Jueves, 24 de agosto de 2006
Legislatura acusó a Ejecutivo por Hospital Moyano: "se prefiere el chaleco de fuerza"
BUENOS AIRES, ago 23 (DyN) - La comisión de Salud de la Legislatura porteña acusó hoy al Ejecutivo de incumplir la Ley de Salud Mental y de preferir para los pacientes "el chaleco de fuerza, antes que su re-socialización", en el marco de un conflicto sindical y administrativo en el Hospital Moyano.
Gremios recobran poder en el Moyano
La vieja guardia del Moyano quiere volver para frenar los cambios En un comunicado conjunto, los legisladores se mostraron en desacuerdo con la política de salud mental impulsada por la Comuna y cuestionaron la supuesta pretensión del Gobierno de reincorporar a la "anterior dirección" del neuropsiquiátrico Moyano, que fue denunciada por incumplimientos y abusos."La posible vuelta a la conducción del Hospital Moyano, que llevó al neuropsiquiátrico a una situación de abuso e ignominia de las mujeres allí internadas, reflejan que el gobierno ha elegido el chaleco de fuerza en vez de la política progresista y de re-socialización contenida en la Ley 448", advirtió la comisión.
La declaración, que lleva la firma de los ediles Soledad Acuña, Alberto Pérez, Alejandro Rabinovich, Ana Suppa y de Beatriz Baltroc, cuestiona las políticas del ministro de Salud, Alberto de Michelis, que llevan a "la inaplicabilidad de la ley de salud mental".
Tras el comunicado, al que adhirió el ex jefe de Gobierno Enrique Olivera (ARI), voceros del gobierno porteño aseguraron a DyN que "de ninguna manera se incorporará a miembros" de la ex gestión, mientras indicaron que el anterior director del Moyano, Néstor Marchand, "ni siquiera es candidato" a dirigir el centro.
Asimismo, allegados a De Michelis destacaron la labor que realiza el ministro en la materia, y resaltaron la designación de Carlos de Lajonquière como director general de Salud Mental porteño, quien asumió el cargo ayer.
Las advertencias de los legisladores contra el Ejecutivo se dieron a pocos días de conocerse la decisión de De Michelis de renovar la dirección del neuropsiquiátrico para mujeres, que ya lleva más de seis meses de intervenido.
El ministro, tras una invitación de la Comisión de Salud de la Legislatura, se presentó ayer ante los diputados y reconoció que existe "una grave crisis" en el centro de salud, donde hay "un problema de gobernabilidad, una situación vinculada con gremios y servicios irreconciliable".
También ayer, De Michelis realizó un relevamiento en el hospital, y ratificó en el cargo al interventor, Jorge Caferata.
El conflicto en el hospital Moyano surgió hace más de siete meses, cuando se dieron a conocer las malas condiciones edilicias y administrativas en el Moyano y en los otros dos centros de salud mental porteños, el Tobar García, para menores de edad, y el Borda, destinado a la internación de hombres.
En diciembre pasado, en tanto, fueron denunciados casos de abuso, violaciones y prostitución de pacientes, por el que el hospital fue intervenido por 180 días y el director Marchand desplazado de su cargo, luego de más de 22 años de gestión.
Gremios recobran poder en el Moyano |Integrarán una "mesa de coordinación"; severas críticas de los legisladores
El gobierno de Jorge Telerman volverá a consensuar los políticas desarrolladas en el hospital Moyano con los delegados gremiales del personal profesional y no profesional del establecimiento, a los que había apartado de toda negociación cuando decretó la intervención médica al neuropsiquiátrico de mujeres, por considerarlos partícipes de dos décadas de desidia en la conducción del centro de salud.La intervención fue decretada en diciembre del año último al trascender que algunas de las 1100 pacientes habían sido violadas, abusadas o autorizadas a ejercer la prostitución, mientras el ex director del hospital Néstor Marchant hacía la vista gorda.
Otro hecho que precipitó la decisión, tomada por Telerman y por el ex secretario de Salud Donato Spaccavento, fue la investigación abierta contra Marchant por la justicia federal porque supuestamente apañaba el ingreso de internas en un protocolo científico de prueba de fármacos experimentales.
"Sepan que esta decisión política no se vuelve para atrás, es irrevocable. No vamos a aceptar el apriete de ningún sindicato", sentenció Spaccavento, un médico con llegada al presidente Néstor Kirchner. Sus palabras fueron respaldadas por Telerman, que así -sostuvo- daba el primer paso para el cumplimiento de la ley local de salud mental, que prevé la desinstitucionalización y la reinserción social de los pacientes internados en neuropsiquiátricos.
Ocho meses después, y con un nuevo ministro de Salud, Alberto De Micheli, el gobierno porteño optó por ceder espacio a los gremios (ATE, UPCN, la Asociación de Médicos Municipales y Femeca). Así lo admitieron a LA NACION voceros del Poder Ejecutivo, con otras palabras. "Pusimos al interventor [Jorge Cafferata] y confiamos en él. Pero vamos a contemplar las opiniones que hay en una mesa de coordinación, con los sectores médico y no médico. Habrá un seguimiento del ministro, que será ahora el responsable político del Moyano. La gente de Marchant no va a volver", expresaron.
No opinaron lo mismo diputados de todo el arco político de la Comisión de Salud de la Legislatura. Los kirchneristas Ana Suppa, Alberto Pérez y Beatriz Baltroc, la macrista Soledad Acuña y el arista Alejandro Rabinovich denunciaron que De Micheli, por presión de los gremios, iba a reemplazar a Cafferata por Alberto Monchablon Espinoza, un psiquiatra ligado a Marchant e imputado en la causa por los protocolos. "Logramos frenar su designación. El ministro admitió que sugerir su nombre había sido un error", coincidieron.
Y todos consideraron que "volver a sentarse con los gremios es un claro retroceso que impedirá la aplicación de la ley de salud mental en el Moyano".
Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/834204
La vieja guardia del Moyano quiere volver para frenar los cambios
Gremios que nuclean a profesionales y trabajadores intentan reponer al ex director Néstor Marchant. La Legislatura se pronunció a favor de cumplir la ley que instituye la desmanicomialización.Ante las presiones de los gremios de profesionales y trabajadores del Hospital Moyano, en defensa de la gestión al frente de ese centro de Néstor Marchant, desplazado hace nueve meses por irregularidades, la Legislatura porteña manifestó ayer su “preocupación” por la embestida de los sectores que cuestionan la actual intervención, que intenta cumplir con la Ley de Salud Mental de la Ciudad. Los legisladores reclamaron que se cumpla con esa norma –la 448, sancionada en 2000–, que propone la resocialización y desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos.
El Hospital Psiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano fue intervenido a fines de 2005, cuando su director era Néstor Marchant, después de un allanamiento efectuado a raíz de denuncias de irregularidades. Una de ellas motivó el inicio de una causa en la que la Justicia Federal investigaba si algunas pacientes recibían medicación experimental sin consentimiento del juez que las tutela. Esa causa se abrió después de una denuncia del ex secretario de Salud porteño Donato Spaccavento.
Después de que delegados de los gremios manifestaron en la Legislatura, en una reunión con el ministro Alberto De Micheli y los diputados de la Comisión de Salud, su apoyo a la gestión de Marchant, los legisladores emitieron una declaración en la que señalan que “la posible vuelta a la conducción del Hospital Moyano, en forma directa o colegiada, de quienes llevaron al neuropsiquiátrico a una situación de abuso e ignominia, de las mujeres allí internadas, refleja que el gobierno ha elegido el chaleco de fuerza en vez de la política progresista y de resocialización contenida en la Ley 448”.
La diputada macrista Soledad Acuña, presidenta de la Comisión de Salud, explicó a Página/12 que “ayer (por el lunes), cuando se puso en funciones al nuevo director de Salud Mental porteño, Carlos de Lajonquiere, los gremios del Moyano estaban con los bombos y casi llegan a las manos entre el personal que apoya a Marchant y quienes no”. En esa instancia “los gremios pidieron que vuelva Marchant a la dirección y también dieron como nombre alternativo el de Alberto Monchablon Espinoza. Ambos están imputados en causa por la aplicación de medicación experimental en las internas y, el hecho de que estén imputados, por más que puedan ocupar cargos, genera dudas”, agregó Acuña.
Por su parte, la diputada kirchnerista Ana Suppa, vicepresidenta 1ª de la Comisión, señaló que “es una contradicción que vuelvan las mismas personas que durante 22 años tuvieron al hospital de modo hermético, ya que Caferata está hace 8 meses y aplica la nueva ley 448”.
Caferata es interventor “desde que Pablo Berretoni era director general de Salud Mental de la ciudad”. Según Acuña, ayer por la tarde, “el ministro De Micheli confirmó a Caferata como interventor pero también indicó que se iba a hacer un cuerpo colegiado donde incorporar a los gremios”.
“Nos opusimos a esto porque los gremios representan a los trabajadores, no tienen que definir políticas públicas. Además, ellos fueron los responsables del estado del hospital”, arremetió Acuña. Los gremios involucrados son la Federación Médica de Capital (Femeca), ATE, UPCN y la Asociación de Médicos Municipales”.
“Mañana (por hoy) van a proponer los nombres de quienes estarían en cuerpo colegiado. Todavía no definieron las funciones de ese cuerpo pero nosotros interpretamos que sería un cogobierno”, indicó Acuña.
Por otra parte, una médica del Moyano, quien prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, explicó a este diario que “el 51 por ciento de los trabajadores del hospital queremos que no venga la gente de Marchant”.
En cuanto a la causa judicial iniciada por Spaccavento, “la investigación se hizo, se comprobó la irregularidad y hay seis imputados, entre ellos Marchant y Monchabol”, dijo Acuña. Esa causa se inició porque “para hacer las pruebas a las pacientes se les pedía el consentimiento a ellas mismas, cosa que no pueden dar porque son internas”.
En ese sentido, Suppa señaló que “es un despropósito que sigan imponiendo el nombre de Marchant para dirigir el hospital”. Los gremios “defienden elviejo modelo. Dicen que por miedo a la pérdida de trabajo, pero eso no es factible porque hace falta nombrar personal” en otras áreas. Para la legisladora “sería bueno que la Ciudad transite otro modelo de salud mental, de resocialización de la gente”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-71911-2006-08-24.html
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