Miércoles, 06 de septiembre de 2006
Una batería de superalgas, controles y cloacas
Prevé agua corriente y cloacas para todos los habitantes de la cuenca. Habrá inspecciones a las empresas. Se construirá una megaplanta depuradora, mudarán los depósitos del Polo Petroquímico y se usarán algas para eliminar residuos y oxigenar el agua.
- * Un tribunal muy preguntón
* Asambleas y volantes
En cinco a siete años: una megaplanta depuradora de líquidos cloacales llamada Riachuelo. En nueve años: agua corriente para todos los habitantes de la cuenca Riachuelo-Matanza. En 15 años: servicios cloacales para todos. En un año: inspección y control para la totalidad de las industrias contaminantes, eliminación de los 105 basurales clandestinos, creación de fiscalías ambientales especializadas. En 18 meses: erradicación de los depósitos del Polo Petroquímico de Dock Sud. En los próximos meses: creación de un cuerpo de 70 inspectores, con laboratorios móviles, barcos y un helicóptero. En seis meses: instalación de filtros de metales pesados, eliminación de bacterias del fondo y “batimetría”, es decir, un estudio científico del fondo del río. En 12 meses: siembra de bacterias devoradoras de petróleo, de algas capaces de detectar la contaminación mejor que cualquier instrumento y de algas “clorofíceas”, que incorporarán oxígeno al agua. De inmediato: suministro de agua potable, en camiones cisterna, para los sectores más afectados; envío de médicos especialistas y agentes de salud a los barrios en riesgo. Inversión prevista, sólo para los próximos cinco años: 5672 millones de pesos, de los cuales 1161 se gastarán en los próximos 18 meses. Con estos contundentes anuncios, Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente de la Nación, se presentó ayer en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de la Nación. Sólo falta que se cumplan.
La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable expuso en representación de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la demanda presentada por un grupo de vecinos afectados por la contaminación. Empezó por destacar el papel clave de la creación de una Autoridad de Cuenca unificada, de acuerdo con el proyecto que el Poder Ejecutivo nacional presentó ante el Congreso hace diez días. “Mañana (por hoy) voy a ir al Senado para explicar el proyecto. Esperamos la sanción de la ley en un mes y medio.”
La funcionaria anunció la realización de “las obras cloacales más importantes que se hayan hecho en la Argentina”, que “beneficiarán al ciento por ciento de los habitantes de la cuenca”. El plan se efectivizaría en “15 años” e incluiría “la realización de redes cloacales, la ampliación de las plantas depuradoras existentes y la construcción de otras nuevas”. La principal será “la megaplanta depuradora Riachuelo, para la cual calculamos un plazo de ejecución de cinco a siete años; primero, en un año, construiremos una planta piloto”. Picolotti agregó que “la semana que viene se abren los sobres licitatorios para la ampliación de la planta Sudoeste, en La Matanza. Para la planta de Berazategui, ya presentamos un plan de ejecución y se llamará a licitación en los próximos meses. Todas estas obras quedan incluidas en el presupuesto 2007/2008”.
La secretaria de Ambiente señaló “como prioridad para los próximos 18 meses” a “las industrias más contaminantes”, que son “las curtiembres, que causan el 50 por ciento de la contaminación por efluentes industriales, seguidas por los frigoríficos, que causan el 20 por ciento”. Hay “179 curtiembres, la mayoría con sede en Lanús”. Se trata de “instalar plantas purificadoras por zonas, ya que son muy caras para exigirlas individualmente”. Construirlas requiere “unos nueve meses” y estarían en marcha “en un año y medio”. Según Picolotti, “se exigirá que la producción de estas fábricas tenga certificación ambiental con sello visible”. También “los frigoríficos deberán incorporar procesos de producción limpia, y la empresa que no se ponga al día deberá irse de la cuenca: vigilaremos el traslado, de modo que no sea para crear problemas en otro lado”.
También es prioridad el Polo Petroquímico Dock Sud, con su cóctel mortal dado por “la combinación de fábricas y depósitos de productos químicos en un área poblada”. Picolotti anticipó un futuro con “cero presencia de depósitos de productos químicos”: serán trasladados “a San Nicolás, Záratey Campana” y, a partir de los sitios que el traslado dejará libres, “se efectuará un reordenamiento ambiental de la zona”.
Actualmente, en la secretaría “hay sólo dos inspectores, con tres autos, para controlar 3000 industrias –observó la funcionaria–: en los próximos seis meses se designarán 250 inspectores, que se movilizarán en 70 automóviles, un helicóptero y embarcaciones”, estas últimas provistas por Prefectura. Todos ellos estarán sujetos a “capacitación y control interno”. Anticipó “para los próximos 12 meses, la inspección de la totalidad de las industrias de la cuenca”, y “la creación de fiscalías ambientales”, para lo cual “ya hay acuerdo con el Ministerio Público Fiscal”.
“Hay más de 105 basurales clandestinos en la cuenca –precisó Picolotti–: en más de la mitad se arrojan residuos peligrosos”, y “en el 70 por ciento se efectúa cirujeo”. Picolotti anunció “acuerdos con los municipios” para eliminar los basurales mediante métodos de “reutilización y reciclado” que incluyan “dignificación de los trabajadores informales”. Esto se efectuaría “en los próximos doce meses” y se enmarcará en “un plan integral para residuos sólidos; si no, toda limpieza es inútil”.
También se anunció la introducción de biotecnologías revolucionarias: la eliminación de los derivados del petróleo se concretará gracias a “bacterias digestoras de hidrocarburos”, pero sólo podrán sembrarse “cuando hayan cesado los vertidos tóxicos”, que matarían aún a estos duros microorganismos. Para eliminar los metales y la materia orgánica se apelará al cultivo de algas llamadas “macrófitas”, que podría concretarse “a partir del mes 12” de los trabajos. Más adelante se sembrarían “algas clorofíceas, que oxigenan el agua”, y también otras algas “muy sensibles a la contaminación, que actúan como bioindicadores de riesgo”, contó Picolotti.
Otro método biológico será la generación de humedales (pantanos y superficies cubiertas de agua), “herramienta natural, de bajo costo, para la absorción de metales pesados”. Esto sería posible “a partir del mes 11”. A partir del sexto mes, se instalarían en las industrias “filtros con magnetita para evitar metales pesados” y se efectuaría “una batimetría: un estudio completo del fondo del río”.
El componente social del plan incluye “proveer de agua en forma inmediata, con camiones cisterna, a las zonas de mayor riesgo”. Se trata del Plan Agua Segura, que incluirá “la construcción de infraestructuras de uso comunitario para el aseo personal y el lavado de ropa”. También se lanzará un Plan Alimentario para promover el consumo de iones, calcio, fósforo, hierro, “que fortalecen al sujeto ante la contaminación”. Para todo esto será esencial la acción de los “promotores socioambientales”, vecinos de las mismas zonas afectadas. El plan incluirá también “médicos especialistas en enfermedades respiratorias y de la piel, las más vinculadas con la contaminación, que irán a los barrios mismos”, anticipó Picolotti.
El programa incluye ya “35 obras para provisión de agua domiciliaria por convenios con cooperativas de trabajo de la cuenca: la de La Matanza beneficiará a 70.000 habitantes, además de crear fuentes de trabajo”. Y se completará con medidas de educación para la población afectada, que incluirán “la introducción del tema en todos los niveles de enseñanza, para lo cual ya hay acuerdos con el Ministerio de Educación de la Nación”, completó la secretaria de Medio Ambiente.
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Un tribunal muy preguntón
Por Irina Hauser
La Corte Suprema le pidió al Gobierno que entregara por escrito el cronograma de saneamiento y la proyección de inversiones que exhibió en Power Point durante la primera audiencia pública por la contaminación del Riachuelo. Los supremos se sorprendieron porque durante la presentación de ayer la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, agregó un sinfín de detalles que no figuraban en el plan entregado al tribunal hace casi dos semanas. Sus Señorías se llevaron una buena impresión, pero marcaron, a puertas cerradas, algunos puntos endebles: creen que faltaron precisiones sobre los mecanismos de control y sobre las respuestas inmediatas para asistir a los pobladores con trastornos de salud derivados de la polución.
Todos los supremos hicieron preguntas. El presidente del tribunal, Enrique Petracchi, empezó con un tema crucial: le pidió a Picolotti que definiera “qué implica” hablar de “corto y mediano plazo” para las principales obras destinadas al saneamiento. El informe inicial que presentaron los gobiernos nacional, bonaerense y porteño no especificaba nada al respecto y eso se convirtió en un punto preocupante para la Corte, como adelantó Página/12. Pero esta vez la secretaria desplegó cuadros y mapas con cifras. Habló de cinco a nueve años para extender la red de agua potable y de quince para extender la red cloacal (ver nota central).
Tanto Petracchi como Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay compartieron una inquietud: ¿cómo se garantizará la preservación de las fuentes de trabajo ante la meta de relocalizar y reconvertir industrias? Zaffaroni señaló que debe haber un equilibrio entre “el derecho a un ambiente sano” y “el derecho al trabajo”. Señaló que no hay que ceder “a la extorsión” de las empresas, pero sugirió contemplar la situación de algunas, sobre todo las pymes.
Picolotti dijo que su plan “no prioriza las cuestiones paisajísticas por sobre las personas”. La intención, aclaró, es evitar “grandes pérdidas” para las empresas y para sus trabajadores. Hay conversaciones, dijo, con once empresas dispuestas a relocalizarse.
“¿Y quién va a custodiar al custodio?”, inquirió Carlos Fayt, en alusión a quién controlará a la Autoridad de Cuenca que se creará por ley y ejecutará el presupuesto para el saneamiento. Una planteo similar hizo Petracchi acerca de los controles sobre la contaminación de las industrias propiamente dicha. La funcionaria habló sobre las obligaciones de rendir cuentas todos los años (de las empresas y los organismos) y el papel de la Auditoría General de la Nación.
Como Picolotti enumeró enfermedades propias del contacto con la contaminación –trastornos respiratorios, de la piel e intestinales–, Elena Highton de Nolasco le pidió que explicara qué iniciativas “inmediatas”, “concretas” hay para atenderlas. La respuesta fue que no hay relevamientos, que llevaría mucho tiempo hacerlos y que se prevé enviar atención médica a las zonas afectadas y provisión de alimentos. Ricardo Lorenzetti señaló la importancia de recuperar los datos o estudios que seguramente existen. Más tarde, preguntó por qué en esta audiencia no se habló de los buques hundidos o abandonados. “No son causa importante de contaminación”, contestó la funcionaria.
Sobre el final, Juan Carlos Maqueda quiso saber qué pasó con el famoso crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 500 millones de dólares, que llegó en tiempos de María Julia Alsogaray. Picolotti dijo que quedan disponibles 83 millones, de los 250 que se habían desembolsado. El martes próximo habrá otra audiencia a la que están citadas 44 empresas acusadas de contaminar, cuatro ONG ligadas a la defensa del ambiente y el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Las compañías deberán mostrar estudios de impacto ambiental y explicar cómo tratan sus desechos. No se descarta que haya una tercera sesión. Cuando termine la rueda, la Corte se tomará un tiempo hasta dictar una resolución. Evaluarán “la viabilidad” del plan oficial presentado y podrían proponer modificaciones o ajustes. “Ya con estas audiencias estamos actuando donde hay un vacío de políticas públicas”, se regodeó uno de los jueces.
Asambleas y volantes
Una asamblea de vecinos pidió que la Corte Suprema designara una comisión de seguimiento para el Riachuelo-Matanza, a fin de que “los próximos gobiernos, cualquiera sea su signo político, estén obligados a cumplir”. La Corriente Clasista y Combativa llamó a formar “un amplísimo centro coordinador multisectorial, para hacer cumplir el saneamiento”. Y el defensor del Pueblo de la Nación sostuvo que “no está claramente definida la atención sanitaria de los pobladores afectados”.
En las puertas del Palacio de Tribunales, mientras se efectuaba la audiencia pública, militantes de la Asamblea de San Telmo sostenían pancartas: “Basta de promesas. Limpieza del Riachuelo ya”. Elizabeth Dos Santos, de la Junta Promotora de las Asambleas del Pueblo, precisó: “La Corte no debe dejar sólo en manos del Gobierno el tema Riachuelo-Matanza: debe formar una comisión de seguimiento integral del programa para garantizar su continuidad; hoy el presidente es Kirchner pero mañana puede ser otro, y no se puede empezar desde cero cada vez”.
Militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) repartían volantes, según los cuales “sólo es posible resolver el problema de la contaminación con la participación activa de los afectados, trabajadores ocupados y desocupados del área metropolitana”. Solicitaban “plan de construcción de viviendas para los ocupantes de villas, asentamientos y barrios afectados, que suman unas 500.000 personas”. La entidad solicita la “creación de un fondo fiduciario, controlado por las organizaciones populares afectadas” y propone “la participación de universidades y el Conicet”. La CCC llamó “a todas las instituciones sociales, políticas, gremiales y religiosas a conformar un amplísimo centro coordinador multisectorial, para hacer cumplir el saneamiento”. Por su parte, Eduardo Mondino, defensor del Pueblo, estimó que en el plan detallado ayer “no está claramente definida la atención sanitaria de los pobladores afectados”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-72595-2006-09-06.html
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