"No será fácil desatar el nudo" |Por Adrián Ventura
La audiencia realizada ayer en la Corte dejó un resultado más positivo que el que surge de una primera mirada desatenta: puso de relieve la complejidad de los problemas económicos, jurídicos y políticos que enfrentarán las tareas de saneamiento. Si se mira aisladamente la postura de cada sector, no se entiende el conflicto. Hay que ver el conjunto.
Las empresas, por su lado, parecieron apuntar a dos bandas: por un lado, criticaron las deficiencias de la demanda judicial, dirigida indiscriminadamente contra algunas firmas mientras que otras quedaron excluidas: por el otro, señalaron que el plan de saneamiento presentado por el Gobierno, por medio de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, tiene serias insuficiencias. Por ejemplo, cuestionaron la falta de precisiones sobre qué informes de impacto ambiental manejó el Gobierno para formular acusaciones.
Las seis empresas que aceptaron exponer públicamente -de un total de 35 que presentaron ante la Corte informes escritos- pintaron un cuadro propio de otro mundo: dijeron que no contaminan y que mantienen los estándares más altos de calidad ambiental. ¿Acaso se podía esperar que dijeran algo distinto?
Por momentos, la Corte, que ayer no contó con sus siete integrantes (viajaron al exterior el presidente del tribunal, Enrique Petracchi, y Carmen Argibay) salvó lo que parecía un fárrago de argumentos defensistas obvios cuando dos de sus integrantes, Carlos Fayt y Ricardo Lorenzetti, recurrieron a la ironía para dejar asentadas sus dudas sobre lo que escuchaban: "Son angelicales", dijo Fayt, al titular de una curtiembre, mientras que Lorenzetti acotó: "Por momentos, parece que el Riachuelo se contaminó solo".
De todas maneras, las empresas también pusieron el dedo en la llaga cuando explicaron que el Estado nacional y el bonaerense realizaron numerosas inspecciones en las plantas y nunca descubrieron contaminación del medio ambiente.
Disyuntiva
Este es un punto delicado. Cualquiera haya sido el motivo para que las inspecciones llegasen a ese resultado, lo cierto es que eso les da a las firmas una posición muy fuerte para sostener que no contaminan y, por esa vía, resistir cualquier embate que ahora pretenda dirigírseles desde el Gobierno. ¿Acaso, puede ahora el Estado pedir que se cierre o se mude una empresa, cuando nunca le formuló observaciones sobre contaminación?
En la vereda opuesta de las empresas se colocó Eduardo Mondino, defensor general de la Nación, que puso de relieve un grave cuadro de negligencias estatales que comenzaron hace mucho y que continúan. Contó, por ejemplo, que en los último años formuló varias recomendaciones que el Gobierno desoyó sistemáticamente. Las ONG siguieron una estrategia similar.
Ahora, la Corte, luego de recibir en diez días los nuevos informes que voluntariamente quieran presentarles las firmas, elaborará una resolución aprobando algunos puntos del plan del Gobierno y objetando otros hasta poder aprobar un plan factible y jurídicamente aceptable por la Corte.
Pero lo cierto es que ayer quedó de manifiesto que coexisten algunas deficiencias empresarias con graves deficiencias del Estado, tanto en las tareas de control del medio ambiente como en la formulación del plan. Por eso, no será fácil desatar el nudo.
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