Todo el poder al Comité de Cuenca
La iniciativa establece que el organismo, que presidirá la secretaria de Ambiente, se organizará en forma definitiva y concentrará la autoridad para cumplir el plan de saneamiento. Puede disponer clausuras y multas. Prevén 3 mil millones de dólares para las obras.
Por Pedro Lipcovich
El Gobierno de la Nación envió al Congreso el proyecto de ley para crear la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, presidida por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y con representantes de la Nación, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires. La Autoridad estará facultada para unificar las normativas sobre efluentes industriales, monitorear su cumplimiento y, llegado el caso, “ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas”, “disponer la clausura preventiva, parcial o total de establecimientos” y “ordenar el decomiso de bienes”. El organismo tendrá presupuesto propio a partir de un Fondo de Compensación Ambiental, para el que se anuncia un mínimo de 3000 millones de dólares en los próximos años. La Autoridad “tendrá facultades prevalentes respecto de cualquier otra en el ámbito de la Cuenca”. Los 14 municipios del área estarán representados en un Consejo con funciones de “cooperar, asistir y asesorar”. También se incluirá una Comisión de Participación Social con representantes de la sociedad civil. El proyecto no equivale a una declaración de “emergencia ambiental”, ya que la Autoridad de Cuenca se establecería en forma definitiva.
El proyecto fue firmado ayer por Néstor Kirchner, presidente de la Nación, y rubricado también por Felipe Solá, gobernador bonaerense, y por Jorge Telerman, jefe de Gobierno porteño. Sus fundamentos destacan la “situación de histórica contaminación y de extrema gravedad de un ecosistema en condiciones críticas, que constituye un peligro para la salud pública”; observa también “el cuadro intrincado y tortuoso de la administración ambiental de la región” y “la innegable superposición de jurisdicciones que presenta”, todo lo cual “se agrava por la enorme concentración de pobladores en situación de pobreza, la situación caótica de desarrollo urbano desarreglado y la escasez de servicios públicos básicos”.
Según los fundamentos del proyecto de ley, se ha llegado a una “situación de crisis terminal o colapso ambiental”, lo cual “justifica imponer limitaciones de orden ambiental en los poderes y funciones de los organismos del Estado, sociedades del Estado, autoridades públicas y entes reguladores” ante la creación de “un poder prevaleciente, en cabeza de la Autoridad de Cuenca”. La fundamentación advierte que “las violaciones a derechos humanos originadas en problemas ambientales revisten una extrema gravedad, ya que en muchos casos se trata de actividades que afectan a comunidades enteras, con continuidad en el tiempo”, y que “son especialmente los sectores más desposeídos quienes soportan, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la degradación ambiental”.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo estará compuesta –según el proyecto– por ocho integrantes: el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejercerá la presidencia, acompañado por tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Ciudad Autónoma. Además, “en el ámbito de la Autoridad de Cuenca se conformará un Consejo Municipal, integrado por un representante de cada municipio de las jurisdicciones comprendidas, cuyo objeto será el de cooperar, asistir y asesorar”. También se creará, en el mismo ámbito, “una Comisión de Participación Social, con funciones consultivas, integrada por representantes de las organizaciones con intereses en el área”.
La Autoridad de Cuenca “tendrá facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, los servicios públicos y cualquier actividad con incidencia ambiental”. Estará facultada para: unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes y emisiones gaseosas; planificar el ordenamiento ambiental del territorio; establecer y percibir tasas por servicios prestados; intimar a comparecer con carácter urgente a todos los sujetos relacionados con posibles daños; auditar instalaciones; exigir evaluaciones de impacto ambiental; imponer regímenes de monitoreo; formular apercibimientos; instar al ejercicio decompetencias sancionatorias en el ámbito de la administración; ordenar el decomiso de bienes; ordenar la cesación de actividades dañosas para el ambiente; disponer la clausura preventiva, parcial o total, de establecimientos o instalaciones de cualquier tipo.
Para todo ello, “las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en materia ambiental prevalecerán sobre cualquier otra concurrente, debiendo establecer su articulación y armonización con las competencias locales”.
La Autoridad de Cuenca que postula el proyecto no tiene plazos previstos para su actuación. Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Ministros, explicó que “no se trata de encontrar una respuesta de emergencia, sino de definir una autoridad que no se ocupe sólo del saneamiento, sino de evitar la contaminación en lo sucesivo”.
Romina Picolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacó que –tal como anticipó el viernes Página/12–, pese a trascendidos previos no se solicita una emergencia ambiental, sino “la creación de una autoridad permanente”.
El proyecto de Autoridad de Cuenca se considera una herramienta clave para la respuesta unificada que la Nación, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires presentarán, el 5 de setiembre, en la audiencia pública sobre el tema convocada por la Corte Suprema. Picolotti manifestó la expectativa de “que el Congreso apruebe esta ley lo antes posible: confiamos en que pueda promulgarse en un mes, luego de lo cual deberá ir a las legislaturas de la Ciudad Autónoma y de la provincia de Buenos Aires”.
“Las empresas deben colaborar”
Por P.L.
“Una serie de acciones simultáneas” requerirá el plan integral para la recuperación del Riachuelo, cuya condición de posibilidad es la Autoridad de Cuenca requerida por el Gobierno nacional. Las medidas incluirían obras para el tratamiento de las aguas cloacales, así como la intimación a empresas para que traten sus efluentes y el traslado de las que no estén en condiciones de hacerlo. Se formarán equipos de “promotores socioambientales” integrados por miembros de las poblaciones afectadas; y también “algunos pobladores, los menos, deberán ser trasladados”. Así anticipó Romina Picolotti, titular de Ambiente de la Nación, lineamientos del plan que la Nación y los estados bonaerense y porteño presentarán en la audiencia del 5 de setiembre.
“No se puede hablar de plazos exactos: la naturaleza tiene sus tiempos de regeneración, que la intervención humana sólo puede acelerar”, anticipó la funcionaria. Según precisó, “hasta el 2015 continuará la realización de obras de infraestructura, pero la mayor inversión será necesaria en los primeros años; se prevé una inversión total de por lo menos 3000 millones de dólares; la segunda etapa, la del saneamiento en sí, requerirá menos inversión”. Los fondos provendrán “del Fondo de Compensación Ambiental, que será provisto por el Estado, la Ciudad Autónoma, la provincia de Buenos Aires y créditos del extranjero”.
Entre las obras de infraestructura se destacarán las de tratamiento de aguas cloacales, para frenar la contaminación orgánica del Riachuelo. La secretaria comentó que “el 40 por ciento de la contaminación por materia orgánica llega desde la ciudad de Buenos Aires”.
En cuanto a los efluentes industriales, “su fiscalización se enmarcará en el planeamiento ambiental. Ya estamos en diálogo con diversas empresas: muchas deberán reconvertir su tecnología y algunas tendrán que ser trasladadas”. Picolotti destacó la reciente creación de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control, dependiente de su secretaría, “que será dotada con laboratorios e inspectores”.
–¿Qué sucederá cuando una empresa contaminante sostenga que deberá cerrar por no poder adecuarse y obtenga apoyo de los trabajadores, de la población local y del municipio, como sucedió en casos anteriores? –preguntó Página/12.
–Habrá planes de promoción industrial, pero no habrá alternativa: todas las empresas deberán colaborar con el saneamiento de la cuenca –contestó Picolotti.
Además, “se procurará una mejora inmediata en las condiciones de vida de los habitantes: esto incluirá la eliminación de los basurales a cielo abierto y la provisión de agua potable”, anticipó la funcionaria, y anunció la designación de “promotores socioambientales, para lo cual se tomará el modelo de los promotores de salud, que ya existen en distintas provincias: serán personas de las mismas comunidades afectadas, que, luego de recibir entrenamiento, visitarán a cada familia: harán una especie de censo de necesidades y problemas, para determinar las medidas más urgentes, y promoverán cambios de hábitos. No queremos ‘bajar’ con planes sin contar con una radiografía de lo que sucede con los sectores más vulnerables”. Picolotti admitió que “en algunos casos habrá que trasladar a pobladores; cuantos menos traslados, mejor, y en todo caso se harán luego de dialogar con los habitantes”.
La Corte Suprema evalúa exigir plazos para el plan
Fuentes del máximo tribunal objetaron la falta de plazos y etapas en el informe presentado por el Gobierno. Pedirán precisiones en la audiencia del martes 5.
Por Irina Hauser
Los jueces de la Corte Suprema recibieron el jueves pasado con gran expectativa el plan de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para sanear el Riachuelo. La presentación incluía tantos documentos que tuvo que ser trasladada a la mesa de entradas en tres carritos, de los que se suelen usar en Tribunales para cargar expedientes repletos. Sin embargo, después de haber leído los papeles principales, algunos de los supremos concluyeron que el material era impreciso en cuestiones centrales: no ofrece un cronograma que determine cuánto tiempo y qué etapas requerirá la recuperación de la cuenca ni cuánto costará. Por eso, en la audiencia pública del martes próximo podrían pedirles a las tres administraciones que hagan sus cálculos y completen la información.
La ley es la herramienta que –explican en el Gobierno– permitirá llevar a la práctica el proyecto entregado hace seis días a la Corte. El máximo tribunal fue el que, en definitiva, apuró los tiempos al exigirle al Estado que diseñara una solución concreta a la polución y al intimar a 44 empresas involucradas a que den cuenta del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y brinden datos precisos sobre cómo tratan los desechos que producen. Lo que hicieron Sus Señorías fue admitir una presentación de 140 vecinos de la llamada Villa Inflamable, en Dock Sud, y en función de eso repartir instrucciones.
En el tribunal todavía tienen que ultimar detalles sobre cómo se va a celebrar la audiencia pública en la que cada una de las partes deberá explicar sus propuestas y sus razones. Saben que quedará desdoblada en dos o tres jornadas por la cantidad de exposiciones. El martes 5 están citados los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, y se sumaría a esa tanda el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
El turno de las empresas sería dos o tres semanas más adelante. Este punto se podría definir en el plenario que los jueces tendrán hoy, donde también discutirán si admiten la participación de un grupo de ONG que se presentaron la semana pasada por el “daño ambiental colectivo” (ver aparte). Según explicó un allegado a la Corte a este diario, lo más factible es que se acepte a las entidades ligadas al medio ambiente y a otras se las rechace.
Lo jugoso de las audiencias abiertas no sólo será escuchar de boca de los protagonistas lo que ya dijeron por escrito, sino que los ministros de la Corte podrán hacerles preguntas y señalamientos. Según confió uno de los integrantes del tribunal a Página/12, tanto él como algunos de sus colegas quedaron sorprendidos por la falta de un cronograma y una grilla presupuestaria (sólo hay datos de algunas obras en ejecución) en la documentación oficial que recibieron de parte de los tres gobiernos. Y este tema, señaló el juez, podría merecer preguntas y quizás algún llamado de atención.
Uno de los escritos que llevaron los tres gobiernos al alto tribunal sugiere, en tono diplomático, que no ven razones para darle más detalles a la Justicia. En voz baja, un funcionario que conoce el tema de cerca admitió a este diario que “es un riesgo dar fechas exactas a la Corte, porque equivale a regalarle un elemento para que esté encima del plan hasta que se cumpla todo”. “Por otra parte –agregó–, tal cronograma no existe, podrá haber estimaciones informales, pero nada más. Es imposible hacerlo hoy.”
Después de las audiencias, la Corte volverá a tener la palabra. Podría dar nuevas directivas y no está totalmente descartado que disponga algún tipo de indemnización –no por los daños a la salud, que quedaron separados del expediente–, sino por el daño colectivo.
Las ong quieren sumarse
Siete organizaciones no gubernamentales se presentaron ante la Corte Suprema de la Nación solicitando ser tenidos en cuenta en la causa que el máximo tribunal lleva por el saneamiento de la cuenca del Riachuelo, como “terceros interesados”. El escrito fue firmado por los representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Metropolitana, Greenpeace Argentina, Fundación Ciudad, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Vecinos de la Boca. En la presentación, no sólo solicitaron ser incorporados como interesados en la causa, sino que pidieron que se ordenen más de veinte medidas de carácter urgente, entre ellas la conformación de un fondo de compensación con fondos provistos por las empresas contaminantes, y medidas urgentes e impostergables de protección a la población de riesgos sanitarios.
La causa, caratulada como “Mendoza, Silvia Beatriz c/Estado Nacional y otros s/Daños y perjuicios”, fue iniciada en 2003 por un grupo de vecinos por las condiciones de vida deplorables junto a la cuenca del Riachuelo. En la movida participaron las ong ahora reclamantes.
“Es un proceso complejo –recordó Andrés Nápoli, de la FARN–. El fallo de la Corte es positivo. Pero el desafío es mayor aún. Hay que monitorear que el plan se cumpla.”
En la presentación, además de ser incorporadas, las ong solicitaron que se cumplieran medidas como la conformación de un comité pericial de expertos, integrado por investigadores del ámbito académico, que deberá intervenir en la aprobación de un plan de Cese de las Actividades Contaminantes, Saneamiento, Recomposición y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Cuenca. Celeridad en el proceso, con mecanismos para una mayor publicidad, oralidad, participación y economía procesal en el manejo de la causa. La incorporación en autos de los 14 municipios y el Ceamse.
Además, pidieron la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, formado con ingresos de las empresas contaminantes de la cuenca, y la intimación a presentar seguros ambientales; la adopción de medidas impostergables, como provisión de agua potable y atención sanitaria urgente a los más jóvenes.
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