Comunas, vecinos y política |Por Ángeles Castro
Después de varios titubeos, producto de la especulación política, en las últimas semanas los poderes Legislativo y Ejecutivo de la ciudad dieron señales claras de que las 15 comunas porteñas comenzarán efectivamente a funcionar a fines de 2007.
Entonces, la descentralización administrativa de la Capital -concebida para acercar el gobierno a los vecinos y así, en teoría, facilitar los mecanismos de respuesta a las necesidades barriales- vendrá a saldar una deuda legal que las autoridades locales arrastran desde octubre de 2001. Esa era la fecha tope que la Constitución porteña, sancionada en octubre de 1996, había estipulado para la asunción de las primeras juntas comunales. El estatuto daba a la flamante ciudad autónoma un máximo de cinco años para organizar su división en comunas.
Ampliamente vencido el plazo, por fin el año último los diputados de la ciudad aprobaron la ley que estableció un esquema de 15 comunas. La mayoría de ellos lo hizo, por cierto, a regañadientes: descreían -y descreen aún- de que la descentralización fuera a tener los beneficios augurados.
Por supuesto, ninguno osó expresar eso en público: era "políticamente incorrecto". Y terminaron por respaldar la ley simplemente porque, en primer lugar, había un mandato constitucional que cumplir y, en segundo término, 2005 era un año electoral en el que los legisladores debían exponer algún fruto importante de su gestión y demostrar que la Legislatura no sólo desplegaba esfuerzos en el juicio político a Aníbal Ibarra.
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Pasó un año desde la aprobación de la ley de comunas. Sólo recientemente, tras los realineamientos políticos que siguieron a la asunción de Jorge Telerman, los diputados sancionaron una norma que obliga al Poder Ejecutivo a convocar a elecciones para designar las juntas comunales entre marzo y octubre de 2007. Poco después, aprobaron la reforma del mapa de comunas para hacer posible la pronta confección de los nuevos circuitos electorales que demandará la votación de los "comuneros".
No haber producido ambas señales hubiera dañado, justo en la antesala de otro año electoral, la imagen de la Legislatura ante los vecinos (los no muchos vecinos) que todavía confían en que las comunas sean una instancia indiscutida de participación barrial.
Y le hubiera dejado la puerta abierta a un Telerman que había estado tentado de llamar a un plebiscito para postergar más allá de 2007 la descentralización, por su convicción personal de que un cambio semejante demanda un período de transición y adaptación más prolongado.
Sin margen legal de maniobra, el jefe de gobierno habló ayer por primera vez en público sobre las comunas -a lo que se venía negando a hacer sistemáticamente- y repitió varias veces ante un nutrido auditorio que "el proceso no tiene marcha atrás".
Si servirán o no las comunas para consagrar a los vecinos en el poder, todavía resulta difícil de prever. Pero hay un dato no menor: los partidos políticos ya diseñan estrategias para presentar como candidatos a comuneros a sus mejores cuadros barriales.
Por lo bajo, incluso, las fuerzas políticas con menos estructura admiten que deberán preparar líderes desde cero, porque hoy ignoran cómo diseñar un plan de inversiones, rendir la ejecución presupuestaria o confeccionar expedientes, entre otras cosas.
Habrá que ver si, cuando asuman, trabajarán en defensa de intereses vecinales o partidarios.
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