Riachuelo |Muchas preguntas sin respuestas |Por Adrián Ventura
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, presentó un plan de saneamiento muy ambicioso y complejo. Pero le faltó brindar muchas precisiones para tener la certeza de que las promesas son algo más que buenas intenciones.
La Corte, aprovechando la notoriedad que cobró el problema ambiental con el conflicto de las papeleras, se puso al frente de la causa de la contaminación del Riachuelo para canalizar, de una vez por todas, una solución.
Picolotti, ayer, sorprendió a los jueces, pues el plan que expuso fue más detallado que la presentación que ella misma había hecho en el expediente en nombre del Gobierno.
Entre otras cosas, la funcionaria mencionó algunos plazos para ejecutar los trabajos: cinco años para que la situación mejore sustancialmente y uno más largo, de 15 años, para concretar el saneamiento.
También puso de relieve la complejidad de la tarea: crear un ente interjurisdiccional, coordinar los trabajos con 14 municipios, trasladar algunas industrias y construir cloacas -la mitad de los vecinos de la cuenca carece de esos servicios-, plantas potabilizadoras y de tratamiento de efluentes, iniciar un plan de educación y otros mecanismos de contención.
Picolotti también calculó que toda la tarea demandará alrededor de 5600 millones de pesos y que hay que convocar a numerosas licitaciones.
Pero, por esa misma complejidad, el plan deja muchas dudas sobre su real viabilidad, entre ellas:
* quién controla al controlador", preguntó con agudeza el juez Carlos Fayt, acerca de la supervisión del gasto. Picolotti respondió con generalidades.
* la jueza Elena Highton también señaló a Picolotti que el plan carecía de un punto esencial: la atención de los daños urgentes a la salud de los afectados. Quedó la impresión de que Picolotti había obviado este aspecto.
* la jueza Carmen Argibay preguntó acertadamente cómo se conservarán las fuentes de trabajo de las empresas que se trasladasen. "¿También mudarán a las familias, para que el trabajador no pierda el trabajo?", preguntó. "¿Trasladarán esas industrias a un solo polo o a distintos municipios?", siguió. Picolotti respondió sin convicción ni sustancia.
* finalmente, quedó sin despejar la duda principal: ¿cómo se financiarán los trabajos? Ejecutar las obras, según la funcionaria, demandará 15 años -un plazo muy largo que equivale a cuatro períodos presidenciales-, además de un esfuerzo presupuestario importante y un fuerte compromiso político. Picolotti dijo que se iniciaron negociaciones con el BID para obtener créditos. Pero hay un dato preocupante: se malgastó un crédito del BID obtenido con ese fin hace diez años.
La Corte se colocó en un papel protagónico y el Estado dio una buena respuesta, pero faltan precisiones que no son menores.
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