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Informe de Prensa

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Miércoles, 06 de septiembre de 2006

Decisión política |Por Jorge Telerman

En referencia a esta noticia

Finalmente hemos llegado a un desenlace por el que se peleó, aunque su resolución parecía casi imposible.

Sabíamos que se trataba de obstáculos culturales, de conflictos entre los poderes del estado, de fuertes intereses económicos. De una tradición judicial-tutelar surgida a principios del siglo pasado que no reconocía en los chicos su calidad de ciudadanos, limitándoles sus derechos y colocándolos frente a los adultos como meros objetos. Hay quienes creen que esto ocurre por razones simples: los chicos no tienen capacidad de lobby, no votan, sus derechos no están en la agenda.

Con la sanción de la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nuestro país ha abandonado definitivamente el modelo tutelar asistencialista enmarcado en la derogada ley de patronato. Vencimos los obstáculos y de nuevo se confirmó que sólo hacía falta una cosa: decisión política.

Para los gobiernos Nacional y porteño, la firma del Acta Acuerdo de transferencia de programas y servicios de atención directa del antiguo Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la Ciudad es clave en este proceso de transformación de leyes, instituciones y prácticas que aseguren eficiencia y eficacia a las políticas públicas de infancia.

La Ciudad, en términos literales, se hace cargo, a cabalidad, de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; asegurándoles su condición de ciudadanos plenos; implementando circuitos administrativos simples pero precisos e invirtiendo adecuadamente en recursos humanos y materiales.

Esta transferencia se encuadra en un profundo proceso de transformaciones. Es el resultado de años de lucha por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de amplios sectores de nuestra sociedad. Y marca un hito fundamental en el camino hacia la plena autonomía de la Ciudad.

No es casualidad que este acuerdo se haya concretado en este momento histórico y político de nuestro país, en el cual la ética de los derechos humanos y sociales no es una mera declaración de principios, sino una verdadera guía de acción de gobierno.

http://www.clarin.com/diario/2006/09/06/laciudad/h-03802.htm

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