El crecimiento reclama al Estado
BUENOS AIRES, set 10 (DyN) - El crecimiento económico, la "marca" de la era del gobierno de Néstor Kirchner, se acerca a niveles tales que pide a gritos la intervención del Estado para que la infraestructura del país logre ponerse a tono con el vértigo y no quede atrás, poniendo en riesgo las proyecciones para continuar con el aumento progresivo de la economía.
El dólar alto fue la carta mayor jugada por la administración actual, que rápidamente redundó en una constante reindustrialización del país en muchos rubros que en los 90 llegaban en enormes contenedores desde Brasil o desde países del Lejano Oriente.
Junto con ese proceso, el turismo y la construcción estallaron como los dos rubros centrales en los que se asienta el aumento del PBI, el crecimiento de las tasas de empleo y el alza en los niveles de recaudación tributaria que pueden permitirse algún derrame, como el reciente anuncio de mejoras en los haberes jubilatorios o los aumentos salariales, aunque disten mucho todavía de emparejar con los niveles de inflación registrados desde el 2002.
Sin embargo, el "boom" que tanto favorece las aspiraciones del kirchnerismo de permanecer al menos un período más en el Gobierno, no está acompañado por obras básicas y servicios adecuados, lo que hoy por hoy ya asoma como uno de los puntos más críticos que debe abordar a fondo la administración actual.
Desde hace un par de años especialistas, sectores de la construcción y dirigentes de la misma oposición, venían alertando sobre una grave crisis energética por venir.
El Gobierno llegó hasta a hacer burla de esos vaticinios que consideraban meras "chicanas" políticas, y aseguró que nada de lo que se pronosticaba iba a ser cierto.
Hasta que la realidad se impuso con toda su contundencia, y comenzaron a aplicarse paliativos: reducción de las exportaciones de gas a Chile, más compras a Bolivia del fluido, aunque a precios más caros, sistemas de premios y castigos en el uso de la energía eléctrica, parches para mejorar la performance de los grandes generadores existentes.
Parece haberse perdido un tiempo de oro para que el Gobierno demostrara, desde el vamos, su postura de planificar no sólo para el presente, sino también para el futuro del país.
Como ha venido ocurriendo en los últimos gobiernos democráticos, la política se lleva el 90 por ciento de la energía de los gobernantes, mientras la programación de tareas de Estado queda relegada para tiempos mejores.
Hoy, los discursos públicos del Presidente en un altísimo porcentaje se destinan al autoelogio paralelo y al vapuleo de los que piensan diferente, pero pocas veces se lo ha escuchado hablar de proyectos para el corto, mediano y largo plazo para construir un país en serio.
Es que es más fácil la crítica que la realización, y aquí es el punto delgado en el que el Gobierno tendrá que ponerse a trabajar duro, si es que no quiere perder la aprobación que ha cosechado hasta ahora en la mayoría de la opinión pública.
Hoy, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tuvo que reconocer que la crisis energética es una realidad que ya le pisa los talones a los planes de crecimiento.
Los inversores están haciendo cuentas para determinar si conviene seguir con los emprendimientos proyectados o será mejor desensillar hasta que aclare.
Lo cierto es que algunos de los rubros en que se asienta el crecimiento, como la construcción, son los que pueden revelar con mayor crudeza la falta de servicios que debían acompañarlo.
Algo han tenido en cuenta los emprendedores, si se tiene en cuenta que casi la mitad de los edificios que se están levantando en Buenos Aires no cuentan con servicios de gas: todo es ahora eléctrico, como en los países donde esa energía sobra. Habrá que ver si eso se sustenta con el tiempo.
La ausencia de una acción y una regulación estatal no sólo parecen estar en ese campo, sino también en el de las enormes extensiones de ricas tierras que la Argentina ofrece al mundo.
La constante adquisición de gigantescas superficies que se inauguró en la era menemista, en la que no se titubeó en autorizar a capitales extranjeros -principalmente estadounidenses- la venta de tierras incluso protegidas como parques nacionales, continúa sin pausa, y sin que el Estado parezca advertirlo.
La Iglesia sí lo notó, y se prepara para emitir un fuerte documento con un llamado de alerta urgente: dirá que cada vez son más las tierras que se venden a personas jurídicas del extranjero, y que ello puede ser muy peligroso para el futuro de la Nación.
Es tan alta la participación que tienen en el territorio nacional que podrían llegar a tener tanta influencia como para dictar leyes a través de políticos que se presten a representarlos en los poderes locales.
Lo mismo ocurre en Buenos Aires, donde la explosión del rubro construcción está destinada a un público casi excluyente: los extranjeros.
Ellos son los que compran unidades carísimas, que no tienen relación alguna con los valores que regían antes de la convertibilidad. Simplemente porque les resulta una inversión más que redituable.
Con el dólar alto, Argentina es un país baratísimo donde se puede acceder a propiedades de primera categoría por el precio que en sus países de origen valdría una cochera en un suburbio.
La capital argentina cada vez se acerca más a su extranjerización, mientras que los ciudadanos locales que intentan acceder a la vivienda propia cada vez se sienten más lejos de esa esperanza.
Y el programa que lanzó el Gobierno, aunque todavía no se concretó, de ofertar préstamos de más fácil acceso y mejores tasas para que los inquilinos puedan acceder a su casa propia, hasta ahora no es más que palabras extraídas de un papel: en la realidad, ningún banco, hasta ahora, emitió esa línea de créditos y tampoco sabe cómo hacerlo, ni tiene muchas ganas de ponerlo en práctica.
Entonces, hasta ahora, la realidad política parece ser más virtual que real. Se escuchó esta semana al Presidente pidiendo a quienes ya se están lanzando a candidaturas que se dediquen a "gobernar".
El discurso estaba claramente dirigido a los que hoy tienen puestos en la administración, como el gobernador bonaerense Felipe Solá, el jefe de gobierno porteño Jorge Telerman, el ministro del Interior Aníbal Fernández y tantos más, que ya hacen actos para sumar voluntades.
El reclamo de Kirchner también sería bueno que lo atendiera él mismo: se lo ve muchas veces más interesado en trabajar para acarrear más agua a su molino político, que a resolver cuestiones básicas de la realidad, que si no se subsanan, podrían convertirse en un boomerang para sus aspiraciones.
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