número de delitos.
La solución es otra y, como siempre, presupuestaria. Hace falta construir más cárceles para alojar debidamente a los que delincan. No podemos permitir que el Estado siga violando los derechos humanos de los detenidos, como lo viene haciendo. Es necesario dotar al Poder Judicial y a la policía de los recursos necesarios para una investigación adecuada en tiempos razonables.
Como lo he expresado en la comisión y ante mis colegas: creo que no debemos ceder a la tentación de aplicar ideologías extrañas a nuestra cultura a la hora de modificar leyes de tanta trascendencia como el Código Penal. Por el contrario, debemos realizar un análisis con cordura y pensando en lo mejor para el conjunto social y no sólo para unos pocos, que, no obstante toda la consideración que merecen, son los que dañan al resto. Tales doctrinas revelan una auténtica paradoja que no se desentraña cerrando los ojos a la realidad, sino, por el contrario, admitiéndola como base de una solución efectiva a un problema tan grave como el de la inseguridad, un tema que nos concierne a todos.
La autora es diputada nacional (Pro), especialista en temas de seguridad y Justicia.
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